LAS REDES SOCIALES, INSTRUMENTO DE LA TRATA SI NO SE TIENE CUIDADO.

Víctima recomienda extremar cuidado en redes sociales


Recomienda tener cuidado con los datos personales que se publican en la web.
La escritora colombiana Marcela Loaiza quien fue víctima de trata, cuenta su historia

TLAXCALA La escritora colombiana Marcela Loaiza, quien fue víctima de una red internacional de tratantes de personas, recomendó a los jóvenes extremar precauciones al utilizar redes sociales en Internet como Facebook, ya que son una herramienta que utiliza la delincuencia para "enganchar".

Entrevistada durante un encuentro de Organizaciones No Gubernamentales que se desarrolló en Tlaxcala, la escritora dijo que la delincuencia está utilizando la Internet para ubicar y engañar a los jóvenes, por lo que "deben extremar y tener mucho cuidado con los datos que suben a las redes sociales".

Explicó que "soy colombiana y sobreviviente de trata de personas, dirijo una organización que lleva mi nombre y he escrito los libros en los que prevengo sobre la trata de personas, el primero es Atrapada por la Mafia Yakuza, y el segundo Lo que Fui y lo que Soy".

Expuso que su organización realiza labores en diversos países de Latinoamérica y en Estados Unidos, "tenemos apoyo con la embajada americana y el Departamento de Estado para prevenir sobre la trata de personas por medio de la tecnología".

Durante el evento, denominado TechCamp, en el cual participaron diversas agrupaciones civiles mexicanas, y el que tuvo la finalidad de capacitar a estos organismos en el uso de tecnologías informáticas para realizar mejor su trabajo, dijo que los traficantes, "por medio de las redes sociales quieren enganchar".

Sin embargo, "si los tratantes llegaron ahí -al Internet- nosotros podemos contrarrestar, utilizando de una manera muy práctica las redes sociales para prevenir, sensibilizar y generar concienciar" sobre este delito.

"Mi mensaje personal es que tengan mucho cuidado con que información sueltan en las redes sociales, tengan mucho cuidado con el tipo de fotos que bajan y que sobre todo investiguen quién les está haciendo ofertas laborales, de estudio o de amistad".


Asimismo, que investiguen las páginas que ofrecen trabajo o estudios en el extranjero, si es el caso, "que tengan mucho cuidado, ese es mi consejo".

Respecto al TechCamp dijo que se trata de un evento que busca "ayudar a las organizaciones sobre como por medio de la tecnología pueden avanzar en su trabajo".

La activista dijo que ella fue "enganchada" en Colombia cuando tenía 21 años, "fui secuestrada de Colombia a Japón, viví la explotación sexual por 18 meses".

"Ellos -los tratantes- inicialmente me engancharon porque tenía una situación difícil, era una chica de bajos recursos y de poca educación, me ofrecieron una oportunidad de empleo, me prestaron para pagar gastos ya que tenía una deuda en un hospital porque mi hija estaba enferma". Sin embargo, la deuda inicial de 500 dólares la convirtieron al 47 mil dólares.

Resaltó que después de 18 meses logró escapar de los delincuentes japoneses, que eran miembros de la Mafia Yakuza, "pero en los meses que estuve secuestrada viví la explotación sexual en todas sus modalidades, que es lo más degradante que cualquier ser humano pueda vivir".

Explicó que pudo huir con el apoyo de un cliente y una amiga, "quienes me ayudaron a escapar, fui a la embajada colombiana en Tokio, y ellos me repatriaron a Colombia".

Loaiza señaló que después de recibir terapia sicológica por tres años, ahora que está recuperada busca compartir su experiencia para prevenir a las y los jóvenes.

"Es ahí donde empieza ya la nueva Marcela, previendo sobre la trata de personas, pues mi objetivo es mostrarles a todas las mujeres, hombres y niños que han vivido ese delito que se puede salir adelante, la manera como yo lo digo es: se puede salir del pantano".

Enfatizó que "sí yo estuve ahí, en ese fango, podemos salir adelante, no es fácil, es una lucha difícil, pero es querer, querer salir de ahí".

"No vivir como víctimas, sufrir como víctimas para que me ayuden, no, podemos a través de nuestra historia prevenir y concientizar a las mujeres del mundo entero", dijo.

