sábado, 1 de noviembre de 2014

AYOTZINAPA Gro.

Las Normales Rurales desde su creación, fueron el único camino para la educación de los mexicanos al crear la plataforma de educación rural en todo México, llevando así el conocimiento hasta los rincones mas abandonados de nuestra patria... el conocimiento de las leyes, la razón y la justicia, así como la lucha por la igualdad y el derecho a ser Mexicanos dignos... las tribus tuvieron sus Maestros egresados de las Normales Rurales de todo el Pais y que retornaron a sus pueblos a ayudar a dar los primeros pasos a las nuevas generaciones... la destrucción de ellas es el porvenir de los poderosos, acaparadores vende patrias, dejando el poder y el dinero en unos cuantos sin importar el partido en el que militen... destruyendo las ideologías por el interés, olvidando la moral y la ética por la sobre-vivencia... este golpe en Ayotzinapa Gro.es muestra del abandono de toda ética y moral.en nuestro pueblo Mexicano...Analicemos los hechos y luchemos por recuperar nuestros valores y nuestra Patria.




































martes, 30 de septiembre de 2014

lunes, 29 de septiembre de 2014

El Secuestro y la Extorsion principal medio de financiamiento del crimen organizado.


El secuestro crece sin cesar porque no se actúa debidamente contra los grandes grupos criminales
POR: JOSÉ A. ORTEGA
CREADO: 28 SEPTIEMBRE 2014


México vive la peor situación de secuestros de su historia. Y muchas de las víctimas no sólo han padecido la privación de la libertad y un muy grave daño patrimonial, sino además tortura, mutilación, violación y asesinato.

El discurso oficial dice que la tendencia del secuestro hacia el alza ha sido contenida y presenta claros signos de empezar a declinar. Pero la aseveración es desmentida por las propias cifras oficiales.

Según las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) en 2013 (último año del cual hay datos completos) hubo 1,702 secuestros (en realidad averiguaciones previas), cifra un 20% superior a las 1,414 averiguaciones previas registradas en 2012.

Es decir, en el primer año de gobierno del Presidente Enrique Peña no sólo no se avanzó en la meta sexenal de reducir en 50% los secuestros (además de los homicidios y extorsiones), sino que se retrocedió. Para renovar el compromiso electoral, ahora el Presidente Peña tendría que prometer no reducir los secuestros en un 50% sino en un…58%.

El discurso oficial sostiene que en 2014 sí es muy clara la tendencia a la declinación del secuestro, pues entre enero y agosto del presente año las averiguaciones previas totalizaron 1,032, cifra un 8% menos que las del mismo periodo de 2013 (1,126). Pero las averiguaciones previas por secuestro en enero-julio de 2014 son de cualquier forma 15% más que las de igual periodo de 2012 (899).

Además mientras que en los primeros 8 meses de 2014 las averiguaciones previas de secuestro presentan una tendencia no clara a la baja, tiende a aumentar el número de secuestrados. En el presente año además de contarse el número de averiguaciones previas, se empezó a contar el número de víctimas de secuestro.

Así mientras que las primeras sumaron 1,032 entre enero y agosto de 2014, las segundas totalizaron 1,410, es decir: hubo casi 37% más víctimas de secuestro que averiguaciones. Además mientras que el número de víctimas en enero fue de 162, en agosto fue de 216: un 33% más.

Pero las cifras oficiales del SNSP no nos dicen toda la verdad sobre la realidad del secuestro, ni siquiera de la parte de la realidad de la que autoridades públicas tiene conocimiento directo. Estas cifras sólo recogen los datos de las procuradurías y/o fiscalías de las entidades federativas, no así las de los secuestros denunciados ante la Procuraduría General de la República (PGR) y los que corresponden a las víctimas rescatadas por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y por la Secretaría de Marina (SEMAR).

Por tanto en 2013 no fueron 1,702 los secuestros, porque para empezar la cifra no se refiere a secuestros ni a víctimas, sino a averiguaciones previas. Nuestra estimación es la cifra de víctimas de secuestro fue un 162% superior: de 4,464.

