lunes, 3 de febrero de 2014

En México, nueve de cada diez suecuestros que ocurren no son denunciados, reconocen las autoridades.


México lanza el decálogo contra el secuestro

Getty Images
En México, nueve de cada diez suecuestros que ocurren no son denunciados, reconocen las autoridades.

México anunció una estrategia nacional para combatir el secuestro, un delito que ha ido a la alza pese a varios intentos de gobiernos anteriores para contenerlo y que hoy alcanza según las propias autoridades tintes de una "emergencia" nacional.
“En México, nueve de cada diez suecuestros que ocurren no son denunciados”

Datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) indican que el año pasado fueron denunciados 1,695 secuestros en México, cifra 20% superior a la de 2012, lo que confirma una tendencia al alza.

Sin embargo, las propias autoridades reconocen que la cifra negra de casos no denunciados supera el 90%, es decir que nueve de cada diez suecuestros que ocurren no son denunciados.

El Instituto Nacional de Estadística estimó en septiembre pasado que el número de casos reales podría superar los 105 mil secuestros.

Los 10 estados con más secuestros son: Durango, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Morelos, Tabasco, Oaxaca, Veracruz, Tamaulipas y Zacatecas. Estos estados, según el gobierno, concentran el 74% de la incidencia del secuestro y se han visto afectados por la violencia del narcotráfico, que ha provocado alertas incluso fuera del país.

Solo entre abril y noviembre de 2013 se reportó el secuestro de 90 estadounidenses en México, según el Departamento de Estado.
El decálogo contra el secuestro

La estrategia apunta a combatir uno de los delitos que ha empañado los intentos del presidente Enrique Peña Nieto por combatir la inseguridad y la violencia en México, un país marcado en la primera década del siglo XXI por diversas acciones cruentas de carteles de las drogas.

1. Priorización del uso de la inteligencia por encima de la fuerza a través de nuevo equipo tecnológico.

2. Fortalecer las unidades antisecuestro de los estados.

3. Homologar el marco jurídico de las entidades.

4. Crear una base nacional de datos criminales en materia de plagio.

5. Promover en medios la prevención y la denuncia.

6. Protocolo único de atención del secuestro.

7. Vigilancia a elementos de unidades antisecuestro.

8. Aislar a plagiarios en penales de alta seguridad.

9. Apoyar programas de atención a víctimas y a sus familias

10. Estricta evaluación y seguimiento de todas las acciones. Para ello el comité de evaluación incluirá a representantes del gobierno y cuatro de la sociedad civil.

El funcionario que estará al frente de esta coordinación entre autoridades federales y locales es Renato Sales, quien hasta ahora fue titular desde el pasado junio de la Subprocuraduría (vicefiscalía) de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo. Anteriormente se desempeñó como fiscal del estado de Campeche (este).

La Coordinación Nacional Antisecuestro contará con un comité de vigilancia integrado por funcionarios y dirigentes de organizaciones de la sociedad civil como Alejandro Martí (México SOS) y la excandidata a la alcaldía de Ciudad de México Isabel Miranda de Wallace (Alto al Secuestro), ambos empresarios que perdieron un hijo a manos de secuestradores.
©Univision.com

miércoles, 29 de enero de 2014

LAS REDES SOCIALES, INSTRUMENTO DE LA TRATA SI NO SE TIENE CUIDADO.


Víctima recomienda extremar cuidado en redes sociales


Recomienda tener cuidado con los datos personales que se publican en la web.
La escritora colombiana Marcela Loaiza quien fue víctima de trata, cuenta su historia

TLAXCALA La escritora colombiana Marcela Loaiza, quien fue víctima de una red internacional de tratantes de personas, recomendó a los jóvenes extremar precauciones al utilizar redes sociales en Internet como Facebook, ya que son una herramienta que utiliza la delincuencia para "enganchar".

Entrevistada durante un encuentro de Organizaciones No Gubernamentales que se desarrolló en Tlaxcala, la escritora dijo que la delincuencia está utilizando la Internet para ubicar y engañar a los jóvenes, por lo que "deben extremar y tener mucho cuidado con los datos que suben a las redes sociales".

Explicó que "soy colombiana y sobreviviente de trata de personas, dirijo una organización que lleva mi nombre y he escrito los libros en los que prevengo sobre la trata de personas, el primero es Atrapada por la Mafia Yakuza, y el segundo Lo que Fui y lo que Soy".

Expuso que su organización realiza labores en diversos países de Latinoamérica y en Estados Unidos, "tenemos apoyo con la embajada americana y el Departamento de Estado para prevenir sobre la trata de personas por medio de la tecnología".

Durante el evento, denominado TechCamp, en el cual participaron diversas agrupaciones civiles mexicanas, y el que tuvo la finalidad de capacitar a estos organismos en el uso de tecnologías informáticas para realizar mejor su trabajo, dijo que los traficantes, "por medio de las redes sociales quieren enganchar".

Sin embargo, "si los tratantes llegaron ahí -al Internet- nosotros podemos contrarrestar, utilizando de una manera muy práctica las redes sociales para prevenir, sensibilizar y generar concienciar" sobre este delito.

"Mi mensaje personal es que tengan mucho cuidado con que información sueltan en las redes sociales, tengan mucho cuidado con el tipo de fotos que bajan y que sobre todo investiguen quién les está haciendo ofertas laborales, de estudio o de amistad".


Asimismo, que investiguen las páginas que ofrecen trabajo o estudios en el extranjero, si es el caso, "que tengan mucho cuidado, ese es mi consejo".

Respecto al TechCamp dijo que se trata de un evento que busca "ayudar a las organizaciones sobre como por medio de la tecnología pueden avanzar en su trabajo".

La activista dijo que ella fue "enganchada" en Colombia cuando tenía 21 años, "fui secuestrada de Colombia a Japón, viví la explotación sexual por 18 meses".

"Ellos -los tratantes- inicialmente me engancharon porque tenía una situación difícil, era una chica de bajos recursos y de poca educación, me ofrecieron una oportunidad de empleo, me prestaron para pagar gastos ya que tenía una deuda en un hospital porque mi hija estaba enferma". Sin embargo, la deuda inicial de 500 dólares la convirtieron al 47 mil dólares.

Resaltó que después de 18 meses logró escapar de los delincuentes japoneses, que eran miembros de la Mafia Yakuza, "pero en los meses que estuve secuestrada viví la explotación sexual en todas sus modalidades, que es lo más degradante que cualquier ser humano pueda vivir".

Explicó que pudo huir con el apoyo de un cliente y una amiga, "quienes me ayudaron a escapar, fui a la embajada colombiana en Tokio, y ellos me repatriaron a Colombia".

Loaiza señaló que después de recibir terapia sicológica por tres años, ahora que está recuperada busca compartir su experiencia para prevenir a las y los jóvenes.

"Es ahí donde empieza ya la nueva Marcela, previendo sobre la trata de personas, pues mi objetivo es mostrarles a todas las mujeres, hombres y niños que han vivido ese delito que se puede salir adelante, la manera como yo lo digo es: se puede salir del pantano".

Enfatizó que "sí yo estuve ahí, en ese fango, podemos salir adelante, no es fácil, es una lucha difícil, pero es querer, querer salir de ahí".

"No vivir como víctimas, sufrir como víctimas para que me ayuden, no, podemos a través de nuestra historia prevenir y concientizar a las mujeres del mundo entero", dijo.

Resaltó que la trata de personas se puede prevenir "hablando, denunciando, contar, mostrar todas las modalidades de la explotación como son la mendicidad ajena, la venta de órganos, el matrimonio servil, la explotación laboral y la explotación sexual", detalló.

Sobre todo hacer campañas masivas, "las organizaciones pueden mostrar sin muchos recursos qué es la trata de personas, de una manera clara y explicita para que la gente sepa", refirió la escritora.

Asimismo, dijo que "ser víctima de trata es un tatuaje que se lleva en el alma, nadie lo ve pero está ahí en tu corazón, entonces la mejor manera de ayudar a nuestros hijos es hablando, mostrar este delito y denuncio.

el informador.

lunes, 13 de enero de 2014

LA SEGURIDAD Y EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS EN MEXICO

Derechos humanos la gran deuda del gobierno federal

México, DF
Más de 90 mil militares “patrullan” ciudades y áreas rurales… carreteras, calles, plazas. Lejos de combatir la criminalidad, la presencia de esos 76 mil 546 soldados y 17 mil 25 marinos en labores de seguridad pública ha incrementado las violaciones graves a los derechos humanos.

