La PGR presenta un 'software'
que le fue donado por el Comité Internacional de la Cruz Roja para recopilar
información de calidad sobre fallecidos sin identificar, llamado AM/PM.
LORENA LÓPEZ Y LETICIA FERNÁNDEZ
México . La subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón, presentó a integrantes de la sociedad civil el Plan Nacional de Búsqueda de Personas No Localizadas, que incluye el dispositivo de búsqueda urgente, el registro único de fosas comunes y la Red Nacional de Procuración de Justicia para la Búsqueda de Personas No Localizadas.
En compañía de Mariana Benítez Tiburcio, subprocuradora jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR, la funcionaria afirmó que la búsqueda y localización de personas es una prioridad del gobierno federal.También destacó que el tema es prioritario y forma parte de la agenda del gabinete de seguridad en todas las reuniones regionales.
Ambas subrayaron la colaboración entre Gobernación y la PGR, a través de la formación de cuatro subgrupos que permiten enfocar esfuerzos en la armonización legislativa, la implementación de tecnologías de la información, generación de capacidades forenses y periciales y acompañamiento y gestión de información con familiares.
Benítez Tiburcio destacó la creación de la Unidad Especializada de Búsqueda de PGR, así como el reforzamiento de las capacidades forenses y periciales.
Eliana García Laguna, encargada del despacho de la Subprocuraduría de Derechos Humanos y Prevención del Delito, presentó a los representantes de organizaciones de la sociedad civil el software para recopilar información de calidad de las personas fallecidas sin identificar, llamado AM/PM (Ante mortem-Post mortem), donado a México por el Comité Internacional de la Cruz Roja.
En un comunicado, la Secretaría de Gobernación apuntó que es interés del gobierno de la República mantener un diálogo permanente con familiares de desaparecidos y también con integrantes de colectivos y organizaciones de la sociedad civil dedicados a la búsqueda de personas no localizadas y así redoblar los esfuerzos para su localización.
Lineamientos en el DF
Mientras, la procuraduría del DF emitió los lineamientos que deben tomar en cuenta el Ministerio Público y la Policía de Investigación para mantener detenidas a las personas y evitar violaciones a los derechos humanos.
En un documento publicado en la Gaceta Oficial, se indica que las aprehensiones en flagrancia son aquellas en las que el sujeto es sorprendido en el momento mismo de cometer el ilícito.
Los policías deberán establecer la hora en que es presentado el detenido ante el Ministerio Público y las características del hecho, para que a partir de ese momento comience la integración de la averiguación previa.
"La autoridad ministerial ante quien sea puesta a disposición una persona, bajo el argumento de que fue detenida en flagrancia, revisará que se acredite la causa formal y material de la restricción de la libertad, a fin de resolver la procedencia o no de su retención.
"Además deberá corroborar que la detención se haya realizado en el momento de la comisión del delito, o inmediatamente después de haberlo cometido", añade.
Aunque ya trabajan bajo estas observaciones en la fiscalía, el propósito de la publicación es reforzar la cultura de los derechos humanos y crear esquemas para su mejor protección.
"Las autoridades involucradas deberán establecer la hora en que la persona sea puesta a disposición del Ministerio Público, dictándose el acuerdo de retención inmediatamente", agrega.
El acuerdo A/009/2014 reitera que la restricción de la libertad no podrá exceder del plazo de 48 horas, que se computarán a partir de que la persona es puesta a disposición del MP.
Es ese tiempo se deberán presentar las pruebas, testimonios y dictámenes periciales a fin de determinar si existen elementos suficientes para consignar o liberar al detenido.
"A la persona sujeta a la medida de retención, se le garantizará, al igual que a todas las personas privadas de su libertad, el ejercicio de sus derechos a la dignidad, a la integridad personas, a la defensa adecuada, a la comunicación y al debido proceso", puntualiza.
