El coordinador nacional antisecuestros, Renato Sales, relató un panorama negro en el combate a ese delito, ya que desde el 2009, el fondo de apoyo para las víctimas de secuestro está vacío; hay “cifras negras” del delito creadas en los gobiernos estatales; la corrupción en los penales incentiva que los reos “sigan extorsionando hasta saliendo del penal, mucho antes del pase de lista a delinquir”; la investigación en las procuradurías está desmantelada y prácticamente todos los cárteles de la droga también se dedican al secuestro.
Entrevistado por El Economista, Sales Heredia afirma que planteará este panorama al Comité Especial de Seguimiento y Evaluación de las acciones para prevenir, investigar, sancionar y erradicar el delito de secuestro, que sesionará el próximo 20 de febrero. “Si yo veo que no puedo, renuncio yo”, dice.
Renato Sales dijo que propondrá la creación de la unidad especializada de combate al secuestro que cuente con fiscales especializados propios, agentes del Ministerio Público especializados, negociadores, análisis táctico, inteligencia y áreas de atención específicas para las víctimas. Manifestó que el Ejecutivo federal podría crearla como reglamento de la ley general antisecuestro.
“Tenemos que construir una unidad especializada de combate al secuestro modélica a nivel federal, eso es lo que tenemos que hacer, en mi opinión”.
—¿Cuál es su diagnóstico del delito?
Se concentra en 10 entidades federativas; 74% de la incidencia delictiva se concentra en los estados de Morelos, Guerrero, Tamaulipas, Michoacán, Tabasco, Durango, Veracruz, Oaxaca, Zacatecas y el Estado de México.
El enfrentamiento entre las bandas ha generado la dispersión y también la atención del Estado en la detención de algunas muy peligrosas. Esto ha generado atomización, y esa atomización se ha traducido en la incidencia creciente del delito de extorsión, que buena parte sigue proviniendo de los centros penitenciarios, y el nivel de seguridad que existen en estos penales locales es ínfimo en muchas ocasiones, esto permite que las personas ahí sigan extorsionando hasta saliendo del penal mucho antes del pase de lista a delinquir que es absurdo y es terrible, pero hay que hacernos cargo de estas cuestiones.
Otra cuestión es el incentivo perverso que tiene que ver con la disminución de apoyos de Fondo de Aportaciones de Seguridad Pública (FASP), cuando una entidad federativa en la estadística tiene más averiguaciones previas iniciadas, como si ésta fuera retrato absoluto de lo que acontece en delitos de esta índole donde hay una gran cifra negra.
—Eso es un maquillaje de cifras, ¿no?
El incentivo perverso es que si tú disminuyes averiguaciones previas recibías más apoyo, si incrementabas tu número de averiguaciones previas reportadas, recibías menos apoyo, te ponían semáforo en rojo y te exhibían en el Consejo Nacional de Seguridad Pública. ¿Qué incentivaba eso? “Esto no lo manejes como averiguación previa, aunque sea un secuestro, manéjalo como acta circunstanciada o vamos a negociar y obtener solamente un delito, obtener la liberación de la víctima, pero no reportes esto como averiguación”, entonces, muchas veces no se seguía con la investigación porque no estaba iniciada la averiguación.
—¿Cómo acabar con esta situación?
Suprimir con ese incentivo perverso, que no se deje de apoyar al que reporte más, ni se apoye al que reporte falazmente menos. Se tiene que evaluar objetivamente.
—¿Hay gobernadores que bajaron la guardia en contra del secuestro?
Sí, pero vamos a ver para adelante. Se trata de ir solucionando esos problemas. No es que las unidades antisecuestro estén en el abandono total. Las procuradurías son las que están en el abandono total, que tampoco es específica de gobierno estatal, es una política nacional para nuestro infortunio. Abandonaron las procuradurías a costa de las secretarías de Seguridad Pública, como en la Federación.
—¿Cómo van a enfrentar el secuestro así de desmanteladas?
Pues ahora estamos haciendo frente conjuntamente.
—¿El bloqueo de señal de celulares en los penales es la utopía?
Basta para que no sea una piedra más en el camino del infierno que no se maneje desde el interior de la presión. Que no tengan ellos (autoridades penitenciarias estatales) la posibilidad de manejar el switch, que quien lo maneja sea una persona que no esté vinculada con el centro.
—¿Y quién puede ordenar eso?
Eso ya está. Como se adquieren con fondos del FASP, y quien supervisa y aporta es la Federación, entonces eso se va a manejar así. Es un acuerdo con la Conago, es un acuerdo con la Secretaría de Gobernación. Yo creo que va a mantenerse subido, que es así como debe mantenerse, y lo va a controlar gente vinculada a la Secretaría de Gobernación.
—¿De qué monto dispone el fondo para la reparación del daño?
Este fondo hay que consolidarlo, este fondo no tiene ahorita recursos. Este fondo que se compone por recursos de bienes decomisados adicionales por bienes que causan abandono y proveniente de las fianzas o garantías, no existe en este momento. Hay que construirlo.
—¿Y cómo operaba la ley antisecuestros desde el 2009 si no existe?
Ése es el punto, que hay muchas leyes en nuestro país que se quedan ahí mismo, en el mundo del deber ser.
—¿Ya lo sabe el Secretario de Gobernación?
Sí, es algo que hemos comentado.
—¿Y qué dice?
Estamos viendo cómo agilizar este tema.
—Cuando se le nombró coordinador antisecuestros, Alejandro Martí le pidió su renuncia si no podía…
Si no pueden, renunciamos todos. Si no podemos, renunciamos todos. Si yo veo que no puedo, renuncio yo. Si ellos me dicen que no puedo yo, renuncio yo. Si ellos ven que no pueden que renuncien ellos.
Vía NSS