Resaltó que la trata de personas se puede prevenir "hablando, denunciando, contar, mostrar todas las modalidades de la explotación como son la mendicidad ajena, la venta de órganos, el matrimonio servil, la explotación laboral y la explotación sexual", detalló.

Sobre todo hacer campañas masivas, "las organizaciones pueden mostrar sin muchos recursos qué es la trata de personas, de una manera clara y explicita para que la gente sepa", refirió la escritora.

Asimismo, dijo que "ser víctima de trata es un tatuaje que se lleva en el alma, nadie lo ve pero está ahí en tu corazón, entonces la mejor manera de ayudar a nuestros hijos es hablando, mostrar este delito y denuncio.

el informador.

LA SEGURIDAD Y EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS EN MEXICO

Derechos humanos la gran deuda del gobierno federal

México, DF

Más de 90 mil militares “patrullan” ciudades y áreas rurales… carreteras, calles, plazas. Lejos de combatir la criminalidad, la presencia de esos 76 mil 546 soldados y 17 mil 25 marinos en labores de seguridad pública ha incrementado las violaciones graves a los derechos humanos.

Privación de la vida, desaparición forzada, tortura y tratos crueles son algunas de las consecuencias directas de la militarización del territorio mexicano. Ésta junto con el incremento de la violencia atribuida al crimen organizado son las secuelas vigentes de la “guerra” contra el narcotráfico que impulsó el expresidente Felipe Calderón durante su administración, y que se ha continuado en la actualidad.

En ese contexto, más de 17 mil civiles fueron asesinados en el primer año del gobierno de Enrique Peña Nieto, indica información del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

De esas víctimas mortales, al menos una veintena eran defensores de los derechos humanos. En esa lista se anota el nombre de Luis Olivares Enríquez, líder de la Organización Popular de Productores de Costa Grande, y su esposa Ana Lilia Gatica Rómulo, asesinados el 10 de noviembre pasado en Coyuca de Benítez, Guerrero. Ambos eran opositores a la actividad minera y a la tala clandestina.

Rocío Mesino Mesino es otra activista que integra esa lista. La dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur fue ejecutada el 20 de octubre en Atoyac, Guerrero. También se apunta a Herón Luciano Sixto López, integrante del Centro de Orientación y Asesoría a Pueblos Indígenas, asesinado el 20 de julio en San Sebastián Tecomaxtlahuaca, Oaxaca.

Entre los activistas victimados están los dirigentes de la Unidad Popular. Arturo Hernández Cardona, Rafael Banderas Román y Ángel Román Martínez fueron asesinados a inicios de junio de 2013 en Iguala, Guerrero.

Para Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, la crisis que aún enfrenta el país se debe, en parte, a la militarización: es un problema que se complica sobre todo en los pueblos originarios.

Agrega: “no ha cedido; al contrario, se ha incrementado la presencia de militares y esto ha hecho que los abusos y los casos que siguen afectando la situación de los pueblos indígenas [de Guerrero] se sigan dando”.

Respecto del actual gobierno federal, el defensor de derechos humanos indica: “en este año se han incrementado la violencia y la inseguridad, y el sistema de justicia no ha podido garantizarle a las víctimas acceso real y, sobre todo, apropiado para que tengan justicia”.

Tales son los casos de los seis periodistas que se cuentan entre las víctimas de 2013, y que continúan impunes. Se trata de los crímenes de Jaime Guadalupe González, cuyo homicidio ocurrió en Chihuahua el 3 de marzo; Alonso de la Colina Noriega, asesinado el 14 de abril en Puebla; Daniel Alejandro Martínez Bazaldúa, ejecutado en Coahuila el 24 de abril; Mario Ricardo Chávez Jorge, victimado el 26 de junio en Tamaulipas; Alberto López Bello, asesinado en Oaxaca el 17 de julio; y Alberto Angulo Gerardo, cuya muerte violenta ocurrió el 6 de noviembre en Sinaloa.

Crisis humanitaria, vigente

En materia de derechos humanos hay muchos temas pendientes, asegura Jaqueline Sáenz Andujo, coordinadora del Programa de Derechos Humanos de Fundar, Centro de Análisis e Investigación. Uno de ellos, indica, es la crisis humanitaria que vive el país.