Privación de la vida, desaparición forzada, tortura y tratos crueles son algunas de las consecuencias directas de la militarización del territorio mexicano. Ésta junto con el incremento de la violencia atribuida al crimen organizado son las secuelas vigentes de la “guerra” contra el narcotráfico que impulsó el expresidente Felipe Calderón durante su administración, y que se ha continuado en la actualidad.
En ese contexto, más de 17 mil civiles fueron asesinados en el primer año del gobierno de Enrique Peña Nieto, indica información del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
De esas víctimas mortales, al menos una veintena eran defensores de los derechos humanos. En esa lista se anota el nombre de Luis Olivares Enríquez, líder de la Organización Popular de Productores de Costa Grande, y su esposa Ana Lilia Gatica Rómulo, asesinados el 10 de noviembre pasado en Coyuca de Benítez, Guerrero. Ambos eran opositores a la actividad minera y a la tala clandestina.
Rocío Mesino Mesino es otra activista que integra esa lista. La dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur fue ejecutada el 20 de octubre en Atoyac, Guerrero. También se apunta a Herón Luciano Sixto López, integrante del Centro de Orientación y Asesoría a Pueblos Indígenas, asesinado el 20 de julio en San Sebastián Tecomaxtlahuaca, Oaxaca.
Entre los activistas victimados están los dirigentes de la Unidad Popular. Arturo Hernández Cardona, Rafael Banderas Román y Ángel Román Martínez fueron asesinados a inicios de junio de 2013 en Iguala, Guerrero.
Para Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, la crisis que aún enfrenta el país se debe, en parte, a la militarización: es un problema que se complica sobre todo en los pueblos originarios.
Agrega: “no ha cedido; al contrario, se ha incrementado la presencia de militares y esto ha hecho que los abusos y los casos que siguen afectando la situación de los pueblos indígenas [de Guerrero] se sigan dando”.
Respecto del actual gobierno federal, el defensor de derechos humanos indica: “en este año se han incrementado la violencia y la inseguridad, y el sistema de justicia no ha podido garantizarle a las víctimas acceso real y, sobre todo, apropiado para que tengan justicia”.
Tales son los casos de los seis periodistas que se cuentan entre las víctimas de 2013, y que continúan impunes. Se trata de los crímenes de Jaime Guadalupe González, cuyo homicidio ocurrió en Chihuahua el 3 de marzo; Alonso de la Colina Noriega, asesinado el 14 de abril en Puebla; Daniel Alejandro Martínez Bazaldúa, ejecutado en Coahuila el 24 de abril; Mario Ricardo Chávez Jorge, victimado el 26 de junio en Tamaulipas; Alberto López Bello, asesinado en Oaxaca el 17 de julio; y Alberto Angulo Gerardo, cuya muerte violenta ocurrió el 6 de noviembre en Sinaloa.

Crisis humanitaria, vigente
En materia de derechos humanos hay muchos temas pendientes, asegura Jaqueline Sáenz Andujo, coordinadora del Programa de Derechos Humanos de Fundar, Centro de Análisis e Investigación. Uno de ellos, indica, es la crisis humanitaria que vive el país.
“La militarización sigue y la violencia sigue, y pareciera que lo que ha cambiado es el discurso: que en la CNDH [Comisión Nacional de los Derechos Humanos] tenemos menos quejas ahora, menos recomendaciones.”
Y es que aunado a los miles de asesinatos, la población continuó sufriendo desapariciones forzadas, levantones, secuestros. El Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos Hasta Encontrarlos señala que en este año ocurrieron 68 desapariciones de carácter político.
La situación que enfrenta el país es tal que preocupa a los 87 países que intervinieron en el Examen Periódico Universal de México, ocurrido en octubre de 2013, considera Javier Hernández Valencia, representante en México de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
“Ésta no es una preocupación de personas, de individuos y en particular de mi persona, sino de 87 países. El Consejo [de Derechos Humanos de la ONU] tiene 47 miembros, esto quiere decir que muchos más países de los que sólo participan del Consejo han tenido interés en el tema mexicano. Entre esos 87 países estuvieron 14 de América Latina y el Caribe. Es decir, no son sólo europeos y del Norte, del mundo industrial o del primer mundo quienes tienen preocupación y quieren mantener un diálogo vivo para mejorar la situación de los derechos humanos en México; son también países hermanos de sangre, de cultura, de lengua. También intervinieron los cinco países miembros permanentes del Consejo de Seguridad.”
Consultado el 27 de noviembre de 2013 al término de su participación en la presentación del reporte Jurisdicción militar y derechos humanos: elementos para las reformas pendientes –editado por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan–, Hernández Valencia señaló que la situación de México en materia de derechos humanos sí sigue siendo una preocupación para la Oficina de la Alta Comisionada. Por ello dijo: “Estamos tratando de ayudar a que estos debates produzcan, tanto a nivel legislativo como a nivel de conductas, de cambio institucional, de reformas en políticas públicas, los cambios que las ciudadanas y ciudadanos han pedido desde hace mucho tiempo”.

Crímenes de lesa humanidad
Ese tiempo del que habla Hernández Valencia se remonta a la Guerra Sucia, pero sobre todo se centra en el sexenio pasado. Y es que de 2007 a 2012 se registraron más de 100 mil asesinatos de civiles, 30 mil desapariciones y 250 mil desplazamientos por violencia, entre otras consecuencias de la militarización y la criminalidad.
Desde diciembre de 2006, cuando se inició la supuesta “guerra” contra el narcotráfico, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha investigado y documentado más de 7 mil quejas por presuntas violaciones en las que incurrieron agentes del Estado –federales, estatales y municipales– en contra de civiles.
Los reportes generales de las quejas –de los que Contralínea obtuvo copias por medio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental– refieren que hasta enero de 2013 ese organismo autónomo abrió 210 expedientes por los delitos de “privación de la vida” y “violación al derecho a la vida”, es decir, asesinatos cometidos por servidores públicos de los tres niveles de gobierno, pero en su mayoría por las fuerzas federales.
El primer expediente relacionado con una ejecución extrajudicial en este gobierno implicó a personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa. De acuerdo con el Reporte general (quejas) de la CNDH, se trata del archivo 2012/10930-Sin-2, abierto el 18 de diciembre de 2012 por tres presuntas violaciones: emplear arbitrariamente la fuerza pública, imputar indebidamente hechos y privar de la vida.
De diciembre de 2006 a enero de 2013, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos también integró 437 expedientes por desaparición forzada; 95 por tortura; y 6 mil 667 por tratos crueles, inhumanos y degradantes, que también pudieron constituir hechos de tortura. Cada expediente se refiere a una o más víctimas y siempre implica a servidores públicos.
Las tres primeras quejas por desaparición forzada que recibió la CNDH en este sexenio presuntamente involucran a integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Policía Federal. Así lo indican los expedientes 2012/138613, 2012/ 139959 y 2013/10633.
El primero de ellos, que se registró el 17 de diciembre de 2012, indica: “Manifiesta el quejoso que aproximadamente a las 19:00 horas del 4 de diciembre de 2012 arribaron a su domicilio un regimiento de militares y navales debidamente uniformados y encapuchados en varios vehículos, introduciéndose al mismo con lujo de violencia deteniendo arbitrariamente a [la víctima], sin mostrar ninguna orden para ello; que la golpearon, la envolvieron en una sábana y se la llevaron, sin conocer su paradero, ya que no ha sido puesta a disposición de ninguna autoridad”.
El diario.

domingo, 12 de enero de 2014

Colombia, país de origen, tránsito y destino de la trata de personas


Esta problemática pasa desapercibida, según informe. 70 mil personas son víctimas de este flagelo.

Colombia es un país de origen, tránsito y destino de las distintas modalidades de trata de personas, flagelo que, según un informe de la organización no gubernamental Women's Link Worldwide presentado este viernes en Bogotá, pasa desapercibido en el país.


El documento titulado ‘La trata y la explotación en Colombia: no se quiere ver, no se puede hablar’ se basa en un informe realizado en las regiones colombianas del Eje Cafetero y del Valle del Cauca.


El informe cita que, según la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), unas 70.000 personas son víctimas de la trata de personas cada año en Colombia.


Los investigadores recabaron la información en 18 entrevistas con organizaciones civiles y líderes sociales y convocaron cinco grupos focales en los que participaron 130 mujeres, niñas y adolescentes y entrevistas individuales con víctimas de la trata y explotación de personas.


El documento expone que las mujeres y niñas tienen mayor posibilidad de ser víctimas de este delito y agregó que la situación económica y la afectación del conflicto son determinantes para quienes son vulnerables a este delito.


Algunas mujeres o niñas buscan mejores opciones laborales y las redes de trata y tránsito de personas las utilizan para actividades relacionadas con el cuidado de personas, actividades domésticas y como "proveedoras sexuales".


El informe añade que según la investigación y los reportes revisados, Colombia es un país de origen para mujeres y niñas que son trasladadas a países de Europa occidental y del Este, de Asia, Centroamérica, Suramérica, el Caribe y Estados Unidos.


De hecho, se trata del segundo país de origen de víctimas de trata de personas por detrás de Brasil, según la Fiscalía General de la Nación de Colombia.


Por su ubicación geográfica, en el punto más septentrional de Suramérica y bañado por los océanos Pacífico y Atlántico, Colombia es un país de tránsito para víctimas que proceden de otros países suramericanos y africanos, con destino a Europa y a Estados Unidos.


También destaca un fenómeno del tránsito de personas de origen chino hacia Estados Unidos. Como país destino de trata de personas, Colombia recibe sobre todo mujeres y niñas ecuatorianas, en su mayoría indígenas y adultas para ser explotadas en trabajos de toda índole.


Los grupos armados colombianos también reclutan niños y niñas de Ecuador para integrar sus filas, mientras otros particulares también toman a menores indígenas de ese país con fines de explotación laboral y sexual en Colombia.


En la zona del Eje Cafetero, que comprende los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío, la trata de personas se convirtió en una práctica frecuente de las economías familiares y tiene habitualmente fines de explotación sexual, aunque también se registran objetivos laborales, de mendicidad ajena y "matrimonio servil".


Esta modalidad se ha registrado también entre las víctimas del Valle del Cauca, en donde son reclutados también para trabajar en el servicio doméstico y para cometer delitos que incluyen el tráfico de armas y drogas, incluidos menores de edad.


