LANZA LA SEGOB PLAN PARA LOCALIZAR A DESAPARECIDOS

La PGR presenta un 'software' que le fue donado por el Comité Internacional de la Cruz Roja para recopilar información de calidad sobre fallecidos sin identificar, llamado AM/PM.

LORENA LÓPEZ Y LETICIA FERNÁNDEZ

México . La subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón, presentó a integrantes de la sociedad civil el Plan Nacional de Búsqueda de Personas No Localizadas, que incluye el dispositivo de búsqueda urgente, el registro único de fosas comunes y la Red Nacional de Procuración de Justicia para la Búsqueda de Personas No Localizadas.

En compañía de Mariana Benítez Tiburcio, subprocuradora jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR, la funcionaria afirmó que la búsqueda y localización de personas es una prioridad del gobierno federal.

También destacó que el tema es prioritario y forma parte de la agenda del gabinete de seguridad en todas las reuniones regionales.

Ambas subrayaron la colaboración entre Gobernación y la PGR, a través de la formación de cuatro subgrupos que permiten enfocar esfuerzos en la armonización legislativa, la implementación de tecnologías de la información, generación de capacidades forenses y periciales y acompañamiento y gestión de información con familiares.

Benítez Tiburcio destacó la creación de la Unidad Especializada de Búsqueda de PGR, así como el reforzamiento de las capacidades forenses y periciales.

Eliana García Laguna, encargada del despacho de la Subprocuraduría de Derechos Humanos y Prevención del Delito, presentó a los representantes de organizaciones de la sociedad civil el software para recopilar información de calidad de las personas fallecidas sin identificar, llamado AM/PM (Ante mortem-Post mortem), donado a México por el Comité Internacional de la Cruz Roja.

En un comunicado, la Secretaría de Gobernación apuntó que es interés del gobierno de la República mantener un diálogo permanente con familiares de desaparecidos y también con integrantes de colectivos y organizaciones de la sociedad civil dedicados a la búsqueda de personas no localizadas y así redoblar los esfuerzos para su localización.

Lineamientos en el DF

Mientras, la procuraduría del DF emitió los lineamientos que deben tomar en cuenta el Ministerio Público y la Policía de Investigación para mantener detenidas a las personas y evitar violaciones a los derechos humanos.

En un documento publicado en la Gaceta Oficial, se indica que las aprehensiones en flagrancia son aquellas en las que el sujeto es sorprendido en el momento mismo de cometer el ilícito.

Los policías deberán establecer la hora en que es presentado el detenido ante el Ministerio Público y las características del hecho, para que a partir de ese momento comience la integración de la averiguación previa.

"La autoridad ministerial ante quien sea puesta a disposición una persona, bajo el argumento de que fue detenida en flagrancia, revisará que se acredite la causa formal y material de la restricción de la libertad, a fin de resolver la procedencia o no de su retención.

"Además deberá corroborar que la detención se haya realizado en el momento de la comisión del delito, o inmediatamente después de haberlo cometido", añade.

Aunque ya trabajan bajo estas observaciones en la fiscalía, el propósito de la publicación es reforzar la cultura de los derechos humanos y crear esquemas para su mejor protección.

"Las autoridades involucradas deberán establecer la hora en que la persona sea puesta a disposición del Ministerio Público, dictándose el acuerdo de retención inmediatamente", agrega.

El acuerdo A/009/2014 reitera que la restricción de la libertad no podrá exceder del plazo de 48 horas, que se computarán a partir de que la persona es puesta a disposición del MP.

Es ese tiempo se deberán presentar las pruebas, testimonios y dictámenes periciales a fin de determinar si existen elementos suficientes para consignar o liberar al detenido.

"A la persona sujeta a la medida de retención, se le garantizará, al igual que a todas las personas privadas de su libertad, el ejercicio de sus derechos a la dignidad, a la integridad personas, a la defensa adecuada, a la comunicación y al debido proceso", puntualiza.

Cae banda de secuestradores

Fueron detenidos por elementos de la Unidad Especializada en Secuestro de la PGJE

Redacción

Nogales, Sonora - Nuevo Día

Caen cuatro sujetos señalados como probables responsables del secuestro y asesinato de una persona, además por el intento de privación ilegal de la libertad de otro hombre, informó el Procurador General de Justicia del Estado Carlos Alberto Navarro Sugich.

En un comunicado de prensa, se informó que entre las personas detenidas está el de nombre Alejandro Lobato, de 31 años, originario del Estado de Guerrero, señalado como el autor intelectual de los mencionados delitos.

También fue arrestado José Rey Tejeda Covarrubias de Mena, Francisco Adán Santacruz Robles, de 19 y 32 años respectivamente, además de Germán Moroyoqui Navarro, de 40, originario de Ciudad Obregón y Jesús Antonio Romo Meras, de 35, por el delito de tentativa de secuestro y asociación delictuosa, originario de Ciudad Obregón.

El fiscal del Estado manifestó que el arresto de las mencionadas personas lo realizaron Agentes de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, en coordinación con el Agente del Ministerio Público del Fuero Común.

Los sospechosos son señalados por el delito de privación ilegal de la libertad de José Raymundo González Rivera, de 56 años, en sucesos ocurridos el pasado 29 de marzo, en Ciudad Obregón, a quien dieron muerte días después de su secuestro, informó el vocero de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

Otro de los delitos por el cual son investigados es por el intento de secuestro de una persona del sexo masculino, en la población de Bacum, pero al oponer resistencia, sólo fue despojado del auto y la cantidad de diez mil pesos.