“La militarización sigue y la violencia sigue, y pareciera que lo que ha cambiado es el discurso: que en la CNDH [Comisión Nacional de los Derechos Humanos] tenemos menos quejas ahora, menos recomendaciones.”

Y es que aunado a los miles de asesinatos, la población continuó sufriendo desapariciones forzadas, levantones, secuestros. El Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos Hasta Encontrarlos señala que en este año ocurrieron 68 desapariciones de carácter político.

La situación que enfrenta el país es tal que preocupa a los 87 países que intervinieron en el Examen Periódico Universal de México, ocurrido en octubre de 2013, considera Javier Hernández Valencia, representante en México de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“Ésta no es una preocupación de personas, de individuos y en particular de mi persona, sino de 87 países. El Consejo [de Derechos Humanos de la ONU] tiene 47 miembros, esto quiere decir que muchos más países de los que sólo participan del Consejo han tenido interés en el tema mexicano. Entre esos 87 países estuvieron 14 de América Latina y el Caribe. Es decir, no son sólo europeos y del Norte, del mundo industrial o del primer mundo quienes tienen preocupación y quieren mantener un diálogo vivo para mejorar la situación de los derechos humanos en México; son también países hermanos de sangre, de cultura, de lengua. También intervinieron los cinco países miembros permanentes del Consejo de Seguridad.”

Consultado el 27 de noviembre de 2013 al término de su participación en la presentación del reporte Jurisdicción militar y derechos humanos: elementos para las reformas pendientes –editado por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan–, Hernández Valencia señaló que la situación de México en materia de derechos humanos sí sigue siendo una preocupación para la Oficina de la Alta Comisionada. Por ello dijo: “Estamos tratando de ayudar a que estos debates produzcan, tanto a nivel legislativo como a nivel de conductas, de cambio institucional, de reformas en políticas públicas, los cambios que las ciudadanas y ciudadanos han pedido desde hace mucho tiempo”.

Crímenes de lesa humanidad

Ese tiempo del que habla Hernández Valencia se remonta a la Guerra Sucia, pero sobre todo se centra en el sexenio pasado. Y es que de 2007 a 2012 se registraron más de 100 mil asesinatos de civiles, 30 mil desapariciones y 250 mil desplazamientos por violencia, entre otras consecuencias de la militarización y la criminalidad.

Desde diciembre de 2006, cuando se inició la supuesta “guerra” contra el narcotráfico, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha investigado y documentado más de 7 mil quejas por presuntas violaciones en las que incurrieron agentes del Estado –federales, estatales y municipales– en contra de civiles.

Los reportes generales de las quejas –de los que Contralínea obtuvo copias por medio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental– refieren que hasta enero de 2013 ese organismo autónomo abrió 210 expedientes por los delitos de “privación de la vida” y “violación al derecho a la vida”, es decir, asesinatos cometidos por servidores públicos de los tres niveles de gobierno, pero en su mayoría por las fuerzas federales.

El primer expediente relacionado con una ejecución extrajudicial en este gobierno implicó a personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa. De acuerdo con el Reporte general (quejas) de la CNDH, se trata del archivo 2012/10930-Sin-2, abierto el 18 de diciembre de 2012 por tres presuntas violaciones: emplear arbitrariamente la fuerza pública, imputar indebidamente hechos y privar de la vida.

De diciembre de 2006 a enero de 2013, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos también integró 437 expedientes por desaparición forzada; 95 por tortura; y 6 mil 667 por tratos crueles, inhumanos y degradantes, que también pudieron constituir hechos de tortura. Cada expediente se refiere a una o más víctimas y siempre implica a servidores públicos.

Las tres primeras quejas por desaparición forzada que recibió la CNDH en este sexenio presuntamente involucran a integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Policía Federal. Así lo indican los expedientes 2012/138613, 2012/ 139959 y 2013/10633.

El primero de ellos, que se registró el 17 de diciembre de 2012, indica: “Manifiesta el quejoso que aproximadamente a las 19:00 horas del 4 de diciembre de 2012 arribaron a su domicilio un regimiento de militares y navales debidamente uniformados y encapuchados en varios vehículos, introduciéndose al mismo con lujo de violencia deteniendo arbitrariamente a [la víctima], sin mostrar ninguna orden para ello; que la golpearon, la envolvieron en una sábana y se la llevaron, sin conocer su paradero, ya que no ha sido puesta a disposición de ninguna autoridad”.