La cifra resulta de los siguientes cálculos:
Si en 2013 se repitió la misma diferencia entre averiguaciones previas iniciadas por las procuradurías de las entidades federativas y de víctimas (37% más de las segundas que de las primeras), entonces el número de víctimas fue de 2,332.
En 2013 la PGR inició 1,167 averiguaciones previas por secuestro, de acuerdo a la respuesta que la institución dio a la solicitud de información del Observatorio Nacional Ciudadano (a nosotros nos proporcionó una cifra inferior, de 1,079 en una petición anterior). La PGR no indica el número de víctimas, pero si en su caso se repitió la diferencia entre averiguaciones previas y víctimas, las segundas habrían sido 1,599.
En 2013 la SEDENA rescató por sí sola a 511 víctimas de secuestro y la SEMAR a 22.
La suma de 2,332 más 1,599 más 511, más 22 da el total de 4,464 víctimas de secuestros por nosotros estimado.

Cabe advertir que no incluimos en este cálculo la cifra de 792 víctimas de secuestro rescatadas en 2013 por la Policía Federal por sí sola, sin participación de otras fuerzas federales o locales. Queremos suponer que TODOS los secuestros sufridos por esas víctimas están registrados en las averiguaciones previas de la PGR.

Si en 2013 estimamos hubo cuando menos 4,464 víctimas de secuestro, en 2014 la cifra podría rondar los 5 mil. Entre los indicios de la tendencia al crecimiento del secuestro tenemos el número de rescatados por las fuerzas armadas: mientras que en todo 2013 y en todo el país los rescatados fueron 533, hasta septiembre de 2014 y sólo en el estado de Tamaulipas los rescatados ya eran más de mil.

El Coordinador Nacional Antisecuestro, Lic. Renato Sales Heredia, nos ha comentado que nuestra estimación podría ser inexacta, pues hay casos en que un mismo secuestro está registrado a la vez por una determinada procuraduría estatal y por la PGR.

Por ello es que nuestras peticiones iniciales a dicho funcionario fueron: primero, que no se diera carpetazo a la investigación sobre la probable responsabilidad de servidores públicos federales de la pasada administración en el secuestro de Eduardo García Valseca; segundo, que se elaboraran cifras oficiales consolidadas sobre secuestro (número de víctimas) sin duplicidades, pero sin omisiones, que incluyeran a todas las fuentes gubernamentales.

Estas cifras consolidadas aún no han sido producidas, pero cuando lo estén no dudamos que serán muy cercanas a nuestras estimaciones y muy por encima de las cifras oficiales actuales.

Un ejemplo de que las cifras oficiales (las del SNSP) apenas reflejan una pequeña parte de los secuestros realmente ocurridos, es el número de 191 averiguaciones previas por este delito registradas en 2013 en el Estado de México. Sin embargo la Policía Federal por si sola el año pasado rescató 307 secuestrados en esta entidad federativa y 52 en conjunto con otras fuerzas federales. Pero debe considerarse que la mayoría de los plagiados no son rescatados.

El gobierno federal sostiene que su estrategia es adecuada porque hay más víctimas rescatadas, más secuestradores detenidos y más bandas desarticuladas. Y es cierto que el esfuerzo anti-secuestro es mayor que nunca, pero el secuestro sigue al alza.

Las causas principales de esta situación son dos: primera, no se está actuando de la forma más eficaz contra los grandes grupos criminales, responsables de la mayoría de plagios; segunda, no se combate tampoco a la impunidad de los diversos delitos, lo que facilita la migración de los hampones de otros giros criminales hacia el secuestro.

De los 4,464 secuestros que estimamos hubo en 2013, el 81% ocurrió en 10 entidades federativas: Tamaulipas, Guerrero, Michoacán, México, Morelos, Veracruz, Tabasco, Jalisco, Nuevo León y Distrito Federal. De esas 10 entidades, en 9 hay fuerte presencia de los grandes grupos criminales y en las 7 primeras estos son responsables de la mayoría de secuestros: ya sean cometidos por sus células de sicarios, por bandas locales que les pagan “piso” o por remanentes de organizaciones parcialmente desarticuladas. Pero en otras entidades federativas los grupos criminales también participan en los secuestros aunque en forma minoritaria.

En Tamaulipas casi la totalidad de los plagios es obra de Los Zetas o del Cártel del Golfo. En Guerrero secuestran La Familia Michoacana, Los Templarios, Los Rojos, Guerreros Unidos y el Cártel Independiente de Acapulco; en Michoacán, La Familia Michoacana y Los Templarios; en el Estado de México: La Familia Michoacana, Los Templarios, Los Rojos, Guerreros Unidos y Los Zetas; en Morelos, Los Rojos y Guerreros Unidos; en Veracruz, Los Zetas y el Cártel del Golfo y en Tabasco Los Zetas.