Los plagiarios se accidentaron cuando huían a bordo del vehículo de su reciente víctima, lográndose el arresto de Romo Meras en el lugar del percance.

Los detenidos confesaron su participación en el secuestro y homicidio de José Raymundo González Rivera y en la tentativa de secuestro del residente de Bacum, además, señalaron a Jesús Antonio Romo Meras como integrante de la banda de secuestradores.

Por el delito de secuestro agravado podrían alcanzar una pena de 40 a 70 años de prisión y por asociación delictuosa, de tres a ocho años de cárcel, semencionó.

Ocho secuestros por día en lo que va del sexenio

De acuerdo con la organización, en lo que va del sexenio se han registrado más de 4,000 plagios, casi el doble de los que reporta el gobierno.

De diciembre del 2012 a abril del 2014, es decir, desde el inicio de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, en el país se han registrado 4,159 secuestros, informó la organización civil Alto al Secuestro, dirigida por Isabel Miranda de Wallace.

El promedio diario de plagios cometidos en todo el territorio mexicano fue de ocho. Sin embargo, estas cifras difieren de las reportadas por las procuradurías estatales al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ya que en total se registraron 2,395 secuestros.

Del 1 de diciembre del 2012 al 30 de abril del 2014, la tasa nacional por cada 100,000 habitantes fue de 2.9 casos. Siete entidades se encuentran por arriba de esta cifra: Morelos, Guerrero, Tamaulipas, Tabasco, Zacatecas, Estado de México y Michoacán.

Diez entidades (Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Morelos, Estado de México y Zacatecas) y el Distrito Federal concentran el mayor número de secuestros, ya que en conjunto acumulan 83.8% del total.

La activista, cuyo hijo Hugo Alberto Wallace fue secuestrado y no encontrado, afirmó que los secuestros en abril respecto de marzo registraron una disminución de 7%, ya que en abril se reportaron 204 casos mientras que un mes atrás la cifra fue de 220 plagios.

De los casos reportados en abril (204) la Procuraduría General de la República atendió 65, equivalente a casi 32%, mientras que el resto estuvo a cargo de las procuradurías estatales.

La ex candidata a la Jefatura de Gobierno refirió también que los cinco municipios con mayor incidencia del delito de secuestro en el Estado de México son: Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Cuautitlán Izcalli, Chalco y Chimalhuacán. Mientras que en Morelos son: Cuernavaca, Cuautla, Jiutepec, Temixco y Emiliano Zapata.

Asimismo, Acapulco, Chilpancingo, Taxco, Tecpan de Galeana, Teloloapan y Tlapa de Comonfort son los municipios con más plagios en Guerrero. En Tamaulipas son Tampico, Victoria, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros.

Mientras que en el Distrito Federal las delegaciones que concentran más privaciones de la libertad son: Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Tlalpan, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Coyoacán. En Michoacán, uno de los estados más afectados por la violencia e inseguridad, los municipios de Morelia, Uruapan, Zitácuaro, Lázaro Cárdenas y Zamora son los que tienen más reportes de secuestros.

Sobre el perfil de las víctimas, Wallace afirmó que 71% de las víctimas pertenece al género masculino, mientras que la edad de mayor prevalencia para ser plagiado es de 21 a 30 años (24 por ciento).

El 70% de las víctimas de secuestro son asalariados, comerciantes, estudiantes y profesionistas. Además, sólo 69% de los plagiados fue liberado.

veronica.macias@eleconomista.mx

EN HOMENAJE, AL CUMPLIRSE EL SÉPTIMO ANIVERSARIO DEL HOMICIDIO DEL LIC. JOSE NEMECIO LUGO FELIX.

Buen día, un dia como hoy asesinaron a mi hermano JOSE Nemecio LUGO Felix, , hace 7 años hoy lo recordamos con melancolía y dolor, mas sin embargo seguimos avanzando haciendo cada día lo que el mas deseaba hacer y hacia...

ayudar al las mujeres y los niños en situación de TRATA, explotados y pervertidos por una sociedad cada día mas empobrecida por la discordia y la envidia... GRACIAS A TODOS Y A TODAS POR SUS ATENCIONES.



Hoy iniciamos también con las actividades de apoyo y asesorías en NOGALES SONORA...




CALF.

Diputados duplican penas por secuestro

El decreto es avalado con 293 votos en favor, una abstención y 96 votos en contra. ARCHIVO

El dictamen es turnado al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales

La pena máxima será de 80 a 140 años de cárcel y de 12 mil a 24 mil días de multa

CIUDAD DE MÉXICO (29/ABR/2014).- El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la minuta del Senado para duplicar las penas de prisión y multas en las diferentes modalidades de secuestro, y la máxima será de 80 a 140 años de prisión y de 12 mil a 24 mil días de multa para quien prive de la vida a la víctima.

El decreto fue avalado con 293 votos en favor, una abstención y 96 votos en contra, por lo que se turnó al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

En el debate que duró alrededor de una hora con 50 minutos la mayoría de la izquierda representada por los diputados y diputadas del PRD, Movimiento Ciudadano y Partido del Trabajo rechazaron el aumento de las penas para este delito hasta 140 años.

Argumentaron que eso no resolverá el problema de fondo, en virtud de que es la impunidad lo que se tiene que combatir junto con la corrupción que existe en el Sistema Penal mexicano.

Mientras los diputados del PAN, y principalmente del PVEM y PRI, se pronunciaron a favor de la propuesta legislativa de elevar las penas de 40 hasta 140 años de cárcel, dependiendo de la modalidad de secuestro, delito que calificaron de los más lacerantes y graves en el país.

