lunes, 31 de diciembre de 2012
miércoles, 19 de diciembre de 2012
La verdadera Isabel Miranda de Wallace - Anabel Hernández y José Revelez
martes, 18 de diciembre de 2012
¡¡¡FELICIDADES A TODOS Y A TODAS MIS MAS SINCEROS DESEOS DE AMOR Y PAZ¡¡¡
Mañana miércoles inician las vacaciones de los jóvenes estudiantes de primaria y secundaria y de miles maestros...
Aprovecho esta tarde para enviarles el mejor de mis deseos para esta NAVIDAD 2012, que se cumplan todos sus sueños y disfruten de los regalos, las cenas, comidas y las posadas que todavía quedan pendientes...
Como siempre sigo a sus ordenes a travez de los conductos conocidos para cualquier contingencia o imprevisto, que espero con toda mi fe y energía, no se presenten en estos días y que no se interrumpa la felicidad de estas fiestas navideñas...
¡¡¡FELICIDADES A TODOS Y A TODAS MIS MAS SINCEROS DESEOS DE AMOR Y PAZ¡¡¡
C. CARLOS A. LUGO FELIX
viernes, 14 de diciembre de 2012
Aumentan casos de secuestro en el DF
El Consejo Ciudadano del DF presentó el reporte de índice delictivo de 14 delitos de alto impacto en la capital
KAREN ANDRADE| MÁS POR MÁS|
De acuerdo con la medición, la urbe registró una disminución en 12 de estos ilícitos, la más significativa fue en el robo a pasajero a bordo de taxi con violencia, en donde se detectó una tendencia a la baja de 36.4% respecto al año anterior.
Según el reporte, únicamente 2 delitos tuvieron cifras a la alza, esto en referencia a los secuestros con 59 casos en lo que va del año, lo que significó un aumento de 13.5%.
A este le siguen las lesiones por arma de fuego en donde se detectaron mil 143, un aumento de 2.4%.
En su informe, el Consejo reporta que los delitos de alto impacto tuvieron una reducción general de 11.3% respecto al mismo periodo de 2011.
El robo a microbús y a cuentahabientes tras salir de cajeros automáticos fue otro rubro en donde se vio una disminución importante, con 35.1% y 31.8%, respectivamente.
En total, de enero a noviembre de este año se han denunciado 44 mil 737 delitos de alto impacto, la mayoría de estos corresponden al robo de vehículos con 17 mil 095 casos.
En el resto de los delitos hubo disminuciones menos representativas, en el robo a casa habitación fue de 3.2%; en homicidio doloso se registraron 15 casos menos que el año anterior, y el hurto a negocios disminuyó 4.4%.
La información fue proporcionada por distintas instancias como la procuraduría capitalina, la Secretaría de Seguridad Pública del DF, el Sistema de Seguridad Pública y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
El Consejo Ciudadano del DF presentó el reporte de índice delictivo de 14 delitos de alto impacto en la capital
KAREN ANDRADE| MÁS POR MÁS|
De acuerdo con la medición, la urbe registró una disminución en 12 de estos ilícitos, la más significativa fue en el robo a pasajero a bordo de taxi con violencia, en donde se detectó una tendencia a la baja de 36.4% respecto al año anterior. Según el reporte, únicamente 2 delitos tuvieron cifras a la alza, esto en referencia a los secuestros con 59 casos en lo que va del año, lo que significó un aumento de 13.5%.
A este le siguen las lesiones por arma de fuego en donde se detectaron mil 143, un aumento de 2.4%.
En su informe, el Consejo reporta que los delitos de alto impacto tuvieron una reducción general de 11.3% respecto al mismo periodo de 2011.
El robo a microbús y a cuentahabientes tras salir de cajeros automáticos fue otro rubro en donde se vio una disminución importante, con 35.1% y 31.8%, respectivamente.
En total, de enero a noviembre de este año se han denunciado 44 mil 737 delitos de alto impacto, la mayoría de estos corresponden al robo de vehículos con 17 mil 095 casos.
En el resto de los delitos hubo disminuciones menos representativas, en el robo a casa habitación fue de 3.2%; en homicidio doloso se registraron 15 casos menos que el año anterior, y el hurto a negocios disminuyó 4.4%.