Según el informe, las rutas de la trata trasnacional han dejado de llevar en el pasado a las mujeres vallecaucanas a Aruba y a Holanda para trasladarlas hasta Panamá, España, Italia, Japón, Perú, Argentina, Chile, Bolivia, Japón, Indonesia, Corea del Sur, Ecuador, y Guatemala.


En Colombia también hay trata interna de personas, según la OIM sobre todo procedentes de los departamentos de Bolívar, Antioquía, Córdoba, Valle, Quindío y Bogotá, con destinos como la capital colombiana, Amazonas, Magdalena, Meta, Bolívar, Nariño, Norte de Santander y Antioquía.


El informe destaca que aunque Colombia ha desarrollado un marco constitucional sólido para prevenir este flagelo, falta reglamentar la Ley 985 de 2005, así como crear conciencia sobre este delito pues la trata interna de personas es invisible, hay "poca identificación de víctimas de esta modalidad" y "un mínimo número de casos investigados y sancionados".

viernes, 20 de diciembre de 2013

Gracias por todas las bendiciones y buenos deseos compartidos este año 2013...



Este es el ultimo día del año 2013, que escribo en estas paginas y las demás redes sociales,que nos han permitido colaborar con la sociedad, esperando lo mejor para todos y todas las personas que nos acompañaron en las lecturas de las notas y comentarios, así como en las búsquedas y localización de personas desaparecidas, les deseo lo mejor para este fin de año, paz, salud, trabajo, esperanza y fe; para todo lo que se emprenda para el próximo año 2014...feliz, navidad, feliz año. feliz día de reyes, en espera de poder estar de retorno el próximo año y seguir compartiendo sus experiencias y notas de apoyo que alimentan el espíritu y el saber...Gracias.

miércoles, 20 de noviembre de 2013

PERCEPCIÓN DE LA IGLESIA CATÓLICA SOBRE LA VIOLENCIA E INSEGURIDAD EN MÉXICO.


Arquidiócesis Primada de México.


I. LA INSEGURIDAD Y LA VIOLENCIA EN MÉXICO
INTRODUCCIÓN


10. En México, al igual que en varios países de América Latina y del Caribe, se está deteriorando, en la vida social, la convivencia armónica y pacífica. Esto sucede por el crecimiento de la violencia, que se manifiesta en robos, asaltos, secuestros, y lo que es más grave, en asesinatos que cada día destruyen más vidas humanas y llenan de dolor a las familias y a la sociedad entera11. No se trata de hechos aislados o infrecuentes, sino de una situación que se ha vuelto habitual, estructural, que tiene distintas manifestaciones y en la que participan diversos agentes; se ha convertido en un signo de nuestro tiempo que debemos discernir para ponernos al servicio del Reino, anunciado por Jesús, que vino para que todos tengan vida y la tengan en plenitud (Cf. Jn 10,10)12.


11. La pastoral de la Iglesia no puede prescindir del contexto histórico donde viven sus miembros. El dinamismo de la vida social, política, económica y cultural representa desafíos a la misión de la Iglesia de construir el Reino de Dios13. Por ello, comenzamos acercándonos a la realidad a partir de nuestra experiencia de la fe en Cristo; de ella surge una manera de entender al hombre y a la mujer, su ser integral de persona, conforme a su dignidad de hijos de Dios. Es parte de un proceso de discernimiento, que es el método con que actuamos en la Iglesia, no sólo como modo de proceder; sino porque la misma naturaleza de la Iglesia es misterio de comunión con Cristo, en el Espíritu Santo. Así nos acercamos a los grandes problemas que encontramos en nuestro camino, para que sean aclarados con la luz del Espíritu que ayuda a caminar en la caridad hacia la verdad plena (Cf. Jn 16,13)14.

1. LA ESCALADA DEL CRIMEN ORGANIZADO

12. En los últimos años se ha incrementado en nuestro país la violencia causada por organizaciones criminales, distinta de la violencia intrafamiliar y de la que es causada por la delincuencia común. Esta violencia tiene sus propias características, sus causas y sus circunstancias. Se caracteriza por la crueldad, por la venganza, por la exhibición de poder y por la intención de intimidar a quienes son considerados rivales y a toda la sociedad15. Algunas de las actividades criminales más comunes en este contexto son: el narcotráfico, el secuestro, la trata de personas, el lavado de dinero, distintos tipos de extorsión y las ejecuciones intimidatorias.


13. Las actividades de la delincuencia organizada no son una novedad, tienen raíces hondas. Quizá antes no eran tan evidentes como lo son ahora por la cruel violencia que ejercen sobre muchas personas y sobre la sociedad. Lamentamos profundamente que no haya sido combatida de manera oportuna y que se haya dejado crecer16. Si en su momento, la omisión, la indiferencia, el disimulo o la colaboración de instancias públicas y de la sociedad no fue justa y toleró o propició los gérmenes de lo que hoy son las bandas

criminales, tampoco es justo ahora exculparse, buscando responsables en el pasado y evadir la responsabilidad social y pública actual, para erradicar este mal social.


14. El narcotráfico es una de las formas más difundidas del crimen organizado. Desde hace varias décadas ya se promovía el cultivo de drogas en distintas regiones del país y al mismo tiempo se tejieron redes de traficantes con complicidad de instituciones y organizaciones gubernamentales y de la sociedad. En su inicio el negocio ilícito se limitaba al cultivo y al tráfico de drogas, que tenía como principal destino los Estados Unidos de Norteamérica. Al difundirse la adicción a las drogas enervantes, México además de ser país productor y de trasiego de la droga, se convirtió en un país consumidor, cerrándose así el ciclo de: producción, distribución, venta y consumo.


15. La disputa entre los cárteles de la droga por los territorios más favorables, no sólo para el cultivo, sino para la producción de drogas sintéticas y para el narcomenudeo ha propiciado enfrentamientos entre los grupos delincuenciales y ha implementado el perverso oficio de los sicarios, que organizados a su vez, se contratan para asesinar, tanto para mantener el control del territorio, como para ajustes de cuentas.


16. Hay muchas personas que tienen la convicción de que el crimen organizado, para extender el alcance de su influencia, ha corrompido personas y grupos de la sociedad, lo mismo que a grandes y pequeñas empresas. Para neutralizar la intervención de la autoridad, evitándola, anticipándose a ella, o distrayéndola, han corrompido también a servidores públicos, se han infiltrado en la estructura de los distintos niveles de gobierno, de procuración de justicia y del sistema judicial, convirtiéndose en una amenaza para la seguridad nacional y la democracia y, por tanto, en un abierto desafío al Estado.


17. La trata de personas es un delito considerado como la esclavitud del siglo XXI. Este delito consiste en el traslado, forzado o por engaño, de una o varias personas de su lugar de origen; en la privación total o parcial de su libertad; en la explotación laboral o sexual. Es un acto criminal que viola los derechos humanos, que lesiona la dignidad y la integridad de personas, particularmente niños y mujeres, que son "vendidas" para ser explotadas por redes de prostitución y por otras formas de explotación sexual; o para ser dedicadas a la servidumbre, la mendicidad, al matrimonio servil, la extracción de órganos y el turismo sexual.


18. Los espacios conocidos como centros de rehabilitación, no tienen un adecuado marco normativo. Algunos, encubiertos en la apariencia de instituciones de beneficencia, se han convertido en espacios sociales propensos a una serie de irregularidades, entre las que se encuentran las operaciones del crimen organizado, utilizando a las personas y ejerciendo violencia en contra de ellas.


19. Los escenarios de violencia requieren y dependen del tráfico de armas; éstas son consideradas como un bien de intercambio en el mercado global, prescindiendo de las implicaciones legales y éticas de su posesión y comercio. El cese de la violencia se vuelve difícil por la fabricación y comercio ilícito de armas de distintos calibres, que son instrumentos para el empleo ilegítimo de la fuerza y comúnmente se utilizan para la mayor parte de violaciones de los derechos humanos en el mundo.


20. Hay una clara coincidencia en la ruta que siguen el tráfico de drogas, la trata de personas y el tráfico de armas. Es necesario tener en cuenta que estas actividades delictivas no son exclusivas de nuestro país; que están interconectadas entre sí y con grupos criminales de otros países; que se articulan en la lógica del mercado global para extender su poderío y optimizar sus ganancias ilícitas. Sin una acción de nivel internacional, concertada entre los países que se ven involucrados, los resultados de los esfuerzos que se hagan en México, para erradicar este mal o debilitar sus efectos, serán muy pobres.


21. El secuestro es una actividad criminal que ya tiene historia. Actualmente cualquier persona puede ser víctima, tanto en las ciudades como en las comunidades rurales. Se realiza en diversas modalidades, como la amenaza de secuestro, el secuestro exprés, o el secuestro que priva de la libertad por tiempo indefinido, tratando con crueldad a la víctima para exigir el rescate correspondiente. Para quienes son víctimas y para sus familias, el secuestro es la experiencia de una interminable agonía que deja en ellas profundas secuelas emocionales. Llama la atención el uso de altas tecnologías por parte

de los plagiarios y la complicidad, en ocasiones, de los cuerpos policiacos.


22. La extorsión es otra forma de violencia que gana terreno. Consiste en la intimidación de una persona mediante amenazas, contra la libertad o integridad física propia o de sus familiares o contra su patrimonio, con la finalidad de conseguir de ella trasferencias de dinero o comportamientos contrarios a su voluntad.