Según el actual gobierno federal han sido capturados o muertos en enfrentamientos con fuerzas del orden los principales jefes de las organizaciones criminales. Lo mismo dijo el anterior gobierno. Pero tan pronto un jefe criminal es capturado o muerto, otro lo sustituye y las estructuras de la organización se mantienen intactas.

Las capturas y muertes de capos parecen más una suerte de poda que parte de un esfuerzo de erradicación del árbol del crimen organizado. No se actúa para realmente romper sus estructuras e impedir su recomposición. No se actúa contra la capacidad financiera de los grupos.

Por ejemplo, en Tamaulipas los grandes grupos criminales además del narcotráfico, la extorsión y el robo a gran escala, poseen negocios lícitos claramente identificados, que les permite lavar sus activos y aumentarlos.

Además de poseer cuando menos 100 antros, claramente identificados, en algunas actividades económicas lícitas estos grupos han impuesto monopolios mediante la violencia, tales como la distribución de carne de pollo, la venta de cerveza, los espectáculos masivos, el reciclaje, los desechos industriales o la comercialización de cuero. Sin embargo el gobierno no hace nada para afectar estos negocios como para tampoco poner fin a la extorsión generalizada y al robo masivo.

Por lo que toca a la impunidad, resulta que el secuestro es la etapa culminante de muchas carreras criminales, porque no se actuó contra los hampones cuando cometían delitos menos graves y la impunidad los alentó a escalar su actividad delictiva. Por ejemplo muchos secuestradores fueron antes ladrones de vehículos, pues en México sólo el 2.6% de los robos de automóviles merecen sentencias condenatorias.

Mientras no se actué contra la capacidad de los grupos criminales de recomponerse pese a los golpes sufridos y contra su fortaleza financiera y no se actué para abatir la impunidad, lejos de alcanzarse la meta de reducir la incidencia de secuestro, éste seguirá escalando.

jueves, 10 de julio de 2014

LANZA LA SEGOB PLAN PARA LOCALIZAR A DESAPARECIDOS

LORENA LÓPEZ Y LETICIA FERNÁNDEZ

México . La subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón, presentó a integrantes de la sociedad civil el Plan Nacional de Búsqueda de Personas No Localizadas, que incluye el dispositivo de búsqueda urgente, el registro único de fosas comunes y la Red Nacional de Procuración de Justicia para la Búsqueda de Personas No Localizadas.
En compañía de Mariana Benítez Tiburcio, subprocuradora jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR, la funcionaria afirmó que la búsqueda y localización de personas es una prioridad del gobierno federal.

También destacó que el tema es prioritario y forma parte de la agenda del gabinete de seguridad en todas las reuniones regionales.

Ambas subrayaron la colaboración entre Gobernación y la PGR, a través de la formación de cuatro subgrupos que permiten enfocar esfuerzos en la armonización legislativa, la implementación de tecnologías de la información, generación de capacidades forenses y periciales y acompañamiento y gestión de información con familiares.

Benítez Tiburcio destacó la creación de la Unidad Especializada de Búsqueda de PGR, así como el reforzamiento de las capacidades forenses y periciales.

Eliana García Laguna, encargada del despacho de la Subprocuraduría de Derechos Humanos y Prevención del Delito, presentó a los representantes de organizaciones de la sociedad civil el software para recopilar información de calidad de las personas fallecidas sin identificar, llamado AM/PM (Ante mortem-Post mortem), donado a México por el Comité Internacional de la Cruz Roja.

En un comunicado, la Secretaría de Gobernación apuntó que es interés del gobierno de la República mantener un diálogo permanente con familiares de desaparecidos y también con integrantes de colectivos y organizaciones de la sociedad civil dedicados a la búsqueda de personas no localizadas y así redoblar los esfuerzos para su localización.

Lineamientos en el DF

Mientras, la procuraduría del DF emitió los lineamientos que deben tomar en cuenta el Ministerio Público y la Policía de Investigación para mantener detenidas a las personas y evitar violaciones a los derechos humanos.

En un documento publicado en la Gaceta Oficial, se indica que las aprehensiones en flagrancia son aquellas en las que el sujeto es sorprendido en el momento mismo de cometer el ilícito.

Los policías deberán establecer la hora en que es presentado el detenido ante el Ministerio Público y las características del hecho, para que a partir de ese momento comience la integración de la averiguación previa.