Además en el argumento se indicó que esta reforma obedece a la demanda de la población para castigar este delito que lesiona la paz familiar y a la nación.

"Este delito involucra no sólo la lesión de uno de los bienes jurídicos más importantes del ser humano, como es la libertad, sino también una serie de implicaciones y consecuencias que suponen severas amenazas para el bienestar y adecuado desarrollo de la sociedad por la forma en que se lleva a cabo", señaló el diputado Guillermo Anaya.

El legislador del Partido Acción Nacional (PAN) indicó que el objetivo de esta reforma consiste en la duplicación de penas a los delitos en materia de secuestros, ya sea el tipo simple, el llamado exprés, la toma de rehenes, la simulación y la obstrucción de investigación.

En el documento aprobado se precisa que estas sanciones mayores se aplicarán si los autores o partícipes del secuestro privan de la vida al secuestrado.

Las diferentes condenas según el delito 

El dictamen surge de una iniciativa presentada el 25 de febrero pasado por la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado y reforma la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, y considera los tipos derivados en cuestión de circunstancia, sujeto activo o relación.

El Artículo 9 prevé que al que prive de la libertad a otra persona se le aplicarán de 40 a 80 años de prisión y de mil a cuatro mil días de multa.

En el Artículo 10 se precisan penas de 50 a 90 años de prisión y de cuatro mil a ocho mil días de multa si el secuestro se realiza en camino público o en lugar desprotegido o solitario, así como cuando se lleve a cabo en grupo de dos o más personas, con violencia y que se allane el inmueble en el que se encuentra la víctima.

Asimismo que la víctima sea menor de 18 años o mayor de 60, o que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o capacidad para resistirlo o que sea una mujer en estado de gravidez.

En el mismo artículo, en una fracción II se establecen penas de 50 a 100 años de prisión y de ocho a 16 mil días de multa si los autores sean o hayan sido integrantes de alguna institución de seguridad pública, de procuración oadministración de justicia, o de las Fuerzas Armadas mexicanas, o se ostenten como tales sin serlo.

También que el o los autores tengan vínculos de parentesco, amistad, gratitud, confianza o relación laboral con la víctima o persona relacionada con ésta, o que durante su cautiverio se cause a la víctima alguna lesión de las previstas en los artículos 291 a 293 del Código Penal federal.

Estas son: lesiones que perturben para siempre la vista o disminuya la facultad de oír, entorpezca o debilite permanentemente una mano, un pie, un brazo, una pierna o cualquier otro órgano, el uso de la palabra o alguna de las facultades mentales y lesiones que pongan en peligro la vida.

Asimismo que en contra de la víctima se hayan ejercido actos de tortura o violencia sexual y que durante o después de su cautiverio, la víctima muera debido a cualquier alteración de su salud que sea consecuencia de la privación de la libertad, o por enfermedad previa que no hubiere sido atendida en forma adecuada por los delincuentes.

En el Artículo 11 las mayores penas son de 80 a 140 años de prisión y multas de 12 a 24 mil días si los autores o partícipes privan de la vida al secuestrado.

En el Artículo 12, en caso de que espontáneamente se libere a la víctima dentro de los tres días posteriores al secuestro, la pena será de cuatro a 12 años de prisión y de 100 a 300 días de multa.

No obstante, si a la víctima se le hubiere causado alguna lesión prevista en los artículos 291 y 293 del Código Penal federal, la pena será de 18 a 32 años de prisión y de 600 a mil días de multa.

En caso de que espontáneamente se libere al secuestrado dentro de los primeros 10 días, la prisión será de 26 a 32 años y de 500 a mil días de multa.

En el Artículo 13 se contemplan penas de 200 a 700 jornadas de trabajo en favor de la comunidad al que simule por sí o por interpósita persona la privación de su libertad.

En tanto, en el artículo 14 se estipulan penas de cuatro a 16 años de prisión al que simule la privación de la libertad de otra persona.

El Artículo 15 señala que se aplicarán penas de cuatro a 16 años de prisión y de mil 400 a tres mil días de multa al que, sin haber participado de manera directa, adquiera o reciba el producto de las acciones, a sabiendas de esta circunstancia.

También establecen condenas a co partícipes 

También a quien preste auxilio o cooperación, a quien oculte o favorezca el ocultamiento del responsable y/o altere, modifique o destruya ilícitamente el lugar, huellas o vestigios de los hechos delictivos a que se refiere esta ley y desvíe u obstaculice la investigación, a fin de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia.

En el Artículo 16 existen penas de cuatro a 16 años de prisión y de 400 a dos mil días de multa al servidor público que divulgue, sin motivo fundado, información reservada o confidencial relacionada con las conductas sancionadas por esta ley, así como que revele, sin motivo fundado, técnicas aplicadas a la investigación.

En el Artículo 17 se establecen penas de nueve a 26 años de prisión y de 400 a dos mil días de multa al servidor público que se abstenga de denunciar ante el Ministerio Público o ante la policía la comisión de estos delitos.

Ello teniendo atribuciones en materia de prevención, investigación, procuración o impartición de justicia, así como de vigilancia y custodia en los centros de privación de la libertad o penitenciaria.

El dictamen reforma de igual manera el Artículo 25 del Código Penal federal para establecer que el límite máximo de la duración de la pena de privación de la libertad, hasta por 60 años, contemplada en ese artículo, no aplicará para los delitos sancionados en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro.