23. El lavado de dinero es el proceso a través del cual es encubierto el origen del dinero generado por actividades ilegales o criminales —tráfico de drogas, contrabando de armas, corrupción, fraude fiscal, malversación pública, extorsión y trabajo ilegal—. El objetivo de la operación, que generalmente se realiza en varios niveles, consiste en hacer que el dinero obtenido a través de actividades ilícitas aparezca como el fruto de actividades legítimas y circule sin problema en el sistema financiero.


24. Las ejecuciones, cada vez más crueles, son la manifestación dolorosa y visible del crimen organizado. Con ellas genera el miedo social y hace sentir su poder o capacidad de controlar y proteger el desarrollo de sus negocios ilícitos. Se dan por el ajuste de cuentas entre quienes están involucrados en el comercio ilegal de las drogas que no cumplen pactos o reglas y se dan también por la disputa armada entre mafias o cárteles que arrebatan o defienden el control de mercados y de territorios. Son muy lamentables las muertes de miles de personas, entre ellas muchas inocentes y efectivos de las fuerzas de seguridad del Estado. Al amparo de la confusión generada por esta violencia, se consuman crímenes de quienes se hacen justicia por su propia mano por otra clase de agravios entre particulares.


25. Los feminicidios, los crímenes por homofobia y aquellos perpetrados contra distintos grupos vulnerables en varios lugares de México, en especial en la frontera norte, nos hablan también de una nueva manifestación de la violencia de género que ha merecido el repudio nacional e internacional y que ha sembrado muchas dudas sobre la impunidad que tienen los grupos criminales en la nación mexicana.


26. La situación que hemos considerado hasta aquí, nos hace constatar una vez más "que algo está mal y no funciona en nuestra convivencia social y que es necesario exigir y adoptar medidas realmente eficientes para revertir dicha situación"17. Debemos ir más allá en nuestro análisis, no podemos quedarnos en la descripción de las principales actuaciones del crimen organizado que diseminan el clima de violencia, hay que actuar asumiendo nuestra responsabilidad social y vigilar que las instancias públicas asuman la suya. Para ello es necesario ir a la raíz de los graves males que aquejan a la sociedad18.


2. FACTORES QUE CONTRIBUYEN

A LA INSEGURIDAD Y VIOLENCIA


27. Esta violencia, que tiene su origen en las actividades de la delincuencia organizada y cuyas manifestaciones hemos descrito, es una realidad compleja, difícil de explicar en una sencilla relación de causalidad; es también una realidad multidimensional, que toca distintos ámbitos de la vida, en los que debemos descubrir los factores que contribuyen a su existencia y sobre los que se debe intervenir, para prevenirla, atenuar sus efectos y atender a las personas más vulnerables.

2.1 En la actividad económica

28. La economía es uno de los ámbitos en los que debemos buscar los factores que contribuyen a la existencia de la violencia organizada. La desigualdad y la exclusión social, la pobreza, el desempleo, los bajos salarios, la discriminación, la migración forzada y los niveles inhumanos de vida, exponen a la violencia a muchas personas: por la irritación social que implican; por hacerlas vulnerables ante las propuestas de actividades ilícitas19 y porque favorecen, en quienes tienen dinero, la corrupción y el abuso de poder.


29. El contexto de la actividad económica es el de la globalización. Este fenómeno no es, a priori, ni bueno ni malo; dependiendo de cómo se gestione propiciará la redistribución de la riqueza o el incremento de la pobreza y la desigualdad20. En México la globalización ha favorecido la difusión y el fortalecimiento de un modelo de economía de mercado que se ha mostrado incapaz de resolver, como lo pretendía, todos los problemas sociales.


30. Si bien, en este contexto, este modelo de economía ha propiciado el crecimiento económico de algunos sectores productivos en algunas regiones del país, también ha originado, en otras regiones, el deterioro de sectores vulnerables, que apenas han podido subsistir o que han sido excluidos de una economía moderna que no se interesa por aspectos fundamentales de la vida social y económica como son el derecho al trabajo, la conservación de los recursos naturales y la preservación del medio ambiente.


31. La democracia no ha alcanzado la economía y no se ha consolidado un mercado justo y solidario. Las oportunidades no son las mismas para todos. Los productos agrícolas se encarecen por los intermediarios. Grandes empresas trasnacionales, en competencia desigual, sacan del mercado a las empresas medianas y pequeñas. Los precios no son fijados por la oferta y la demanda sino por quienes tienen el control del mercado. La economía regional y nacional se corrompe por la interrelación de grupos mafiosos y grupos de interés. En las actividades económicas el imperio de la ley del más fuerte es una forma de violencia que genera frustración y rencor social.


2.1.1 Pobreza y desigualdad


32. La pobreza ha crecido. En el contexto de la crisis financiera mundial los resultados conseguidos en años, por la implementación de programas para la superación de la pobreza, han retrocedido en meses21. No sólo se incrementan las formas de pobreza tradicional y de injusticia social que ya existían, sino que aparecen nuevas categorías sociales que se empobrecen y surgen nuevas pobrezas. Esta situación no puede ocultarse tras la generalidad de las estadísticas, la pobreza adquiere en la vida real rostros muy concretos.


33. México es uno de los países con mayor desigualdad en la distribución de la riqueza en el mundo. Esta situación se ha profundizado por el progresivo deterioro de la capacidad adquisitiva de los trabajadores; por el incremento del desempleo; la falta de condiciones favorables para la micro, pequeña y mediana empresa; la caída en la calidad de vida, la corrupción endémica, la paulatina disolución de las clases medias y la concentración de riqueza en pocas manos.


34. Esta distribución desigual de la riqueza abona el sustrato para la delincuencia organizada. Los negocios ilícitos, que implican graves riesgos, ofrecen la perspectiva de tener jugosas utilidades en breve plazo. Esto es una tentación para quienes se encuentran en el límite de la sobrevivencia y excluidos de los procesos productivos. También lo es para quienes quieren sostener un estilo de vida suntuosa que excede las posibilidades que da un nivel de ingresos ordinario. La necesidad y la ambición exponen de igual manera a pobres y ricos a buscar ganancias sin importar su procedencia, ni los riesgos y costos humanos que implican. La desigualdad provoca una honda insatisfacción y sensación de injusticia, que es la puerta de entrada de la violencia y por consiguiente, de un clima de inseguridad.


2.1.2 Insuficiencia de las reformas económicas


35. Las reformas que se han hecho para situar la economía del país en el conjunto de la economía global en poco tiempo se han vuelto insuficientes. Las exigencias para la integración equitativa del país en mercados más amplios nos han rebasado. La formación profesional ha quedado fuera del alcance de una gran mayoría de mexicanos. Crece constantemente el número de jóvenes que no estudian ni trabajan, con lo que se incrementa la migración y la economía informal.


36. El Tratado de libre comercio de América del Norte propició el suministro de alimentos con base en la importación, aprovechando los precios más favorables para el mercado con el consiguiente descuido del desarrollo de la agricultura nacional; con ello, la vida agrícola, actividad vital para un sector importante de la población, se vio afectada, con sus consecuencias no sólo económicas, sino también sociales, políticas y culturales.


37. Este proceso ha sido una experiencia frustrante y es la causa de un enojo contenido,

pues México no ha alcanzado la soberanía alimentaria; las políticas económicas en general no promueven el desarrollo agrícola ni apoyan a los productores del campo, más bien los han puesto en condiciones de desventaja al no poder competir con los productos subvencionados de los países que son socios comerciales. En esta circunstancia ha sido mucho más rentable para muchos campesinos, por decisión propia o por coacción, recurrir a la siembra de estupefacientes. Estos cultivos ilícitos son puerta abierta a la inseguridad y violencia22 en distintas regiones de la geografía nacional.


2.1.3 Desempleo y subempleo


38. Según datos del INEGI, en el tercer trimestre de 2009 el número de personas desocupadas y sin posibilidad de obtener un ingreso llegó a 2.9 millones de mexicanos, lo que significó una desocupación del 6,2 % de la población económicamente activa. En las zonas más urbanizadas, con cien mil y más habitantes, alcanzó 7.6 %. En el mismo período, en el año anterior, la tasa de desocupación fue de 4.2 %. En el tercer trimestre de 2009, el 28.2 % de la población económicamente activa trabajaba en el sector informal.


39. El porcentaje de jóvenes que, incluso teniendo estudios, no tiene acceso a empleos estables y remunerados es muy alto. Esto hace que muchos de ellos, ante la falta de alternativas, sean oferta laboral para la demanda de quienes se dedican al narcomenudeo o a la delincuencia organizada. La precariedad del trabajo y el subempleo también están entre los factores que explican la violencia urbana.


40. Los cambios motivados por la globalización no han estado acompañados por la necesaria reforma política y social que requiere la nación. El hecho de que aún subsistan los efectos de la polarización generada en la pasada elección presidencial23, hace muy difícil el diálogo entre los actores de la vida política, quienes ante los graves problemas de México, muchas veces se encierran en posiciones irreductibles, no se escuchan, se ofenden y descalifican, niegan sistemáticamente al adversario rechazando irreflexivamente sus propuestas, con la consiguiente dificultad para lograr acuerdos viables y consensos que capitalicen la buena voluntad de la mayoría de los ciudadanos para alcanzar el bien común de toda la nación.


2.2 En la vida política


41. En medio de la crisis de inseguridad y violencia, se van organizando grupos sociales que de distintas maneras buscan hacer sentir su frustración social ante las insuficientes garantías de seguridad que tienen los ciudadanos y ante la impunidad en que quedan muchos delitos del crimen organizado. Muchas personas, al dolor de haber perdido un ser querido o a su condición de víctimas inocentes, añaden la impotencia de respuestas parciales, en ocasiones contradictorias y hasta cómplices de las instancias de servicio público. Cuando la frustración de estos grupos sociales es capitalizada por actores políticos para sus propios fines, aumenta el riesgo de reivindicaciones violentas y el peligro para la sociedad.