"La autoridad ministerial ante quien sea puesta a disposición una persona, bajo el argumento de que fue detenida en flagrancia, revisará que se acredite la causa formal y material de la restricción de la libertad, a fin de resolver la procedencia o no de su retención.

"Además deberá corroborar que la detención se haya realizado en el momento de la comisión del delito, o inmediatamente después de haberlo cometido", añade.

Aunque ya trabajan bajo estas observaciones en la fiscalía, el propósito de la publicación es reforzar la cultura de los derechos humanos y crear esquemas para su mejor protección.

"Las autoridades involucradas deberán establecer la hora en que la persona sea puesta a disposición del Ministerio Público, dictándose el acuerdo de retención inmediatamente", agrega.

El acuerdo A/009/2014 reitera que la restricción de la libertad no podrá exceder del plazo de 48 horas, que se computarán a partir de que la persona es puesta a disposición del MP.

Es ese tiempo se deberán presentar las pruebas, testimonios y dictámenes periciales a fin de determinar si existen elementos suficientes para consignar o liberar al detenido.

"A la persona sujeta a la medida de retención, se le garantizará, al igual que a todas las personas privadas de su libertad, el ejercicio de sus derechos a la dignidad, a la integridad personas, a la defensa adecuada, a la comunicación y al debido proceso", puntualiza.



jueves, 29 de mayo de 2014

Cae banda de secuestradores
Fueron detenidos por elementos de la Unidad Especializada en Secuestro de la PGJE
Redacción
Nogales, Sonora - Nuevo Día
Caen cuatro sujetos señalados como probables responsables del secuestro y asesinato de una persona, además por el intento de privación ilegal de la libertad de otro hombre, informó el Procurador General de Justicia del Estado Carlos Alberto Navarro Sugich.
En un comunicado de prensa, se informó que entre las personas detenidas está el de nombre Alejandro Lobato, de 31 años, originario del Estado de Guerrero, señalado como el autor intelectual de los mencionados delitos.
También fue arrestado José Rey Tejeda Covarrubias de Mena, Francisco Adán Santacruz Robles, de 19 y 32 años respectivamente, además de Germán Moroyoqui Navarro, de 40, originario de Ciudad Obregón y Jesús Antonio Romo Meras, de 35, por el delito de tentativa de secuestro y asociación delictuosa, originario de Ciudad Obregón.
El fiscal del Estado manifestó que el arresto de las mencionadas personas lo realizaron Agentes de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, en coordinación con el Agente del Ministerio Público del Fuero Común.
Los sospechosos son señalados por el delito de privación ilegal de la libertad de José Raymundo González Rivera, de 56 años, en sucesos ocurridos el pasado 29 de marzo, en Ciudad Obregón, a quien dieron muerte días después de su secuestro, informó el vocero de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Otro de los delitos por el cual son investigados es por el intento de secuestro de una persona del sexo masculino, en la población de Bacum, pero al oponer resistencia, sólo fue despojado del auto y la cantidad de diez mil pesos.
Los plagiarios se accidentaron cuando huían a bordo del vehículo de su reciente víctima, lográndose el arresto de Romo Meras en el lugar del percance.
Los detenidos confesaron su participación en el secuestro y homicidio de José Raymundo González Rivera y en la tentativa de secuestro del residente de Bacum, además, señalaron a Jesús Antonio Romo Meras como integrante de la banda de secuestradores.
Por el delito de secuestro agravado podrían alcanzar una pena de 40 a 70 años de prisión y por asociación delictuosa, de tres a ocho años de cárcel, semencionó.

miércoles, 28 de mayo de 2014

Ocho secuestros por día en lo que va del sexenio
De acuerdo con la organización, en lo que va del sexenio se han registrado más de 4,000 plagios, casi el doble de los que reporta el gobierno.


De diciembre del 2012 a abril del 2014, es decir, desde el inicio de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, en el país se han registrado 4,159 secuestros, informó la organización civil Alto al Secuestro, dirigida por Isabel Miranda de Wallace.


El promedio diario de plagios cometidos en todo el territorio mexicano fue de ocho. Sin embargo, estas cifras difieren de las reportadas por las procuradurías estatales al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ya que en total se registraron 2,395 secuestros.