Después de su aprobación el diputado Alfonso Durazo, de Movimiento Ciudadano, desde su curul, recordó que el lunes se destacó y calificó de increíble que se previera en la Ley de Protección Civil la caída de un meteorito que podría provocar un desastre.

"Es más fácil que nos caiga un meteorito, a que un ser humano viva 140 años", indicó.

Senado aprueba hasta 140 años de 

cárcel a secuestradores

El dictamen se aprueba sin discusión con 61 votos a favor, 22 en contra y cinco abstenciones. 

El PVEM propone 40 años para el secuestro y 140 para quienes asesinen a su víctima

El dictamen es turnado a la Cámara de Diputados para su análisis

CIUDAD DE MÉXICO (21/ABR/2014).- El Senadode la República aprobó sin discusión la reforma que establece una pena de hasta 140 años de cárcel a los secuestradores que asesinen, mutilen o violen a sus víctimas.

En la sesión ordinaria de hoy, ya sin el rechazo del PRD en el debate a dicho dictamen promovido por el PVEM, se aprobó con 61 votos a favor, 22 en contra y cinco abstenciones la reforma a la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Secuestro; y al Código Penal Federal.

En la última sesión previa a la Semana Santa, la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) rompió el quórum cuando se votaba esta reforma.

Su argumento entonces fue que era inconstitucional, ya que se trata de una virtual cadena perpetua, no combatiría a fondo el delito de secuestro, y era una iniciativa de "populismo penal y legislativo".

La reforma del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que formó parte de sus compromisos de campaña, plantea que la pena mínima para el tipo básico de secuestro sea de 40 años, y si matan a la víctima, la pena máxima sería de 140 años de prisión.

Asimismo, se prevé también elevar las penas para los servidores públicos que revelen información o no denuncien este delito ante el Ministerio Público. El dictamen fue turnado a la Cámara de Diputados para su análisis.

Secuestro en México, un panorama desolador

El coordinador nacional antisecuestros, Renato Sales, relató un panorama negro en el combate a ese delito, ya que desde el 2009, el fondo de apoyo para las víctimas de secuestro está vacío; hay “cifras negras” del delito creadas en los gobiernos estatales; la corrupción en los penales incentiva que los reos “sigan extorsionando hasta saliendo del penal, mucho antes del pase de lista a delinquir”; la investigación en las procuradurías está desmantelada y prácticamente todos los cárteles de la droga también se dedican al secuestro.

Entrevistado por El Economista, Sales Heredia afirma que planteará este panorama al Comité Especial de Seguimiento y Evaluación de las acciones para prevenir, investigar, sancionar y erradicar el delito de secuestro, que sesionará el próximo 20 de febrero. “Si yo veo que no puedo, renuncio yo”, dice.

Renato Sales dijo que propondrá la creación de la unidad especializada de combate al secuestro que cuente con fiscales especializados propios, agentes del Ministerio Público especializados, negociadores, análisis táctico, inteligencia y áreas de atención específicas para las víctimas. Manifestó que el Ejecutivo federal podría crearla como reglamento de la ley general antisecuestro.

“Tenemos que construir una unidad especializada de combate al secuestro modélica a nivel federal, eso es lo que tenemos que hacer, en mi opinión”.

—¿Cuál es su diagnóstico del delito?

Se concentra en 10 entidades federativas; 74% de la incidencia delictiva se concentra en los estados de Morelos, Guerrero, Tamaulipas, Michoacán, Tabasco, Durango, Veracruz, Oaxaca, Zacatecas y el Estado de México.

El enfrentamiento entre las bandas ha generado la dispersión y también la atención del Estado en la detención de algunas muy peligrosas. Esto ha generado atomización, y esa atomización se ha traducido en la incidencia creciente del delito de extorsión, que buena parte sigue proviniendo de los centros penitenciarios, y el nivel de seguridad que existen en estos penales locales es ínfimo en muchas ocasiones, esto permite que las personas ahí sigan extorsionando hasta saliendo del penal mucho antes del pase de lista a delinquir que es absurdo y es terrible, pero hay que hacernos cargo de estas cuestiones.

Otra cuestión es el incentivo perverso que tiene que ver con la disminución de apoyos de Fondo de Aportaciones de Seguridad Pública (FASP), cuando una entidad federativa en la estadística tiene más averiguaciones previas iniciadas, como si ésta fuera retrato absoluto de lo que acontece en delitos de esta índole donde hay una gran cifra negra.

—Eso es un maquillaje de cifras, ¿no?

El incentivo perverso es que si tú disminuyes averiguaciones previas recibías más apoyo, si incrementabas tu número de averiguaciones previas reportadas, recibías menos apoyo, te ponían semáforo en rojo y te exhibían en el Consejo Nacional de Seguridad Pública. ¿Qué incentivaba eso? “Esto no lo manejes como averiguación previa, aunque sea un secuestro, manéjalo como acta circunstanciada o vamos a negociar y obtener solamente un delito, obtener la liberación de la víctima, pero no reportes esto como averiguación”, entonces, muchas veces no se seguía con la investigación porque no estaba iniciada la averiguación.

—¿Cómo acabar con esta situación?

Suprimir con ese incentivo perverso, que no se deje de apoyar al que reporte más, ni se apoye al que reporte falazmente menos. Se tiene que evaluar objetivamente.

—¿Hay gobernadores que bajaron la guardia en contra del secuestro?