La información fue proporcionada por distintas instancias como la procuraduría capitalina, la Secretaría de Seguridad Pública del DF, el Sistema de Seguridad Pública y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
miércoles, 21 de noviembre de 2012
IMPUNIDAD TOTAL CON CALDERON CNDH
Impunidad casi total caracterizó el sexenio de Calderón: CNDH
21 DE NOVIEMBRE DE 2012 ·
MÉXICO, D.F. (apro).- Desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, feminicidios y una impunidad “casi total”, es el saldo que deja el gobierno de Felipe Calderón en materia de derechos humanos, de acuerdo con un balance del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, ante senadores de la República.
Ante integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores, presidida por la perredista Angélica de la Peña, el ombudsman nacional aprovechó la audiencia para recordar que el 9 de octubre pasado solicitó al Senado la comparecencia del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, “a fin de que explicara los motivos para no aceptar tres recomendaciones sobre casos de tortura y desapariciones forzadas”; y por los “nulos avances en el deslinde de responsabilidades” en la represión a estudiantes de la normal rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa, ocurrida el 12 de diciembre en Chilpancingo, Guerrero.
Frente a un escenario de violencia sin control, informó que sólo se denuncian dos de cada 10 delitos que se cometen; y agregó que sólo el 1.6% de los 1.6 millones de denunciados, llega a una sentencia judicial, lo que implica un nivel de impunidad de 99%.
En su discurso, Plascencia Villanueva dijo que de 2005 a la fecha, el organismo a su cargo ha recibido 34 mil 385 quejas contra funcionarios públicos federales adscritos a alguna dependencia vinculada con la Seguridad Pública.
Destacó que de las denuncias recibidas, 84% ocurrieron en los últimos tres años, referidos a los delitos de cateos ilegales, desaparición forzada de personas, detenciones arbitrarias, ejecuciones y tortura.
Según Plascencia, del 1 de enero de 2005 al 31 de julio de este año, la CNDH documentó 5 mil 568 quejas por allanamiento o cateos ilegales; abrió 2 mil 126 casos por desaparición forzada y tiene un registro de 24 mil 91 personas extraviadas, con las cuales integró desde hace cinco años 12 recomendaciones por desaparición forzada.
Plascencia explicó que ese abuso “inicia con la detención arbitraria del individuo y en el ínterin se conculcan una serie de derechos a lo que sigue la retención y práctica de interrogatorios, regularmente por medio de tortura física y moral, así como de tratos crueles y degradantes”.
De la detención arbitraria, “práctica recurrente que realizan los diversos cuerpos de seguridad que actualmente intervienen en actividades de seguridad pública en el país”, dijo que de 2005 a la fecha, la CNDH ha recibido más de 9 mil quejas por ese agravio, lo que significó un incremento de 121% de esas detenciones que, por lo general, inician con “una denuncia anónima (…) o ubican a las personas en actitud sospechosa o marcado nerviosismo o flagrancia”.
De la impunidad de los homicidios o ejecuciones, cuya cifra real es desconocida, Plascencia Villanueva dijo que de acuerdo con sus registros, hay 46 mil 15 personas asesinadas, 15 mil 921 cadáveres no identificados y mil 421 cadáveres inhumados en fosas clandestinas. Es decir: 63 mil 357.
El presidente de la CNDH resaltó el tema de la tortura como “uno de los principales retos de la justicia”, tanto así que en 2005 la CNDH “registró sólo una queja por tortura; sin embargo, sólo para el año 2011, dicho número conjuntamente a los tratos crueles, inhumanos y degradantes ascendió a 2 mil 40 quejas”.
De los feminicidios, el ombudsman dijo que el organismo a su cargo tiene un registro de 5 mil 202 homicidios por razón de género en 27 entidades del país, y que de ese tema emitirá en breve un informe especial, que se sumará a uno anterior y a cinco de seguimiento que ha publicado la CNDH.
Sobre este tema, Plascencia Villanueva criticó la falta de coordinación y cooperación de las autoridades del Estado mexicano para atender el problema, así como para “alcanzar los estándares internacionales en términos de seguridad humano y acceso efectivo a la justicia”, provocando que no se haya podido “prevenir ni erradicar la violencia e impunidad contra la mujeres y, lo peor, este vergonzoso fenómeno se ha extendido a varias entidades del país”.
martes, 20 de noviembre de 2012
NEGOCIADORES IMPROVISADOS Y EL SECUESTRO
México: secuestros generan los negociadores informales en la llamada “industria del dolor”
En promedio, al año surgen 40 organizaciones delictivas dedicadas al secuestro en México, que exigen desde 5.000 (US$390) hasta 40 millones de pesos (US$3 millones) por liberar a su víctima, revelan fuentes de la Procuraduría General de la República (PGR).