El diario.

Colombia, país de origen, tránsito y destino de la trata de personas

Esta problemática pasa desapercibida, según informe. 70 mil personas son víctimas de este flagelo.

Colombia es un país de origen, tránsito y destino de las distintas modalidades de trata de personas, flagelo que, según un informe de la organización no gubernamental Women's Link Worldwide presentado este viernes en Bogotá, pasa desapercibido en el país.

El documento titulado ‘La trata y la explotación en Colombia: no se quiere ver, no se puede hablar’ se basa en un informe realizado en las regiones colombianas del Eje Cafetero y del Valle del Cauca.

El informe cita que, según la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), unas 70.000 personas son víctimas de la trata de personas cada año en Colombia.

Los investigadores recabaron la información en 18 entrevistas con organizaciones civiles y líderes sociales y convocaron cinco grupos focales en los que participaron 130 mujeres, niñas y adolescentes y entrevistas individuales con víctimas de la trata y explotación de personas.

El documento expone que las mujeres y niñas tienen mayor posibilidad de ser víctimas de este delito y agregó que la situación económica y la afectación del conflicto son determinantes para quienes son vulnerables a este delito.

Algunas mujeres o niñas buscan mejores opciones laborales y las redes de trata y tránsito de personas las utilizan para actividades relacionadas con el cuidado de personas, actividades domésticas y como "proveedoras sexuales".

El informe añade que según la investigación y los reportes revisados, Colombia es un país de origen para mujeres y niñas que son trasladadas a países de Europa occidental y del Este, de Asia, Centroamérica, Suramérica, el Caribe y Estados Unidos.

De hecho, se trata del segundo país de origen de víctimas de trata de personas por detrás de Brasil, según la Fiscalía General de la Nación de Colombia.

Por su ubicación geográfica, en el punto más septentrional de Suramérica y bañado por los océanos Pacífico y Atlántico, Colombia es un país de tránsito para víctimas que proceden de otros países suramericanos y africanos, con destino a Europa y a Estados Unidos.

También destaca un fenómeno del tránsito de personas de origen chino hacia Estados Unidos. Como país destino de trata de personas, Colombia recibe sobre todo mujeres y niñas ecuatorianas, en su mayoría indígenas y adultas para ser explotadas en trabajos de toda índole.

Los grupos armados colombianos también reclutan niños y niñas de Ecuador para integrar sus filas, mientras otros particulares también toman a menores indígenas de ese país con fines de explotación laboral y sexual en Colombia.

En la zona del Eje Cafetero, que comprende los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío, la trata de personas se convirtió en una práctica frecuente de las economías familiares y tiene habitualmente fines de explotación sexual, aunque también se registran objetivos laborales, de mendicidad ajena y "matrimonio servil".

Esta modalidad se ha registrado también entre las víctimas del Valle del Cauca, en donde son reclutados también para trabajar en el servicio doméstico y para cometer delitos que incluyen el tráfico de armas y drogas, incluidos menores de edad.

Según el informe, las rutas de la trata trasnacional han dejado de llevar en el pasado a las mujeres vallecaucanas a Aruba y a Holanda para trasladarlas hasta Panamá, España, Italia, Japón, Perú, Argentina, Chile, Bolivia, Japón, Indonesia, Corea del Sur, Ecuador, y Guatemala.

En Colombia también hay trata interna de personas, según la OIM sobre todo procedentes de los departamentos de Bolívar, Antioquía, Córdoba, Valle, Quindío y Bogotá, con destinos como la capital colombiana, Amazonas, Magdalena, Meta, Bolívar, Nariño, Norte de Santander y Antioquía.

El informe destaca que aunque Colombia ha desarrollado un marco constitucional sólido para prevenir este flagelo, falta reglamentar la Ley 985 de 2005, así como crear conciencia sobre este delito pues la trata interna de personas es invisible, hay "poca identificación de víctimas de esta modalidad" y "un mínimo número de casos investigados y sancionados".