Del 1 de diciembre del 2012 al 30 de abril del 2014, la tasa nacional por cada 100,000 habitantes fue de 2.9 casos. Siete entidades se encuentran por arriba de esta cifra: Morelos, Guerrero, Tamaulipas, Tabasco, Zacatecas, Estado de México y Michoacán.


Diez entidades (Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Morelos, Estado de México y Zacatecas) y el Distrito Federal concentran el mayor número de secuestros, ya que en conjunto acumulan 83.8% del total.


La activista, cuyo hijo Hugo Alberto Wallace fue secuestrado y no encontrado, afirmó que los secuestros en abril respecto de marzo registraron una disminución de 7%, ya que en abril se reportaron 204 casos mientras que un mes atrás la cifra fue de 220 plagios.


De los casos reportados en abril (204) la Procuraduría General de la República atendió 65, equivalente a casi 32%, mientras que el resto estuvo a cargo de las procuradurías estatales.


La ex candidata a la Jefatura de Gobierno refirió también que los cinco municipios con mayor incidencia del delito de secuestro en el Estado de México son: Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Cuautitlán Izcalli, Chalco y Chimalhuacán. Mientras que en Morelos son: Cuernavaca, Cuautla, Jiutepec, Temixco y Emiliano Zapata.


Asimismo, Acapulco, Chilpancingo, Taxco, Tecpan de Galeana, Teloloapan y Tlapa de Comonfort son los municipios con más plagios en Guerrero. En Tamaulipas son Tampico, Victoria, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros.


Mientras que en el Distrito Federal las delegaciones que concentran más privaciones de la libertad son: Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Tlalpan, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Coyoacán. En Michoacán, uno de los estados más afectados por la violencia e inseguridad, los municipios de Morelia, Uruapan, Zitácuaro, Lázaro Cárdenas y Zamora son los que tienen más reportes de secuestros.


Sobre el perfil de las víctimas, Wallace afirmó que 71% de las víctimas pertenece al género masculino, mientras que la edad de mayor prevalencia para ser plagiado es de 21 a 30 años (24 por ciento).


El 70% de las víctimas de secuestro son asalariados, comerciantes, estudiantes y profesionistas. Además, sólo 69% de los plagiados fue liberado.

miércoles, 14 de mayo de 2014

EN HOMENAJE, AL CUMPLIRSE EL SÉPTIMO ANIVERSARIO DEL HOMICIDIO DEL LIC. JOSE NEMECIO LUGO FELIX.


Buen día, un dia como hoy asesinaron a mi hermano JOSE Nemecio LUGO Felix, , hace 7 años hoy lo recordamos con melancolía y dolor, mas sin embargo seguimos avanzando haciendo cada día lo que el mas deseaba hacer y hacia...

ayudar al las mujeres y los niños en situación de TRATA, explotados y pervertidos por una sociedad cada día mas empobrecida por la discordia y la envidia... GRACIAS A TODOS Y A TODAS POR SUS ATENCIONES.



Hoy iniciamos también con las actividades de apoyo y asesorías en NOGALES SONORA...




CALF.

viernes, 2 de mayo de 2014


Diputados duplican penas por secuestro

El decreto es avalado con 293 votos en favor, una abstención y 96 votos en contra. ARCHIVO

El dictamen es turnado al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales

La pena máxima será de 80 a 140 años de cárcel y de 12 mil a 24 mil días de multa
CIUDAD DE MÉXICO (29/ABR/2014).- El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la minuta del Senado para duplicar las penas de prisión y multas en las diferentes modalidades de secuestro, y la máxima será de 80 a 140 años de prisión y de 12 mil a 24 mil días de multa para quien prive de la vida a la víctima.

El decreto fue avalado con 293 votos en favor, una abstención y 96 votos en contra, por lo que se turnó al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

En el debate que duró alrededor de una hora con 50 minutos la mayoría de la izquierda representada por los diputados y diputadas del PRD, Movimiento Ciudadano y Partido del Trabajo rechazaron el aumento de las penas para este delito hasta 140 años.

Argumentaron que eso no resolverá el problema de fondo, en virtud de que es la impunidad lo que se tiene que combatir junto con la corrupción que existe en el Sistema Penal mexicano.

Mientras los diputados del PAN, y principalmente del PVEM y PRI, se pronunciaron a favor de la propuesta legislativa de elevar las penas de 40 hasta 140 años de cárcel, dependiendo de la modalidad de secuestro, delito que calificaron de los más lacerantes y graves en el país.