Tan sólo en la Ciudad de México la Fiscalía Antisecuestros de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal ha detectado el resurgimiento de 20 bandas de plagiarios por año, a partir de 2009.
La PGR establece que de los delitos de alto impacto en el país emergen otras actividades. En el caso del secuestro se ha generado el fenómeno de los negociadores privados, de los cuales la mayoría no cuenta con certificación oficial. Los especialistas certificados apenas son 89 y hay más de 400 que trabajan de manera informal.
Esos especialistas obtienen ingresos millonarios. Sin embargo, 95% de los casos en manos de los negociadores piratas terminan en la muerte de la víctima.
Alejandro Martí, presidente de la organización México SOS, advierte del error que es contratar a negociadores privados, pues se presta a “verdaderos asaltos”, porque no tienen la profesionalización requerida por las autoridades.
Negociadores pirata cobran con sangre. En aquellos casos de secuestro en los que llegan a intervenir negociadores privados sin experiencia, la autoridad ha documentado que 95% de las víctimas pierde la vida a manos de los plagiarios.
Se trata de un problema que la Procuraduría General de la República ha detectado, pues debido al notable incremento del secuestro en el país han surgido otras actividades ilícitas adyacentes al flagelo, por ejemplo, la multiplicación de “supuestos especialistas”.
Los también llamados negociadores pirata son ex policías o ex funcionarios públicos federales; algunos, incluso, trabajaron en la misma PGR.
Se trata de negociadores privados, quienes cobran de 50.000 (US$3.905) hasta un alto porcentaje en millones de pesos por mediar en la liberación de una víctima de secuestro.
La PGR establece que los delitos de alto impacto en el país, como el secuestro, generan en promedio el surgimiento de alrededor de 40 bandas de plagiarios al año. Estos criminales piden desde 5.000 pesos hasta 40 millones de pesos por liberar a un secuestrado.
En lo que las autoridades han llamado “las ganancias de la industria del dolor”, la PGR revela, mediante una respuesta de información pública, que oficialmente existen 89 negociadores o manejadores de crisis registrados en todo el país por parte de autoridades encargadas de procurar justicia, quienes han aprobado diversos exámenes de confianza y son autorizados a intervenir en casos de secuestro.
Estos negociadores oficiales están adscritos a las unidades antisecuestro de cada entidad; sin embargo, por cada negociador oficial se estima que existen alrededor de cinco que trabajan por su cuenta, que sumarían 445 piratas, que venden muy caros sus servicios.
El secuestro en México ha generado diversas actividades ilícitas que las autoridades federales han denominado “las ganancias de la industria del dolor”, refiriéndose a aquellas “utilidades” obtenidas por personas que se hacen pasar por expertos en manejo de crisis y de negociación.
De acuerdo con información de la PGR obtenida por Excélsior, en el país existen oficialmente profesionales a los que se les reconoce como “negociadores”: personas que han sido certificadas no sólo por la dependencia federal sino por las procuradurías de Justicia estatales y del Distrito Federal.
Sin embargo, pululan aquellos que por haber trabajado en una corporación policiaca, en alguna área de la procuración de justicia estatal o federal, se sienten capaces y preparados para manejar una crisis familiar provocada por la privación ilegal de la libertad de un ser querido.
Tales negociadores venden caros sus servicios, haciéndole creer a las familias que por su experiencia y probidad pueden salvar la vida del plagiado; ellos reciben las llamadas de los secuestradores, haciéndose pasar por un familiar, o asesoran de manera directa a la familia afectada para negociar con los plagiarios.
La PGR, sin embargo, establece que en la mayoría de los casos los resultados son fatales.
En el país, la Ley General para Prevenir y Sancionar los delitos en Materia de Secuestro no prohíbe a los negociadores privados llevar a cabo su actividad; esto ni siquiera se sanciona. Aunque en 13 estados la ley local considera sanciones que van de tres a ocho años de prisión.
Martí: mala decisión. Alejandro Martí, presidente de la organización S.O.S, precisa que es un error contratar a negociadores privados, pues se presta a “verdaderos asaltos”, porque no tienen la profesionalización de la autoridad.
“Cuando fue el secuestro de mi hijo contraté a un negociador privado. En ese momento no sabía qué hacer y finalmente resultó ser uno de los errores más graves que he cometido en mi vida; son muy malos y muy caros, explotan el sufrimiento de la gente.”
El empresario señaló que en la organización que han integrado, uno de los aspectos que han trabajado con las autoridades es la creación de unidades antisecuestro y ponen énfasis en que exista gente profesional, entre ellos buenos negociadores.