Sí, pero vamos a ver para adelante. Se trata de ir solucionando esos problemas. No es que las unidades antisecuestro estén en el abandono total. Las procuradurías son las que están en el abandono total, que tampoco es específica de gobierno estatal, es una política nacional para nuestro infortunio. Abandonaron las procuradurías a costa de las secretarías de Seguridad Pública, como en la Federación.

—¿Cómo van a enfrentar el secuestro así de desmanteladas?

Pues ahora estamos haciendo frente conjuntamente.

—¿El bloqueo de señal de celulares en los penales es la utopía?

Basta para que no sea una piedra más en el camino del infierno que no se maneje desde el interior de la presión. Que no tengan ellos (autoridades penitenciarias estatales) la posibilidad de manejar el switch, que quien lo maneja sea una persona que no esté vinculada con el centro. 

—¿Y quién puede ordenar eso?

Eso ya está. Como se adquieren con fondos del FASP, y quien supervisa y aporta es la Federación, entonces eso se va a manejar así. Es un acuerdo con la Conago, es un acuerdo con la Secretaría de Gobernación. Yo creo que va a mantenerse subido, que es así como debe mantenerse, y lo va a controlar gente vinculada a la Secretaría de Gobernación.

—¿De qué monto dispone el fondo para la reparación del daño?

Este fondo hay que consolidarlo, este fondo no tiene ahorita recursos. Este fondo que se compone por recursos de bienes decomisados adicionales por bienes que causan abandono y proveniente de las fianzas o garantías, no existe en este momento. Hay que construirlo.

—¿Y cómo operaba la ley antisecuestros desde el 2009 si no existe?

Ése es el punto, que hay muchas leyes en nuestro país que se quedan ahí mismo, en el mundo del deber ser.

—¿Ya lo sabe el Secretario de Gobernación? 

Sí, es algo que hemos comentado.

—¿Y qué dice?

Estamos viendo cómo agilizar este tema. 

—Cuando se le nombró coordinador antisecuestros, Alejandro Martí le pidió su renuncia si no podía…

Si no pueden, renunciamos todos. Si no podemos, renunciamos todos. Si yo veo que no puedo, renuncio yo. Si ellos me dicen que no puedo yo, renuncio yo. Si ellos ven que no pueden que renuncien ellos.

Vía NSS

En México, nueve de cada diez suecuestros que ocurren no son denunciados, reconocen las autoridades.

México lanza el decálogo contra el secuestro

Getty Images

En México, nueve de cada diez suecuestros que ocurren no son denunciados, reconocen las autoridades.

México anunció una estrategia nacional para combatir el secuestro, un delito que ha ido a la alza pese a varios intentos de gobiernos anteriores para contenerlo y que hoy alcanza según las propias autoridades tintes de una "emergencia" nacional.

“En México, nueve de cada diez suecuestros que ocurren no son denunciados”

Datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) indican que el año pasado fueron denunciados 1,695 secuestros en México, cifra 20% superior a la de 2012, lo que confirma una tendencia al alza.

Sin embargo, las propias autoridades reconocen que la cifra negra de casos no denunciados supera el 90%, es decir que nueve de cada diez suecuestros que ocurren no son denunciados.

El Instituto Nacional de Estadística estimó en septiembre pasado que el número de casos reales podría superar los 105 mil secuestros.

Los 10 estados con más secuestros son: Durango, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Morelos, Tabasco, Oaxaca, Veracruz, Tamaulipas y Zacatecas. Estos estados, según el gobierno, concentran el 74% de la incidencia del secuestro y se han visto afectados por la violencia del narcotráfico, que ha provocado alertas incluso fuera del país.

Solo entre abril y noviembre de 2013 se reportó el secuestro de 90 estadounidenses en México, según el Departamento de Estado.

El decálogo contra el secuestro

La estrategia apunta a combatir uno de los delitos que ha empañado los intentos del presidente Enrique Peña Nieto por combatir la inseguridad y la violencia en México, un país marcado en la primera década del siglo XXI por diversas acciones cruentas de carteles de las drogas.

1. Priorización del uso de la inteligencia por encima de la fuerza a través de nuevo equipo tecnológico.

2. Fortalecer las unidades antisecuestro de los estados.

3. Homologar el marco jurídico de las entidades.

4. Crear una base nacional de datos criminales en materia de plagio.

5. Promover en medios la prevención y la denuncia.

6. Protocolo único de atención del secuestro.

7. Vigilancia a elementos de unidades antisecuestro.

8. Aislar a plagiarios en penales de alta seguridad.

9. Apoyar programas de atención a víctimas y a sus familias

10. Estricta evaluación y seguimiento de todas las acciones. Para ello el comité de evaluación incluirá a representantes del gobierno y cuatro de la sociedad civil.

El funcionario que estará al frente de esta coordinación entre autoridades federales y locales es Renato Sales, quien hasta ahora fue titular desde el pasado junio de la Subprocuraduría (vicefiscalía) de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo. Anteriormente se desempeñó como fiscal del estado de Campeche (este).

La Coordinación Nacional Antisecuestro contará con un comité de vigilancia integrado por funcionarios y dirigentes de organizaciones de la sociedad civil como Alejandro Martí (México SOS) y la excandidata a la alcaldía de Ciudad de México Isabel Miranda de Wallace (Alto al Secuestro), ambos empresarios que perdieron un hijo a manos de secuestradores.

©Univision.com

LAS REDES SOCIALES, INSTRUMENTO DE LA TRATA SI NO SE TIENE CUIDADO.