42. Los nuevos contextos de un mundo globalizado y la problemática de la inseguridad y violencia en la que vivimos los mexicanos exigen la renovación del Estado Mexicano. No se pueden resolver los problemas sociales aplicando sin más la lógica mercantil. Cuando esto sucede las instituciones se configuran con esta lógica y diseñan la prestación de sus servicios en la dinámica de la oferta y la demanda. Por ello y por presiones de distinto tipo el Estado tiene dificultades para definir una política social que lleve a la superación de la pobreza y propicie condiciones y oportunidades de desarrollo humano integral, a través de una justa y adecuada distribución de la riqueza.


43. A pesar de ello, ha sido notorio en distintos niveles de gobierno, el esfuerzo por implementar políticas sociales para la superación de la pobreza. Sus logros se ven minimizados por los efectos de la crisis financiera global. En algunos lugares no se ha podido desterrar, en su implementación, el clientelismo político que desvirtúa la figura del derechohabiente, propiciando, en muchos casos, paternalismo y dependencia en los ciudadanos, que se ven a sí mismos como beneficiarios de apoyos que los comprometen, y no como ciudadanos con derechos y deberes.


44. Hay descontento social por los errores en la gestión de las políticas públicas para la superación de la pobreza. Las transferencias económicas habilitan para el consumo, resolviendo en el corto plazo, pero no de raíz, algunos problemas urgentes. En ocasiones la situación de pobreza es aprovechada por quienes tienen ganancias ilícitas para legitimarse delante de la población mediante ayudas o apoyos a las necesidades de la comunidad.

2.2.1 Corrupción e impunidad

45. Hay disimulo y tolerancia con el delito por parte de algunas autoridades responsables de la procuración, impartición y ejecución de la justicia. Esto tiene como efecto la impunidad, las deficiencias en la administración de justicia —por incapacidad, irresponsabilidad o corrupción—. Se ha hecho evidente la infiltración de la delincuencia organizada en instituciones del Estado. Si no hay justicia, se puede delinquir con mayor facilidad.


46. La corrupción es una forma de violencia que, al inocularse en las estructuras de servicio público, se transforma en delincuencia organizada, ya que de manera descarada se impone «la mordida» como condición a los ciudadanos para recibir un beneficio o servicio gratuito. Este tipo de delincuencia se defiende a sí misma de manera violenta, llegando incluso a generar muertes para ocultarla y el desprecio, difamación y aislamiento de los funcionarios que no participan en este ilícito. El combate a la corrupción es contradictorio, pues las contralorías no son autónomas en su toma de decisiones y caen en la complicidad. Esta situación de corrupción institucionalizada hace sentir la necesidad de autonomía en la procuración de justicia.


47. Hay factores que contribuyen a la violencia provocada por el crimen organizado en las estructuras que se han deteriorado por la corrupción, la impunidad y el autoritarismo. Es urgente superar definitivamente la anticultura del fraude; de los privilegios de unos cuantos y consolidar procesos e instituciones que permitan la representación de toda la sociedad, a través de métodos transparentes y de autoridades legítimamente elegidas a las que la ciudadanía les pueda pedir cuentas de su actuar24.


48. La seguridad de los ciudadanos es tarea del Estado. Si entendemos la seguridad ciudadana como "la condición personal, objetiva y subjetiva, de encontrarse libre de violencia o amenaza de violencia o despojo intencional por parte de otros"25, el objetivo de las políticas del Estado tendría que orientarse a liberar a las personas del miedo a ser agredido o despojado de lo necesario para vivir. Este sería el camino para el fortalecimiento de las capacidades del Estado. En una visión no represiva de su tarea, su

esfuerzo tendría que orientarse a la satisfacción de necesidades básicas.


2.2.2 Inseguridad ciudadana


49. La inseguridad es puerta de entrada al ejercicio intimidatorio de la autoridad siguiendo el principio de que es más fácil gobernar a una sociedad con miedo26. Las prácticas despóticas y autoritarias para combatir el crimen no se justifican en un estado democrático, provocan miedo y desconfianza y con ello debilitan el tejido social, cerrando así el círculo vicioso de la inseguridad. Es necesario revisar el sistema de "denuncia anónima" para que no sea la base de un sistema de justicia en el que fácilmente se pueden violar los derechos humanos y que puede ser usado para venganzas y motivo de arbitrariedades; deben evitarse abusos y ultrajes a personas inocentes. A mayor autoridad moral de las fuerzas de seguridad, corresponderá mayor colaboración con la justicia por parte de los ciudadanos.


50. La experiencia demuestra que la seguridad no se relaciona directa y principalmente con la capacidad bélica, con la cantidad de policías, con la militarización o con la compra de armas; ni con medidas represivas que llegan a ser intolerantes con cualquier tipo de disidencia. Sí se relaciona, en cambio, con la inversión que se hace en políticas de acceso a la educación y al trabajo. Para muchos jóvenes es más fácil conseguir un arma que una beca educativa. La inseguridad se relaciona con la carencia de espacios públicos para la convivencia que sean saludables, sanos, seguros, plurales e incluyentes.


2.2.3 Procuración de justicia


51. Es necesario que los funcionarios del sistema de Procuración de Justicia sean gente que no tenga trayectoria de impunidad y que se mantenga el principio jurídico de que: "se es inocente hasta que se demuestre lo contrario". Porque ahora vemos que los detenidos son exhibidos ante los medios, antes de ser consignados a la autoridad jurisdiccional y que se abusa de la figura del arraigo.


52. Hay quienes proponen como salida a la situación de violencia llegar a acuerdos y negociaciones con el crimen organizado. El gobierno no tiene derecho de ceder porciones del territorio nacional a grupos criminales que terminan sometiendo a la población y a las mismas autoridades. Esto equivale a aceptar que se configuren estados ilegales y delincuenciales. En otro tiempo se dieron acuerdos que permitieron actuar impunemente a quienes se dedicaban a negocios ilícitos con la complicidad de actores políticos y de autoridades. Si no fue justo entonces, hoy es inadmisible. Los costos en el mediano y largo plazo de una solución que lleve a cierta estabilidad inmediata, no la justifican. Esto llevaría a un sistema ilegal de gobiernos alternativos en todos los niveles, que contaminarían a la sociedad desde el punto de vista social, económico y político y la vida

2.2.4 Sistema penitenciario

53. La delincuencia no sólo se enfrenta con medidas de fuerza y con endurecimiento de penas. Son problemas mucho más complejos que deben de atacarse por distintos frentes y con soluciones integrales, dando prioridad a la prevención con medidas sociales. Enfrentamos la crisis del sistema penitenciario que no re-socializa ni readapta a los internos y en muchos casos promueve la organización criminal. La sobrepoblación y la corrupción carcelaria están motivando que los reclusorios también sean cotos de poder del crimen organizado, desde los cuales se planean y dirigen acciones delictivas. En lugar de servir a la readaptación social se convierten en verdaderas universidades del crimen dada la indiscriminada convivencia de los reos de alta peligrosidad con la multitud de detenidos por delitos famélicos.


2.2.5 Violencia institucionalizada


54. En un Estado democrático y de derecho como pretende ser el nuestro, las demandas sociales y civiles deben ser atendidas y respondidas. Cuando este derecho de los ciudadanos no encuentra cauces adecuados se originan distintas formas de protesta social por parte de grupos y de personas, que dejan de ser legítimas cuando recurren a la violencia y amenazan la paz pública. El gobierno, que actúa en nombre del Estado, tiene la delicada tarea de distinguir entre las formas legítimas de protesta social y las acciones delictivas con las que ésta puede confundirse.


55. No se debe criminalizar la protesta social y quienes recurren a ella para expresar legítimamente sus inconformidades tienen la responsabilidad social de respetar los derechos de terceros. La superación pacífica de los conflictos sociales requiere de quienes actúan en nombre del Estado la pericia del diálogo y de la mediación política antes que el recurso a la represión o la judicialización de los conflictos. De los líderes sociales requiere un claro sentido del bien común, del respeto al derecho ajeno y de capacidad de diálogo y concertación.


2.2.6 Las fuerzas de seguridad


56. Las Fuerzas Armadas de México han sido instituidas para defender la soberanía, independencia e integridad territorial de la Nación. Tienen el reconocimiento y aprecio de la ciudadanía que reconoce su labor, particularmente, en las situaciones de emergencia provocadas por desastres naturales. En la estrategia oficial de lucha contra la delincuencia organizada se les han confiado tareas, contando con el beneplácito ciudadano en el primer momento de la emergencia provocada por la escalada de violencia de los grupos criminales que, con el uso ilegítimo de la fuerza, han llegado a constituir un

verdadero desafío al poder del Estado y un serio desafío a la seguridad de los ciudadanos.


57. Sin embargo, con el paso del tiempo la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado provoca incertidumbre en la población, ya que se prolonga una estrategia que por su carácter de emergente no tendría porque prolongarse. La formación y capacitación que reciben los miembros de las Fuerzas Armadas no es para ejercer funciones policiacas entre los ciudadanos de la nación, sino para cumplir su misión, en los lugares y con los objetivos precisos que la ley les indica. Es conveniente que los mexicanos conozcan cuál es el rol de las Fuerzas Armadas en la defensa de la seguridad nacional y distingan ésta, de la seguridad interior y de la seguridad pública. Como todas las instituciones del Estado, las Fuerzas Armadas tienen la obligación de respetar los derechos humanos y las garantías constitucionales de los mexicanos.