“Ya hay muy buenos departamentos antisecuestro en el país, caso concreto la SIEDO, la policía federal y muchísimos estados donde hay gente muy capacitada.
“Y en nuestra organización cuando recibimos alguna súplica de ayuda por un tema de éstos, inmediatamente lo referimos a la autoridad y tenemos excelentes resultados, porque no hay que contratar negociadores privados que se prestan, (entre) el gran dolor que se tiene, al gran problema del cobro y el abuso de esta gente”, preciso Martí.
El DF tiene a 15 profesionales. Óscar Montes de Oca Rosales, fiscal especial Antisecuestros de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), señala que los negociadores privados en la Ciudad de México son castigados si realizan una actividad ilícita que viola la ley.
“De un negociador tenemos que ver que sea una persona especializada y no necesariamente que tenga un perfil profesional. Pueden ser policías, o pueden ser ingenieros, pero debe ser la personalidad del elemento la que nos lleve a tener lo necesario” precisó Montes de Oca, quien dijo que en el DF hay 15 de éstos.
El funcionario explicó que un negociador es muy importante en un secuestro, porque la vida de la víctima está en juego, y de él depende no sólo que se acorte el tiempo de cautiverio, sino el que pueda sufrir menos y salvaguardar el patrimonio de las familias.
“El objetivo principal de la unidad antisecuestros es cuidar la vida de la víctima, y antes de intentar cualquier rescate tenemos que ver que la víctima no corra peligro.
Las crisis familiares en torno a un secuestro son las más difíciles de llevar a cabo, pues en la mayoría de los casos se desestabiliza todo el núcleo familiar y se genera desconfianza y dolor.
A la fecha, el funcionario señala que los negociadores interactúan en todo momento con otras tres áreas fundamentales: la de análisis tácticos, la de investigación y la de operación, equipos perfectamente integrados, que les permite el rescate de víctimas, pero que no requieren del negociador privado.
En promedio, la Fiscalía Antisecuestros de la PGJDF ha detectado el resurgimiento de 20 bandas de secuestradores cada año desde 2009 en la capital.
Trabajan en células. Rodrigo Archundia Barrientos, titular de la Unidad Antisecuestros de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), en México los grupos de plagiarios usan el teléfono celular como forma de comunicación entre los integrantes, pues cada uno lleva a cabo una acción específica.
Describe que, en la mayoría de las ocasiones, los integrantes de una banda de plagiarios ni siquiera se conocen entre sí, pues son reclutados por intermediarios, quienes les informan lo estrictamente necesario, para no poner en riesgo la operación.
Perfil de los negociadores. Los mediadores oficiales en casos de secuestro, que son certificados por las autoridades federales, como la PGR, no deben tener una profesión determinada, pero sí son personas con una gran facilidad de negociación, asegura Óscar Montes de Oca Rosales, fiscal especial Antisecuestros de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).
Describe que en el Distrito Federal se escoge a profesionales, a personas fuertes de carácter y de gran inteligencia, porque tienen que lidiar con gente sin escrúpulos y que usan un alto grado de violencia.
Negociadores pirata. En contraste, los “supuestos especialistas”, que también son llamados negociadores patito, son ex policías o ex funcionarios públicos federales o estatales que laboraron en la procuración de justicia; algunos, incluso, trabajaron en la Procuraduría General de la República.
Se trata de negociadores privados, quienes medran con el dolor ajeno, pues cobran de 50.000 hasta un alto porcentaje en millones de pesos por mediar en la liberación de una víctima de secuestro.
Cómo seleccionan a las víctimas. Una de las actividades más importantes del secuestrador es la selección de la víctima de este delito.
Los delincuentes buscan obtener información de las potenciales víctimas, principalmente a través de los medios de comunicación y las redes sociales, entre otros.
Rodrigo Archundia Barrientos, titular de la Unidad Antisecuestros de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), precisa que las víctimas de plagios son elegidas por diversas situaciones.
En la mayoría de los casos los delincuentes secuestran a personas del sexo masculino, no sólo por tratarse de quienes generan más recursos económicos en sus familias, sino porque es más fácil convencer a una mujer de pagar un rescate.
Explica que escasamente secuestran a menores de edad, debido a los cuidados y gastos que genera la atención de los pequeños.
En el país, un alto porcentaje de los plagios se realizan cuando la víctima se dirige a su casa o al trabajo, debido a la costumbre de utilizar las mismas rutas y horarios, lo cual facilita el acto ilícito
Tan sólo en la Ciudad de México la Fiscalía Antisecuestros de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal ha detectado el resurgimiento de 20 bandas de plagiarios por año, a partir de 2009.