Además en el argumento se indicó que esta reforma obedece a la demanda de la población para castigar este delito que lesiona la paz familiar y a la nación.

"Este delito involucra no sólo la lesión de uno de los bienes jurídicos más importantes del ser humano, como es la libertad, sino también una serie de implicaciones y consecuencias que suponen severas amenazas para el bienestar y adecuado desarrollo de la sociedad por la forma en que se lleva a cabo", señaló el diputado Guillermo Anaya.

El legislador del Partido Acción Nacional (PAN) indicó que el objetivo de esta reforma consiste en la duplicación de penas a los delitos en materia de secuestros, ya sea el tipo simple, el llamado exprés, la toma de rehenes, la simulación y la obstrucción de investigación.

En el documento aprobado se precisa que estas sanciones mayores se aplicarán si los autores o partícipes del secuestro privan de la vida al secuestrado.


Las diferentes condenas según el delito 

El dictamen surge de una iniciativa presentada el 25 de febrero pasado por la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado y reforma la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, y considera los tipos derivados en cuestión de circunstancia, sujeto activo o relación.

El Artículo 9 prevé que al que prive de la libertad a otra persona se le aplicarán de 40 a 80 años de prisión y de mil a cuatro mil días de multa.

En el Artículo 10 se precisan penas de 50 a 90 años de prisión y de cuatro mil a ocho mil días de multa si el secuestro se realiza en camino público o en lugar desprotegido o solitario, así como cuando se lleve a cabo en grupo de dos o más personas, con violencia y que se allane el inmueble en el que se encuentra la víctima.

Asimismo que la víctima sea menor de 18 años o mayor de 60, o que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o capacidad para resistirlo o que sea una mujer en estado de gravidez.

En el mismo artículo, en una fracción II se establecen penas de 50 a 100 años de prisión y de ocho a 16 mil días de multa si los autores sean o hayan sido integrantes de alguna institución de seguridad pública, de procuración oadministración de justicia, o de las Fuerzas Armadas mexicanas, o se ostenten como tales sin serlo.

También que el o los autores tengan vínculos de parentesco, amistad, gratitud, confianza o relación laboral con la víctima o persona relacionada con ésta, o que durante su cautiverio se cause a la víctima alguna lesión de las previstas en los artículos 291 a 293 del Código Penal federal.

Estas son: lesiones que perturben para siempre la vista o disminuya la facultad de oír, entorpezca o debilite permanentemente una mano, un pie, un brazo, una pierna o cualquier otro órgano, el uso de la palabra o alguna de las facultades mentales y lesiones que pongan en peligro la vida.

Asimismo que en contra de la víctima se hayan ejercido actos de tortura o violencia sexual y que durante o después de su cautiverio, la víctima muera debido a cualquier alteración de su salud que sea consecuencia de la privación de la libertad, o por enfermedad previa que no hubiere sido atendida en forma adecuada por los delincuentes.

En el Artículo 11 las mayores penas son de 80 a 140 años de prisión y multas de 12 a 24 mil días si los autores o partícipes privan de la vida al secuestrado.

En el Artículo 12, en caso de que espontáneamente se libere a la víctima dentro de los tres días posteriores al secuestro, la pena será de cuatro a 12 años de prisión y de 100 a 300 días de multa.

No obstante, si a la víctima se le hubiere causado alguna lesión prevista en los artículos 291 y 293 del Código Penal federal, la pena será de 18 a 32 años de prisión y de 600 a mil días de multa.

En caso de que espontáneamente se libere al secuestrado dentro de los primeros 10 días, la prisión será de 26 a 32 años y de 500 a mil días de multa.

En el Artículo 13 se contemplan penas de 200 a 700 jornadas de trabajo en favor de la comunidad al que simule por sí o por interpósita persona la privación de su libertad.

En tanto, en el artículo 14 se estipulan penas de cuatro a 16 años de prisión al que simule la privación de la libertad de otra persona.

El Artículo 15 señala que se aplicarán penas de cuatro a 16 años de prisión y de mil 400 a tres mil días de multa al que, sin haber participado de manera directa, adquiera o reciba el producto de las acciones, a sabiendas de esta circunstancia.


También establecen condenas a co partícipes 

También a quien preste auxilio o cooperación, a quien oculte o favorezca el ocultamiento del responsable y/o altere, modifique o destruya ilícitamente el lugar, huellas o vestigios de los hechos delictivos a que se refiere esta ley y desvíe u obstaculice la investigación, a fin de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia.