Víctima recomienda extremar cuidado en redes sociales


Recomienda tener cuidado con los datos personales que se publican en la web.
La escritora colombiana Marcela Loaiza quien fue víctima de trata, cuenta su historia

TLAXCALA La escritora colombiana Marcela Loaiza, quien fue víctima de una red internacional de tratantes de personas, recomendó a los jóvenes extremar precauciones al utilizar redes sociales en Internet como Facebook, ya que son una herramienta que utiliza la delincuencia para "enganchar".

Entrevistada durante un encuentro de Organizaciones No Gubernamentales que se desarrolló en Tlaxcala, la escritora dijo que la delincuencia está utilizando la Internet para ubicar y engañar a los jóvenes, por lo que "deben extremar y tener mucho cuidado con los datos que suben a las redes sociales".

Explicó que "soy colombiana y sobreviviente de trata de personas, dirijo una organización que lleva mi nombre y he escrito los libros en los que prevengo sobre la trata de personas, el primero es Atrapada por la Mafia Yakuza, y el segundo Lo que Fui y lo que Soy".

Expuso que su organización realiza labores en diversos países de Latinoamérica y en Estados Unidos, "tenemos apoyo con la embajada americana y el Departamento de Estado para prevenir sobre la trata de personas por medio de la tecnología".

Durante el evento, denominado TechCamp, en el cual participaron diversas agrupaciones civiles mexicanas, y el que tuvo la finalidad de capacitar a estos organismos en el uso de tecnologías informáticas para realizar mejor su trabajo, dijo que los traficantes, "por medio de las redes sociales quieren enganchar".

Sin embargo, "si los tratantes llegaron ahí -al Internet- nosotros podemos contrarrestar, utilizando de una manera muy práctica las redes sociales para prevenir, sensibilizar y generar concienciar" sobre este delito.

"Mi mensaje personal es que tengan mucho cuidado con que información sueltan en las redes sociales, tengan mucho cuidado con el tipo de fotos que bajan y que sobre todo investiguen quién les está haciendo ofertas laborales, de estudio o de amistad".


Asimismo, que investiguen las páginas que ofrecen trabajo o estudios en el extranjero, si es el caso, "que tengan mucho cuidado, ese es mi consejo".

Respecto al TechCamp dijo que se trata de un evento que busca "ayudar a las organizaciones sobre como por medio de la tecnología pueden avanzar en su trabajo".

La activista dijo que ella fue "enganchada" en Colombia cuando tenía 21 años, "fui secuestrada de Colombia a Japón, viví la explotación sexual por 18 meses".

"Ellos -los tratantes- inicialmente me engancharon porque tenía una situación difícil, era una chica de bajos recursos y de poca educación, me ofrecieron una oportunidad de empleo, me prestaron para pagar gastos ya que tenía una deuda en un hospital porque mi hija estaba enferma". Sin embargo, la deuda inicial de 500 dólares la convirtieron al 47 mil dólares.

Resaltó que después de 18 meses logró escapar de los delincuentes japoneses, que eran miembros de la Mafia Yakuza, "pero en los meses que estuve secuestrada viví la explotación sexual en todas sus modalidades, que es lo más degradante que cualquier ser humano pueda vivir".

Explicó que pudo huir con el apoyo de un cliente y una amiga, "quienes me ayudaron a escapar, fui a la embajada colombiana en Tokio, y ellos me repatriaron a Colombia".

Loaiza señaló que después de recibir terapia sicológica por tres años, ahora que está recuperada busca compartir su experiencia para prevenir a las y los jóvenes.

"Es ahí donde empieza ya la nueva Marcela, previendo sobre la trata de personas, pues mi objetivo es mostrarles a todas las mujeres, hombres y niños que han vivido ese delito que se puede salir adelante, la manera como yo lo digo es: se puede salir del pantano".

Enfatizó que "sí yo estuve ahí, en ese fango, podemos salir adelante, no es fácil, es una lucha difícil, pero es querer, querer salir de ahí".

"No vivir como víctimas, sufrir como víctimas para que me ayuden, no, podemos a través de nuestra historia prevenir y concientizar a las mujeres del mundo entero", dijo.

Resaltó que la trata de personas se puede prevenir "hablando, denunciando, contar, mostrar todas las modalidades de la explotación como son la mendicidad ajena, la venta de órganos, el matrimonio servil, la explotación laboral y la explotación sexual", detalló.

Sobre todo hacer campañas masivas, "las organizaciones pueden mostrar sin muchos recursos qué es la trata de personas, de una manera clara y explicita para que la gente sepa", refirió la escritora.

Asimismo, dijo que "ser víctima de trata es un tatuaje que se lleva en el alma, nadie lo ve pero está ahí en tu corazón, entonces la mejor manera de ayudar a nuestros hijos es hablando, mostrar este delito y denuncio.

el informador.

LA SEGURIDAD Y EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS EN MEXICO

Derechos humanos la gran deuda del gobierno federal

México, DF

Más de 90 mil militares “patrullan” ciudades y áreas rurales… carreteras, calles, plazas. Lejos de combatir la criminalidad, la presencia de esos 76 mil 546 soldados y 17 mil 25 marinos en labores de seguridad pública ha incrementado las violaciones graves a los derechos humanos.

Privación de la vida, desaparición forzada, tortura y tratos crueles son algunas de las consecuencias directas de la militarización del territorio mexicano. Ésta junto con el incremento de la violencia atribuida al crimen organizado son las secuelas vigentes de la “guerra” contra el narcotráfico que impulsó el expresidente Felipe Calderón durante su administración, y que se ha continuado en la actualidad.