58. Recordemos que una emergencia no debe ser permanente. Consideramos que es conveniente ampliar la estrategia para superar los desafíos que las actividades del crimen organizado presentan a la estabilidad de la nación, de manera que pronto las tareas propias de la seguridad pública sean ejercidas por policías civiles capacitados, adecuadamente remunerados y bien coordinados a nivel federal, estatal y municipal. El perfil de los miembros de los cuerpos policíacos no se puede improvisar, lo mismo que la formación para las tareas que se les encomiendan; en ella no debe faltar un alto sentido de respeto a la ciudadanía y el conocimiento práctico de los derechos humanos.


2.3 En la vida social


59. La violencia social tiene muchas manifestaciones, entre ellas: la violencia de grupos por razones políticas; la violencia en las relaciones laborales; la violencia vinculada a actitudes discriminatorias y que es padecida no sólo por cuestiones étnicas, sino también por las personas que sufren maltrato por su orientación sexual; la violencia en las escuelas; la que es padecida por delitos comunes como el robo; la que se da entre generaciones y entre las comunidades; la violencia en el tránsito vehicular, de la que resulta un alarmante número de víctimas, etc. La superación de la violencia requiere ser mejor comprendida. La sociedad necesita verse a sí misma, es necesario profundizar y realizar estudios sobre este fenómeno.


60. La seguridad de las personas también corresponde a la sociedad. El principal responsable es el Estado; sin embargo, esto no exime a la sociedad de su responsabilidad, que debe ser asumida de manera proporcional, cada quien de acuerdo a su situación, a su posición y a sus capacidades. La ciudadanía, titular de derechos, cuyo respeto se exige, lo es también de obligaciones que debe asumir. Una sociedad responsable requiere de condiciones para establecer en la sociedad relaciones de confianza. Lamentamos constatar que en muchos mexicanos la desconfianza se ha posicionado como actitud básica en las relaciones humanas, sociales e institucionales.


61. Cuando no hay confianza en la vida social, los grupos se mueven por intereses privados y las situaciones que les afectan se deciden por lógicas de poder; esto tiene efectos disgregadores en la sociedad. Para tener una sociedad responsable que asuma con decisión la urgencia de responder a los desafíos de la inseguridad y la violencia es necesario recuperar la confianza y credibilidad social. En una sociedad plural, como en la que vivimos, no podemos sin más excluir la visión de las cosas que tienen los demás sólo

por que contrastan con las propias. Una sociedad responsable tiene que aprender el arte del diálogo, de la mediación, de la negociación y la búsqueda del bien común.


62. La violencia puede llegar a transformarse en una forma de sociabilidad. Cuando esto sucede, se afirma el poder como norma social de control en los grupos sociales y esto, a su vez, da lugar a modos de relación que se definen por afanes competitivos; por el desafío de vencer a quienes son considerados como adversarios o por el placer de causar dolor físico, miedo y terror.


63. La misma sociedad, según sus modos de valorar, de asignar la posición o el estatus social, sitúa a las personas en contextos propicios a la violencia. Es común, en algunos ambientes, relacionar el estatus social con el tipo de trabajo que se tiene o con los ingresos que se perciben y dar relevancia a las personas de acuerdo a su capacidad económica; se establece así una escala social que cuando se polariza crea una dinámica social en la que fácilmente se dan tensiones y diversas formas de violencia.


64. Sin embargo, hay que decir, contra ciertas tendencias que criminalizan la pobreza, que no hay correlación directa entre violencia y pobreza. Sí la hay, en cambio, entre violencia y desigualdad. Hay ricos que son promotores de injusticia y violencia. Los pobres no son delincuentes por ser pobres; están expuestos a ser actores y víctimas de la violencia como cualquier otra persona que canaliza en formas violentas su frustración, el sinsentido de su vida y su desesperación.


65. La convivencia democrática, basada en la igualdad social y de oportunidades, que se postula como ideal de vida para los mexicanos, se estrella con la realidad de desigualdad. Esto produce profunda insatisfacción y rencor social, que sirven de abono para la violencia y da base social a los grupos de delincuentes organizados, ya que propicia condiciones que favorecen que haya personas dispuestas a «engancharse» con ellos.


66. La seguridad de los ciudadanos es multidimensional y tiene que ser integral. Tiene que ver con el tejido social; cuando éste existe hay control social en sentido positivo. El tejido social es más fuerte en las comunidades pequeñas que en las grandes urbes, por lo cual es importante crearlo y fortalecerlo en las ciudades, ya que a mayor tejido social, mayor seguridad. Para generar acciones que permitan la reconstrucción del tejido social, es necesario fomentar la responsabilidad social y el diálogo real, honesto y fértil entre sociedad y Gobierno para la construcción de la paz.


2.3.1 Violencia intrafamiliar


67. Las relaciones familiares también explican la predisposición a una personalidad violenta. Las familias que influyen para ello son las que tienen una comunicación deficiente; en las que predominan actitudes defensivas y sus miembros no se apoyan entre sí; en las que no hay actividades familiares que propicien la participación; en las que las relaciones de los padres suelen ser conflictivas y violentas, y en las que las relaciones paterno-filiales se caracterizan por actitudes hostiles. La violencia intrafamiliar es escuela de resentimiento y odio en las relaciones humanas básicas.


68. Hoy es común en muchas personas recurrir con frecuencia a distintos tipos de droga, lo que se hace como alternativa para la rápida solución de problemas: paliar dolores, mantenerse despierto, tranquilizarse, inhibir la angustia, estimular el deseo sexual. Si esta cultura de la droga se gesta en la propia familia, no es de extrañar la rapidez con la que se extienden las adicciones a otras drogas. También deben tomarse en cuenta, en los escenarios de violencia familiar, los estragos que hace en las familias la adicción al alcohol de alguno de sus miembros. Toda la familia sufre las consecuencias de las adicciones que además de afectar la economía familiar, deterioran las relaciones intrafamiliares.


2.3.2 Violencia contra la mujeres


69. La violencia contra las mujeres representa un desafío social y cultural. Esta conducta es aprendida y tolerada socialmente; se relaciona con la comprensión que los hombres y mujeres tienen de su masculinidad y femineidad. Si bien la condición económica, el alcoholismo y la adicción a las drogas no son la causa directa de este tipo de violencia, sí la exacerban; pero la raíz última de la violencia es el ejercicio desigual de poder en la vida familiar y social.


70. Llama la atención que frente a la violencia que sufren las mujeres hay quienes las señalan a ellas mismas como responsables de las agresiones que sufren; quienes piensan así, no toman en cuenta el hecho de que una persona que es agredida constantemente, experimenta intensos sentimientos de vergüenza y miedo que la inhabilitan para huir o pedir ayuda, y que en muchas ocasiones son las condiciones sociales, económicas o culturales las Es lamentable que además de la violencia intrafamiliar muchas mujeres mexicanas sufran violencia en distintos contextos sociales, entre ellos, es importante destacar algunos ambientes de trabajo, en los que no existen condiciones laborales adecuadas a la situación femenina.


2.3.3 Violencia infantil


71. Desgraciadamente también es un hecho el crecimiento y la frecuencia con que actualmente se hace violencia a los niños de diferentes maneras. El hecho de haber sufrido malos tratos durante la infancia o haber sido testigo de la violencia en el seno de la familia o en instituciones incrementa el riesgo de violencia en la edad adulta. Es frecuente que los padres de familia que maltratan a sus hijos o que son agresores de pareja y que quienes hacen daños a los niños en las instituciones o realizan pedofilia, hayan sido, en su momento, víctimas de maltrato infantil.


72. La influencia del maltrato y la disfunción familiar va más allá de la imitación de las conductas violentas. El niño que es maltratado sufre una pérdida notable de su autoestima y se refugia en sus fantasías, muchas de ellas violentas, con probabilidad de que las materialice en la adolescencia o en la vida adulta. Desgraciadamente en las familias violentas la violencia se vive como algo normal.


2.3.4 La violencia, los jóvenes y los adolescentes


73. Los adolescentes y jóvenes son una gran riqueza para la sociedad y, sin embargo, viven situaciones familiares y sociales que los convierten en víctimas y actores de hechos violentos. Los adultos tenemos una gran responsabilidad, pues les estamos heredando un mundo violento que los excluye de las posibilidades de una vida digna y los expone a la muerte. La violencia del crimen organizado afecta especialmente a los jóvenes que se han convertido en monedas de cambio, en vidas utilitarias de poco valor, en instrumen tos o herramientas de un engranaje criminal, fácilmente renovables ante la muerte de miles de ellos.


74. Cada vez más la violencia forma parte de la vida de los jóvenes y adolescentes, se trata de un problema crítico presente en distintos ámbitos sociales. La violencia juvenil no es un fenómeno nuevo, pero se está agudizando. La drogadicción y la delincuencia asociadas al pandillerismo son síntomas que muestran la profundidad de este problema que es resultado, entre otras cosas, de la fuerte carga de violencia y agresividad que reciben los jóvenes diariamente de los medios de comunicación, sin contar con el contrapeso de criterios de discernimiento y de valores éticos que tendrían que ser recibidos en la familia o en la escuela. A esto se agrega la falta de oportunidades de trabajo y de crecimiento personal.