En el Artículo 16 existen penas de cuatro a 16 años de prisión y de 400 a dos mil días de multa al servidor público que divulgue, sin motivo fundado, información reservada o confidencial relacionada con las conductas sancionadas por esta ley, así como que revele, sin motivo fundado, técnicas aplicadas a la investigación.

En el Artículo 17 se establecen penas de nueve a 26 años de prisión y de 400 a dos mil días de multa al servidor público que se abstenga de denunciar ante el Ministerio Público o ante la policía la comisión de estos delitos.

Ello teniendo atribuciones en materia de prevención, investigación, procuración o impartición de justicia, así como de vigilancia y custodia en los centros de privación de la libertad o penitenciaria.

El dictamen reforma de igual manera el Artículo 25 del Código Penal federal para establecer que el límite máximo de la duración de la pena de privación de la libertad, hasta por 60 años, contemplada en ese artículo, no aplicará para los delitos sancionados en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro.

Después de su aprobación el diputado Alfonso Durazo, de Movimiento Ciudadano, desde su curul, recordó que el lunes se destacó y calificó de increíble que se previera en la Ley de Protección Civil la caída de un meteorito que podría provocar un desastre.

"Es más fácil que nos caiga un meteorito, a que un ser humano viva 140 años", indicó.

Senado aprueba hasta 140 años de 
cárcel a secuestradores


El dictamen se aprueba sin discusión con 61 votos a favor, 22 en contra y cinco abstenciones. 

El PVEM propone 40 años para el secuestro y 140 para quienes asesinen a su víctima

El dictamen es turnado a la Cámara de Diputados para su análisis
CIUDAD DE MÉXICO (21/ABR/2014).- El Senadode la República aprobó sin discusión la reforma que establece una pena de hasta 140 años de cárcel a los secuestradores que asesinen, mutilen o violen a sus víctimas.

En la sesión ordinaria de hoy, ya sin el rechazo del PRD en el debate a dicho dictamen promovido por el PVEM, se aprobó con 61 votos a favor, 22 en contra y cinco abstenciones la reforma a la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Secuestro; y al Código Penal Federal.

En la última sesión previa a la Semana Santa, la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) rompió el quórum cuando se votaba esta reforma.

Su argumento entonces fue que era inconstitucional, ya que se trata de una virtual cadena perpetua, no combatiría a fondo el delito de secuestro, y era una iniciativa de "populismo penal y legislativo".
La reforma del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que formó parte de sus compromisos de campaña, plantea que la pena mínima para el tipo básico de secuestro sea de 40 años, y si matan a la víctima, la pena máxima sería de 140 años de prisión.

Asimismo, se prevé también elevar las penas para los servidores públicos que revelen información o no denuncien este delito ante el Ministerio Público. El dictamen fue turnado a la Cámara de Diputados para su análisis.

miércoles, 19 de febrero de 2014

Secuestro en México, un panorama desolador


El coordinador nacional antisecuestros, Renato Sales, relató un panorama negro en el combate a ese delito, ya que desde el 2009, el fondo de apoyo para las víctimas de secuestro está vacío; hay “cifras negras” del delito creadas en los gobiernos estatales; la corrupción en los penales incentiva que los reos “sigan extorsionando hasta saliendo del penal, mucho antes del pase de lista a delinquir”; la investigación en las procuradurías está desmantelada y prácticamente todos los cárteles de la droga también se dedican al secuestro.


Entrevistado por El Economista, Sales Heredia afirma que planteará este panorama al Comité Especial de Seguimiento y Evaluación de las acciones para prevenir, investigar, sancionar y erradicar el delito de secuestro, que sesionará el próximo 20 de febrero. “Si yo veo que no puedo, renuncio yo”, dice.



Renato Sales dijo que propondrá la creación de la unidad especializada de combate al secuestro que cuente con fiscales especializados propios, agentes del Ministerio Público especializados, negociadores, análisis táctico, inteligencia y áreas de atención específicas para las víctimas. Manifestó que el Ejecutivo federal podría crearla como reglamento de la ley general antisecuestro.

“Tenemos que construir una unidad especializada de combate al secuestro modélica a nivel federal, eso es lo que tenemos que hacer, en mi opinión”.

—¿Cuál es su diagnóstico del delito?