En ese contexto, más de 17 mil civiles fueron asesinados en el primer año del gobierno de Enrique Peña Nieto, indica información del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

De esas víctimas mortales, al menos una veintena eran defensores de los derechos humanos. En esa lista se anota el nombre de Luis Olivares Enríquez, líder de la Organización Popular de Productores de Costa Grande, y su esposa Ana Lilia Gatica Rómulo, asesinados el 10 de noviembre pasado en Coyuca de Benítez, Guerrero. Ambos eran opositores a la actividad minera y a la tala clandestina.

Rocío Mesino Mesino es otra activista que integra esa lista. La dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur fue ejecutada el 20 de octubre en Atoyac, Guerrero. También se apunta a Herón Luciano Sixto López, integrante del Centro de Orientación y Asesoría a Pueblos Indígenas, asesinado el 20 de julio en San Sebastián Tecomaxtlahuaca, Oaxaca.

Entre los activistas victimados están los dirigentes de la Unidad Popular. Arturo Hernández Cardona, Rafael Banderas Román y Ángel Román Martínez fueron asesinados a inicios de junio de 2013 en Iguala, Guerrero.

Para Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, la crisis que aún enfrenta el país se debe, en parte, a la militarización: es un problema que se complica sobre todo en los pueblos originarios.

Agrega: “no ha cedido; al contrario, se ha incrementado la presencia de militares y esto ha hecho que los abusos y los casos que siguen afectando la situación de los pueblos indígenas [de Guerrero] se sigan dando”.

Respecto del actual gobierno federal, el defensor de derechos humanos indica: “en este año se han incrementado la violencia y la inseguridad, y el sistema de justicia no ha podido garantizarle a las víctimas acceso real y, sobre todo, apropiado para que tengan justicia”.

Tales son los casos de los seis periodistas que se cuentan entre las víctimas de 2013, y que continúan impunes. Se trata de los crímenes de Jaime Guadalupe González, cuyo homicidio ocurrió en Chihuahua el 3 de marzo; Alonso de la Colina Noriega, asesinado el 14 de abril en Puebla; Daniel Alejandro Martínez Bazaldúa, ejecutado en Coahuila el 24 de abril; Mario Ricardo Chávez Jorge, victimado el 26 de junio en Tamaulipas; Alberto López Bello, asesinado en Oaxaca el 17 de julio; y Alberto Angulo Gerardo, cuya muerte violenta ocurrió el 6 de noviembre en Sinaloa.

Crisis humanitaria, vigente

En materia de derechos humanos hay muchos temas pendientes, asegura Jaqueline Sáenz Andujo, coordinadora del Programa de Derechos Humanos de Fundar, Centro de Análisis e Investigación. Uno de ellos, indica, es la crisis humanitaria que vive el país.

“La militarización sigue y la violencia sigue, y pareciera que lo que ha cambiado es el discurso: que en la CNDH [Comisión Nacional de los Derechos Humanos] tenemos menos quejas ahora, menos recomendaciones.”

Y es que aunado a los miles de asesinatos, la población continuó sufriendo desapariciones forzadas, levantones, secuestros. El Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos Hasta Encontrarlos señala que en este año ocurrieron 68 desapariciones de carácter político.

La situación que enfrenta el país es tal que preocupa a los 87 países que intervinieron en el Examen Periódico Universal de México, ocurrido en octubre de 2013, considera Javier Hernández Valencia, representante en México de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“Ésta no es una preocupación de personas, de individuos y en particular de mi persona, sino de 87 países. El Consejo [de Derechos Humanos de la ONU] tiene 47 miembros, esto quiere decir que muchos más países de los que sólo participan del Consejo han tenido interés en el tema mexicano. Entre esos 87 países estuvieron 14 de América Latina y el Caribe. Es decir, no son sólo europeos y del Norte, del mundo industrial o del primer mundo quienes tienen preocupación y quieren mantener un diálogo vivo para mejorar la situación de los derechos humanos en México; son también países hermanos de sangre, de cultura, de lengua. También intervinieron los cinco países miembros permanentes del Consejo de Seguridad.”

Consultado el 27 de noviembre de 2013 al término de su participación en la presentación del reporte Jurisdicción militar y derechos humanos: elementos para las reformas pendientes –editado por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan–, Hernández Valencia señaló que la situación de México en materia de derechos humanos sí sigue siendo una preocupación para la Oficina de la Alta Comisionada. Por ello dijo: “Estamos tratando de ayudar a que estos debates produzcan, tanto a nivel legislativo como a nivel de conductas, de cambio institucional, de reformas en políticas públicas, los cambios que las ciudadanas y ciudadanos han pedido desde hace mucho tiempo”.

Crímenes de lesa humanidad

Ese tiempo del que habla Hernández Valencia se remonta a la Guerra Sucia, pero sobre todo se centra en el sexenio pasado. Y es que de 2007 a 2012 se registraron más de 100 mil asesinatos de civiles, 30 mil desapariciones y 250 mil desplazamientos por violencia, entre otras consecuencias de la militarización y la criminalidad.

Desde diciembre de 2006, cuando se inició la supuesta “guerra” contra el narcotráfico, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha investigado y documentado más de 7 mil quejas por presuntas violaciones en las que incurrieron agentes del Estado –federales, estatales y municipales– en contra de civiles.

Los reportes generales de las quejas –de los que Contralínea obtuvo copias por medio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental– refieren que hasta enero de 2013 ese organismo autónomo abrió 210 expedientes por los delitos de “privación de la vida” y “violación al derecho a la vida”, es decir, asesinatos cometidos por servidores públicos de los tres niveles de gobierno, pero en su mayoría por las fuerzas federales.