75. La violencia crea un clima socio-cultural que relativiza la función de las normas para regular la convivencia social. Esto sucede sobre todo entre los jóvenes que, cuando son reclutados por organizaciones criminales, no reconocen más ley que la que les da el poder: por ser hombres, por tener dinero y capacidad de consumo. El acceso inmediato y rápido a los bienes de consumo coloca a estos jóvenes en un acelerado ritmo de ascensión social y, ante un horizonte corto de vida, pareciera que eligen una vida corta

"siendo alguien", en vez de una vida larga en condiciones que hacen muy difícil alcanzar el reconocimiento social.


2.3.5 Violencia y vida comunitaria


76. La vida comunitaria es la primera víctima de la violencia. La percepción de inseguridad y el miedo llevan a las personas a buscar espacios seguros refugiándose en sus propias casas, aislándose, encerrándose en el individualismo y en la desconfianza, en el enojo, en el resentimiento y en el deseo de venganza. Se establece un círculo vicioso: la violencia acaba con la vida comunitaria y cuando esto sucede, se propicia la violencia. Si se quiere romper este ciclo perverso es necesario fortalecer la vida en comunidad;este servicio lo ofrecen las instituciones sociales, las iglesias y los grupos intermedios, que aseguran la cohesión social.


77. En algunas comunidades indígenas, la violencia surge cuando se rompen los acuerdos comunitarios; cuando se fracciona la unidad tradicional por la incursión de nuevas religiones, de partidos políticos y de organizaciones sociales. Esta violencia llega, en algunos caso, a extremos de expulsar de la comunidad a los disidentes, e incluso de quemarles sus casas y quitarles sus propiedades. Se llega a mayor violencia cuando está de por medio la posesión de la tierra, que grupos antagónicos reclaman como suya.


78. La violencia está íntimamente ligada a la vulnerabilidad de la población. Al deteriorarse la vida comunitaria por el clima de inseguridad que provoca miedo, aislamiento y que desanima a participar en la vida común, se debilita el tejido social que brinda seguridad a los miembros de la comunidad. Hay factores que propician la violencia en las comunidades rurales, en los pueblos y en los barrios populares y colonias de las grandes ciudades; entre estos se pueden mencionar: la falta de políticas sociales de protección; la carencia de una adecuada reglamentación de los centros de diversión en los que indiscriminadamente se consume alcohol y droga y el vacío de autoridad por la desconfianza en los servicios de seguridad pública.


79. En los pueblos y en las ciudades, la administración del espacio público es muy importante. Se ha comprobado que hay relación entre violencia social y restricción del espacio. Hay menor incidencia de hechos violentos, por enojo, riñas, etc., cuando los grupos humanos cuentan con espacios para caminar, platicar, convivir, recrearse, incluso para estudiar. Es necesario rescatar los espacios públicos de los que se han apropiado grupos de delincuentes; rehabilitar los que están abandonados y construirlos donde no existen o no son suficientes.


80. En el contexto de la violencia urbana merecen atención la vulnerabilidad de los migrantes que, a su paso por las grandes ciudades, quedan expuestos atodo tipo de vejaciones, maltrato, extorsión e, incluso, explotación. Se trata de quienes del campo van a las ciudades buscando mejores condiciones de vida y de personas procedentes de Centro y Sudamérica que, en su camino hacia los países del Norte, pasan por el nuestro y reciben peores tratos que los que reciben nuestros paisanos cuando emigran.






2.4 En la cultura


81. La riqueza cultural de los mexicanos es una realidad. La cultura es el «ambiente vital» que permite a la persona humana crecer en su ser, crecer en humanidad. La cultura involucra toda la actividad humana, es un modo de ver la vida y de entender los acontecimientos, implica un estilo de vivir que se crea en la convivencia social y que se expresa con símbolos, lenguajes, costumbres. En pocas palabras, la cultura es el modo como la persona se relaciona con sus semejantes, con las cosas, con la naturaleza y con Dios.


82. Somos un pueblo que ama la vida. Tenemos de nosotros mismos el concepto de ser un pueblo hospitalario, fraterno, alegre y solidario. En la pluralidad cultural del pueblo de México hay elementos valiosos de unidad e identidad nacional, muchos de ellos relacionados con la fe cristiana. Sin embargo, se asocian también al "modo de ser" de los mexicanos anti-valores y actitudes negativas, entre ellas: la violencia.


83. El comportamiento violento no es innato27, se adquiere, se aprende y se desarrolla; en ello influye el contexto cultural en que crecen las personas. Son muchos y distintos los prejuicios culturales que legitiman o inducen prácticas violentas. La crisis de valores éticos, el predominio del hedonismo, del individualismo y competencia, la pérdida de respeto de los símbolos de autoridad, la desvalorarización de las instituciones —educativas, religiosas, políticas, judiciales y policiales— los fanatismos, las actitudes discriminatorias y machistas, son factores que contribuyen a la adquisición de actitudes y comportamientos violentos.


84. La violencia se vuelve una forma de ver el mundo como un ambiente problemático; que inhibe la libertad personal; que amenaza y obliga a la persona a reducirse al espacio privado que le brinda seguridad y protección. Esta conducta se transforma a su vez en forma de reaccionar, pues ante cualquier situación considerada como amenaza, se reacciona visceralmente, sin reflexión, reforzando prejuicios sobre las personas y sobre los hechos y justificando acciones discriminatorias. Los acelerados cambios culturales generados por la globalización y la migración, sobre todo en las comunidades indígenas, violentan la relación intergeneracional, pues los jóvenes ven con menosprecio a sus padres y abuelos, lo que tensiona la convivencia familiar y social.


85. Tenemos que enfrentar, sin determinismos, la verdad de un modo de ser que con facilidad recurre a formas violentas de relación y que para resolver dificultades y conflictos hace uso de la fuerza y de la violencia, verbal, física o psicológica. Esto sucede, como lo hemos dicho, en la familia, en las relaciones laborales, sociales e incluso en la diversión. Estas conductas, si bien tienen condicionamientos históricos y culturales, son conductas aprendidas. Transformarlas exige intervenir en las instancias que nos forman como personas, en los procesos de socialización, particularmente en los educativos, formales e informales, en los que intervienen distintos agentes.


2.4.1 Emergencia educativa


86. Entre las emergencias que configuran la crisis que vive nuestro país, también se habla de «emergencia educativa»; ésta, no tiene que ver sólo con la insuficiencia de recursos y de instalaciones para ofrecer una educación de calidad, tiene que ver también con el fracaso del esfuerzo "por formar personas sólidas, capaces de colaborar con los demás, y de dar un sentido a la propia vida"28. Este fracaso se explica por el claro reduccionismo antropológico que concibe a la educación en función de la producción, la competitividad y el mercado29.


87. La educación programada y propuesta en función del mercado no despliega los mejores valores de los jóvenes y los niños; no les enseña caminos para superar la violencia, ni para llevar una vida sobria y adquirir actitudes, virtudes y costumbres, que darían estabilidad a su futuro hogar, convirtiéndolos en constructores solidarios de paz y del futuro de la sociedad30.


2.4.2 Medios de comunicación social


88. Hay medios de comunicación social que incrementan en la población la percepción de inseguridad y la cultura de la violencia. La transmisión de contenidos violentos, que recurre al sensacionalismo sangriento, que narra con lujo de detalles las acciones criminales y los hallazgos macabros; que repite, una y otra vez, los modos de operar de los delincuentes, sus mecanismos de tortura o de eliminación de las víctimas; genera en la sociedad miedo y desconfianza, con lo que se afecta la convivencia social y se daña el tejido social. Los medios de comunicación no ayudan a la construcción de la paz cuando informan, sin tener el más mínimo pudor o respeto para su auditorio, para las víctimas o para sus familiares y sin medir el impacto social o comunitario. Al exponer a los auditorios a ser testigos indirectos de hechos violentos presentados con toda crudeza y al privilegiar contenidos en los que el uso de la fuerza es el mejor remedio para cualquier problema, los medios de comunicación se convierten en un factor significativo de la violencia.


89. Sabemos que muchos comunicadores han vivido en carne propia los embates de la violencia en el cumplimiento de su profesión. Lamentamos también parte de nuestro pueblo y apreciamos su servicio. De ellos esperamos lecturas imparciales de los posicionamientos de los distintos actores sociales, incluidos los nuestros, que muchas veces descubrimos distorsionados y afectados de animosidad. Cuando la verdad que construye a la comunidad no se transmite con imparcialidad, perturba un correcto análisis de los hechos y de las propuestas adecuadas sobre los caminos para instaurar la paz.


90. A través de los medios de comunicación social se difunden modelos ideales de éxito personal y social asociados con la capacidad de consumo y de acceso a bienes lujosos. La dificultad para tener, por falta de dinero, estos bienes, produce frustración e insatisfacción; estas experiencias abren la puerta a la tentación de tener, con el menor esfuerzo, los recursos necesarios para acceder a un ideal de vida que encadena a una espiral infinita de necesidades y de insatisfacciones.


91. En torno a la cultura del miedo surge un mercado dedicado a vender seguridad. Se difunde el miedo a ser víctima de un hecho violento y la necesidad de buscar protección tanto para los edificios, como para los vehículos y las personas; con ello surge la oferta de seguridad privada, ofrecida como bien de consumo.


2.4.3 Religión y cultura


92. La vida religiosa de un pueblo es una clave importante para entender su cultura, más aún, señalan los estudiosos que los grandes cambios en los universos de significado que son las culturas han sido causados por una transformación de su núcleo religioso. La religión, re-liga, re-une, vincula a los creyentes de manera definitiva, al ponerlos en contacto con el mundo que los rodea y con la realidad última. Esta realidad última es para nosotros Dios, un Dios personal que se nos ha revelado total y definitivamente en la

persona de Jesús de Nazaret, el Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre.