Se concentra en 10 entidades federativas; 74% de la incidencia delictiva se concentra en los estados de Morelos, Guerrero, Tamaulipas, Michoacán, Tabasco, Durango, Veracruz, Oaxaca, Zacatecas y el Estado de México.

El enfrentamiento entre las bandas ha generado la dispersión y también la atención del Estado en la detención de algunas muy peligrosas. Esto ha generado atomización, y esa atomización se ha traducido en la incidencia creciente del delito de extorsión, que buena parte sigue proviniendo de los centros penitenciarios, y el nivel de seguridad que existen en estos penales locales es ínfimo en muchas ocasiones, esto permite que las personas ahí sigan extorsionando hasta saliendo del penal mucho antes del pase de lista a delinquir que es absurdo y es terrible, pero hay que hacernos cargo de estas cuestiones.

Otra cuestión es el incentivo perverso que tiene que ver con la disminución de apoyos de Fondo de Aportaciones de Seguridad Pública (FASP), cuando una entidad federativa en la estadística tiene más averiguaciones previas iniciadas, como si ésta fuera retrato absoluto de lo que acontece en delitos de esta índole donde hay una gran cifra negra.

—Eso es un maquillaje de cifras, ¿no?

El incentivo perverso es que si tú disminuyes averiguaciones previas recibías más apoyo, si incrementabas tu número de averiguaciones previas reportadas, recibías menos apoyo, te ponían semáforo en rojo y te exhibían en el Consejo Nacional de Seguridad Pública. ¿Qué incentivaba eso? “Esto no lo manejes como averiguación previa, aunque sea un secuestro, manéjalo como acta circunstanciada o vamos a negociar y obtener solamente un delito, obtener la liberación de la víctima, pero no reportes esto como averiguación”, entonces, muchas veces no se seguía con la investigación porque no estaba iniciada la averiguación.

—¿Cómo acabar con esta situación?

Suprimir con ese incentivo perverso, que no se deje de apoyar al que reporte más, ni se apoye al que reporte falazmente menos. Se tiene que evaluar objetivamente.

—¿Hay gobernadores que bajaron la guardia en contra del secuestro?

Sí, pero vamos a ver para adelante. Se trata de ir solucionando esos problemas. No es que las unidades antisecuestro estén en el abandono total. Las procuradurías son las que están en el abandono total, que tampoco es específica de gobierno estatal, es una política nacional para nuestro infortunio. Abandonaron las procuradurías a costa de las secretarías de Seguridad Pública, como en la Federación.

—¿Cómo van a enfrentar el secuestro así de desmanteladas?

Pues ahora estamos haciendo frente conjuntamente.

—¿El bloqueo de señal de celulares en los penales es la utopía?

Basta para que no sea una piedra más en el camino del infierno que no se maneje desde el interior de la presión. Que no tengan ellos (autoridades penitenciarias estatales) la posibilidad de manejar el switch, que quien lo maneja sea una persona que no esté vinculada con el centro. 

—¿Y quién puede ordenar eso?

Eso ya está. Como se adquieren con fondos del FASP, y quien supervisa y aporta es la Federación, entonces eso se va a manejar así. Es un acuerdo con la Conago, es un acuerdo con la Secretaría de Gobernación. Yo creo que va a mantenerse subido, que es así como debe mantenerse, y lo va a controlar gente vinculada a la Secretaría de Gobernación.

—¿De qué monto dispone el fondo para la reparación del daño?

Este fondo hay que consolidarlo, este fondo no tiene ahorita recursos. Este fondo que se compone por recursos de bienes decomisados adicionales por bienes que causan abandono y proveniente de las fianzas o garantías, no existe en este momento. Hay que construirlo.

—¿Y cómo operaba la ley antisecuestros desde el 2009 si no existe?

Ése es el punto, que hay muchas leyes en nuestro país que se quedan ahí mismo, en el mundo del deber ser.

—¿Ya lo sabe el Secretario de Gobernación? 

Sí, es algo que hemos comentado.

—¿Y qué dice?

Estamos viendo cómo agilizar este tema. 

—Cuando se le nombró coordinador antisecuestros, Alejandro Martí le pidió su renuncia si no podía…

Si no pueden, renunciamos todos. Si no podemos, renunciamos todos. Si yo veo que no puedo, renuncio yo. Si ellos me dicen que no puedo yo, renuncio yo. Si ellos ven que no pueden que renuncien ellos.

Vía NSS