El primer expediente relacionado con una ejecución extrajudicial en este gobierno implicó a personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa. De acuerdo con el Reporte general (quejas) de la CNDH, se trata del archivo 2012/10930-Sin-2, abierto el 18 de diciembre de 2012 por tres presuntas violaciones: emplear arbitrariamente la fuerza pública, imputar indebidamente hechos y privar de la vida.

De diciembre de 2006 a enero de 2013, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos también integró 437 expedientes por desaparición forzada; 95 por tortura; y 6 mil 667 por tratos crueles, inhumanos y degradantes, que también pudieron constituir hechos de tortura. Cada expediente se refiere a una o más víctimas y siempre implica a servidores públicos.

Las tres primeras quejas por desaparición forzada que recibió la CNDH en este sexenio presuntamente involucran a integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Policía Federal. Así lo indican los expedientes 2012/138613, 2012/ 139959 y 2013/10633.

El primero de ellos, que se registró el 17 de diciembre de 2012, indica: “Manifiesta el quejoso que aproximadamente a las 19:00 horas del 4 de diciembre de 2012 arribaron a su domicilio un regimiento de militares y navales debidamente uniformados y encapuchados en varios vehículos, introduciéndose al mismo con lujo de violencia deteniendo arbitrariamente a [la víctima], sin mostrar ninguna orden para ello; que la golpearon, la envolvieron en una sábana y se la llevaron, sin conocer su paradero, ya que no ha sido puesta a disposición de ninguna autoridad”.

El diario.

Colombia, país de origen, tránsito y destino de la trata de personas

Esta problemática pasa desapercibida, según informe. 70 mil personas son víctimas de este flagelo.

Colombia es un país de origen, tránsito y destino de las distintas modalidades de trata de personas, flagelo que, según un informe de la organización no gubernamental Women's Link Worldwide presentado este viernes en Bogotá, pasa desapercibido en el país.

El documento titulado ‘La trata y la explotación en Colombia: no se quiere ver, no se puede hablar’ se basa en un informe realizado en las regiones colombianas del Eje Cafetero y del Valle del Cauca.

El informe cita que, según la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), unas 70.000 personas son víctimas de la trata de personas cada año en Colombia.

Los investigadores recabaron la información en 18 entrevistas con organizaciones civiles y líderes sociales y convocaron cinco grupos focales en los que participaron 130 mujeres, niñas y adolescentes y entrevistas individuales con víctimas de la trata y explotación de personas.

El documento expone que las mujeres y niñas tienen mayor posibilidad de ser víctimas de este delito y agregó que la situación económica y la afectación del conflicto son determinantes para quienes son vulnerables a este delito.

Algunas mujeres o niñas buscan mejores opciones laborales y las redes de trata y tránsito de personas las utilizan para actividades relacionadas con el cuidado de personas, actividades domésticas y como "proveedoras sexuales".

El informe añade que según la investigación y los reportes revisados, Colombia es un país de origen para mujeres y niñas que son trasladadas a países de Europa occidental y del Este, de Asia, Centroamérica, Suramérica, el Caribe y Estados Unidos.

De hecho, se trata del segundo país de origen de víctimas de trata de personas por detrás de Brasil, según la Fiscalía General de la Nación de Colombia.

Por su ubicación geográfica, en el punto más septentrional de Suramérica y bañado por los océanos Pacífico y Atlántico, Colombia es un país de tránsito para víctimas que proceden de otros países suramericanos y africanos, con destino a Europa y a Estados Unidos.

También destaca un fenómeno del tránsito de personas de origen chino hacia Estados Unidos. Como país destino de trata de personas, Colombia recibe sobre todo mujeres y niñas ecuatorianas, en su mayoría indígenas y adultas para ser explotadas en trabajos de toda índole.

Los grupos armados colombianos también reclutan niños y niñas de Ecuador para integrar sus filas, mientras otros particulares también toman a menores indígenas de ese país con fines de explotación laboral y sexual en Colombia.

En la zona del Eje Cafetero, que comprende los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío, la trata de personas se convirtió en una práctica frecuente de las economías familiares y tiene habitualmente fines de explotación sexual, aunque también se registran objetivos laborales, de mendicidad ajena y "matrimonio servil".

Esta modalidad se ha registrado también entre las víctimas del Valle del Cauca, en donde son reclutados también para trabajar en el servicio doméstico y para cometer delitos que incluyen el tráfico de armas y drogas, incluidos menores de edad.

Según el informe, las rutas de la trata trasnacional han dejado de llevar en el pasado a las mujeres vallecaucanas a Aruba y a Holanda para trasladarlas hasta Panamá, España, Italia, Japón, Perú, Argentina, Chile, Bolivia, Japón, Indonesia, Corea del Sur, Ecuador, y Guatemala.

En Colombia también hay trata interna de personas, según la OIM sobre todo procedentes de los departamentos de Bolívar, Antioquía, Córdoba, Valle, Quindío y Bogotá, con destinos como la capital colombiana, Amazonas, Magdalena, Meta, Bolívar, Nariño, Norte de Santander y Antioquía.

El informe destaca que aunque Colombia ha desarrollado un marco constitucional sólido para prevenir este flagelo, falta reglamentar la Ley 985 de 2005, así como crear conciencia sobre este delito pues la trata interna de personas es invisible, hay "poca identificación de víctimas de esta modalidad" y "un mínimo número de casos investigados y sancionados".