93. La mayoría de los mexicanos profesan la fe cristiana y es muy alto el porcentaje de quienes lo hacen en comunión con la Iglesia católica. En medio de distintas circunstancias y vicisitudes históricas, el pueblo mexicano ha permanecido fiel a esta fe que recibimos de la primera evangelización. La identidad católica es uno de los rasgos de nuestra cultura; en el lenguaje, en los símbolos, en las fiestas, en los modos de relación de la mayoría encontramos referencias a una religiosidad muy viva, sin que ello signifique siempre coherencia de la vida cristiana.


94. En esta identidad católica ocupa un lugar de primera importancia Santa María de Guadalupe, pues el acontecimiento guadalupano permea la historia, la sociedad, la cultura y la religiosidad personal y colectiva de los mexicanos. El mensaje guadalupano conserva gran actualidad pues, al mismo tiempo que es una permanente invitación a abrirnos al misterio del verdadero Dios por quien se vive, también es un llamado a la promoción humana, a la reconciliación y la paz. Como símbolo, la Imagen de la Virgen de Guadalupe es patrimonio de la nación, toca fibras muy sensibles en el corazón de los mexicanos; por lo que debe ser tratada con toda consideración y respeto y las causas que la enarbolen como bandera lo harán legítimamente en la medida en las que busquen la justicia para todos, la verdad, la promoción humana, la reconciliación y la paz.


95. Hoy percibimos una evangelización con poco ardor y sin nuevos métodos y expresiones, un énfasis en el ritualismo sin el conveniente itinerario formativo; movimientos y grupos religiosos que se olvidan de la dimensión social de la fe, una espiritualidad individualista; una mentalidad relativista en loético; en la pastoral persisten lenguajes poco significativos para la cultura actual. Y con relación a la inseguridad y violencia, reconocemos con tristeza que entre los involucrados en el crimen organizado hay mujeres y hombres bautizados, que con sus acciones se alejan de Dios y de la Iglesia. También se han descuidado espacios relacionados con estas situaciones como son lariesgo y el acompañamiento a víctimas inocentes31.


96. Desgraciadamente existe todavía un fuerte clericalismo celoso de compartir responsabilidades con el laicado, e incluso rasgos de una cultura machista que discrimina de diversas formas el ejercicio de la vocación que asiste por derecho propio a las mujeres en la comunidad eclesial32. Junto con ello, lamentamos profundamente los casos de abuso de poder clerical, de abuso de satisfactores económicos y de abuso sexual cometidos por algunos sacerdotes, injustos por el grave daño que han causado a las víctimas, injustos porque han extendido un velo de sospecha sobre el ministerio de otros muchos sacerdotes que viven con celo y ejemplaridad su apostolado, dañando nuestra credibilidad y provocando la dispersión en algunas comunidades.


97. Nos reconocemos como comunidad de pobres pecadores y al mismo tiempo que nos acogemos a la misericordia de Dios, de la misma manera que nuestros hermanos obispos lo hicieran en otro tiempo, «pedimos perdón a todos»33 los hombres y mujeres que se han visto escandalizados por las incoherencias del testimonio sacerdotal. Somos conscientes que cuando falta un verdadero testimonio de vida cristiana, en la vida ministerial, en la conducta moral y en el compromiso social, se propicia el debilitamiento de la fe, velando, más que revelar "el genuino rostro de Dios y de la religión"34. Somos ciudadanos mexicanos y sabemos que nuestra actuación pública y privada se rige también por las leyes justas que gobiernan la vida de todos los ciudadanos de nuestro país.


98. Este acercamiento a la realidad que hemos descrito y analizado nos hace preguntarnos: ¿en este contexto cuál es la calidad de vida de nuestro pueblo?; ¿hay condiciones para que los hombres y mujeres que viven en México cuenten con las condiciones de paz que son necesarias para el desarrollo humano integral? La óptica con la que vemos la realidad nos lleva directamente a mirar la dignidad de la persona humana,

el sufrimiento de las víctimas inocentes y el clamor de los pobres.


3. UN ENFOQUE PARA ABORDAR LA COMPLEJA REALIDAD DE LA VIOLENCIA


99. La realidad de la inseguridad y violencia es compleja y multidimensional. No podemos, sin más, atribuirla a una sola causa, hacerlo sería ingenuo y nos llevaría a pretender, también con ingenuidad, tener una única solución a una problemática tan vasta y complicada. Por ello, consideramos que convendría abordar la compleja realidad de la violencia que se vive en México desde un enfoque de salud pública que permita asegurar

para el mayor número de personas el beneficio de la seguridad y de la paz.


100. Ver la violencia como problema de salud pública implica reconocer que el esfuerzo por erradicarla debe ser multidimensional; que se requiere un diagnóstico interdisciplinar que identifique los principales factores de riesgo sobre los que hay que intervenir y que es necesaria la cooperación de todos los sectores públicos y sociales para abordar el problema de la violencia mediante la acción colectiva, con estrategias diversas adoptadas por todos, cada quien, según el ámbito de la propia competencia.


101. La salud pública se caracteriza sobre todo por la importancia que concede a la prevención para inhibir los factores de riesgo en las personas, en las relaciones humanas, en la vida comunitaria y en el entramado de relaciones e instituciones que conforman la sociedad. Una respuesta integral a la violencia no solo protege y ayuda a quienes la padecen, sino que también promueve la no violencia, reduce la perpetración de actos violentos y cambia las circunstancias y condiciones que la originan.


4. TRES FACTORES SOBRE LOS QUE URGE INTERVENIR


102. Entre los factores de riesgo sobre los que es urgente intervenir, alcanzamos a descubrir tres, que consideramos importantes porque explican, en medio de un mundo globalizado, por qué la violencia y el crimen organizado han encontrado terreno propicio para desarrollarse.


103. En primer lugar, vivimos una crisis de legalidad. Los mexicanos no hemos sabido dar su importancia a las leyes en el ordenamiento de la convivencia social. Se ha extendido la actitud de considerar la ley no como norma para cumplirse sino para negociarse. Se exige el respeto de los propios derechos, pero su ignoran los propios deberes y los derechos de los demás35. No tenemos, como pueblo, respeto de las leyes, del tipo que sean, ni interés por el funcionamiento correcto y transparente de las instituciones económicas y políticas. El signo más elocuente de esto es la corrupción generalizada que se vive en todos los ámbitos.


104. En segundo lugar, se ha debilitado el tejido social, se han relajado las normas sociales, así como las reglas no escritas de la convivencia que existen en la conciencia de cualquier colectividad bajo formas de control social que corrigen las conductas desviadas y mantienen a la sociedad unida y debidamente cohesionada. La fragmentación social, la frágil cohesión social, el individualismo y la apatía han introducido en distintos ambientes de la convivencia social la ausencia de normas, que tolera que cualquier persona haga lo que le venga en gana, con la certeza de que nadie dirá nada.


105. En tercer lugar, vivimos una crisis de moralidad. Cuando se debilita o relativiza la experiencia religiosa de un pueblo, se debilita su cultura y entran en crisis las instituciones de la sociedad con sus consecuencias en la fundamentación, vivencia y educación en los valores morales. Siendo un pueblo profundamente religioso y cristiano, se han debilitado en la vida ordinaria las grandes exigencias de la moral cristiana: desde el imperativo primordial "¡No matarás!", hasta el consejo evangélico que nos llama al amor extremo de entregar la vida por los demás. Cuando la falta de respeto a la integridad de las personas, la mentira y la corrupción campean, no podemos menos que pensar que hay una crisis de moralidad.


106. Al concluir este acercamiento a la realidad de inseguridad y violencia que se vive en México, caemos en la cuenta que estamos ante una problemática compleja y que la responsabilidad de responder a los desafíos que representa es de todos los mexicanos. Perdemos el tiempo cuando buscamos culpables o esperamos pasivamente que sea sólo el gobierno quien dé solución a problemas que son de todos. Debemos actuar ya, cada quien en su propio ámbito de competencia. Las autoridades, con los recursos propios que le proporciona el Estado de Derecho para el ejercicio de su actuación; la sociedad civil, asumiendo responsablemente la tarea de una ciudadanía activa, que sea sujeto de la vida social; los creyentes, actuando en fidelidad a nuestra conciencia, en la que escuchamos la voz de Dios, que espera que respondamos al don de su amor, con nuestro compromiso en la construcción de la paz, para la vida digna del pueblo de México.

miércoles, 30 de octubre de 2013

"TALÓN DE AQUILES" S.A. DE C.V.

CON LA SEGURIDAD NO SE JUEGA NI SE IMPROVISA .
Talón de Aquiles, S.A. de C.V. ha servido como ejemplo a los ciudadanos, en la conformación de grupos de autodefensa, policías comunitarios y vecinos vigilantes, siendo sus principales acciones las desarrolladas en Nogales y Álamos Sonora, en defensa y protección del turismo y comercio establecido de esas ciudades, extendiendo sus acciones a la capacitación de grupos y la localización de personas desaparecidas y asesoría en materia de extorsión, delitos de alto impacto en la actualidad. Siempre apegados a las leyes y códigos que en la materia nos rigen y en convenio con las autoridades responsables de la política social, de esos municipios y zonas amenazadas por la inseguridad.



















CALF.