La PGR establece que de los delitos de alto impacto en el país emergen otras actividades. En el caso del secuestro se ha generado el fenómeno de los negociadores privados, de los cuales la mayoría no cuenta con certificación oficial. Los especialistas certificados apenas son 89 y hay más de 400 que trabajan de manera informal.
Esos especialistas obtienen ingresos millonarios. Sin embargo, 95% de los casos en manos de los negociadores piratas terminan en la muerte de la víctima.
Alejandro Martí, presidente de la organización México SOS, advierte del error que es contratar a negociadores privados, pues se presta a “verdaderos asaltos”, porque no tienen la profesionalización requerida por las autoridades.
Negociadores pirata cobran con sangre. En aquellos casos de secuestro en los que llegan a intervenir negociadores privados sin experiencia, la autoridad ha documentado que 95% de las víctimas pierde la vida a manos de los plagiarios.
Se trata de un problema que la Procuraduría General de la República ha detectado, pues debido al notable incremento del secuestro en el país han surgido otras actividades ilícitas adyacentes al flagelo, por ejemplo, la multiplicación de “supuestos especialistas”.
Los también llamados negociadores pirata son ex policías o ex funcionarios públicos federales; algunos, incluso, trabajaron en la misma PGR.
Se trata de negociadores privados, quienes cobran de 50.000 (US$3.905) hasta un alto porcentaje en millones de pesos por mediar en la liberación de una víctima de secuestro.
La PGR establece que los delitos de alto impacto en el país, como el secuestro, generan en promedio el surgimiento de alrededor de 40 bandas de plagiarios al año. Estos criminales piden desde 5.000 pesos hasta 40 millones de pesos por liberar a un secuestrado.
En lo que las autoridades han llamado “las ganancias de la industria del dolor”, la PGR revela, mediante una respuesta de información pública, que oficialmente existen 89 negociadores o manejadores de crisis registrados en todo el país por parte de autoridades encargadas de procurar justicia, quienes han aprobado diversos exámenes de confianza y son autorizados a intervenir en casos de secuestro.
Estos negociadores oficiales están adscritos a las unidades antisecuestro de cada entidad; sin embargo, por cada negociador oficial se estima que existen alrededor de cinco que trabajan por su cuenta, que sumarían 445 piratas, que venden muy caros sus servicios.
El secuestro en México ha generado diversas actividades ilícitas que las autoridades federales han denominado “las ganancias de la industria del dolor”, refiriéndose a aquellas “utilidades” obtenidas por personas que se hacen pasar por expertos en manejo de crisis y de negociación.
De acuerdo con información de la PGR obtenida por Excélsior, en el país existen oficialmente profesionales a los que se les reconoce como “negociadores”: personas que han sido certificadas no sólo por la dependencia federal sino por las procuradurías de Justicia estatales y del Distrito Federal.
Sin embargo, pululan aquellos que por haber trabajado en una corporación policiaca, en alguna área de la procuración de justicia estatal o federal, se sienten capaces y preparados para manejar una crisis familiar provocada por la privación ilegal de la libertad de un ser querido.
Tales negociadores venden caros sus servicios, haciéndole creer a las familias que por su experiencia y probidad pueden salvar la vida del plagiado; ellos reciben las llamadas de los secuestradores, haciéndose pasar por un familiar, o asesoran de manera directa a la familia afectada para negociar con los plagiarios.
La PGR, sin embargo, establece que en la mayoría de los casos los resultados son fatales.
En el país, la Ley General para Prevenir y Sancionar los delitos en Materia de Secuestro no prohíbe a los negociadores privados llevar a cabo su actividad; esto ni siquiera se sanciona. Aunque en 13 estados la ley local considera sanciones que van de tres a ocho años de prisión.
Martí: mala decisión. Alejandro Martí, presidente de la organización S.O.S, precisa que es un error contratar a negociadores privados, pues se presta a “verdaderos asaltos”, porque no tienen la profesionalización de la autoridad.
“Cuando fue el secuestro de mi hijo contraté a un negociador privado. En ese momento no sabía qué hacer y finalmente resultó ser uno de los errores más graves que he cometido en mi vida; son muy malos y muy caros, explotan el sufrimiento de la gente.”
El empresario señaló que en la organización que han integrado, uno de los aspectos que han trabajado con las autoridades es la creación de unidades antisecuestro y ponen énfasis en que exista gente profesional, entre ellos buenos negociadores.
“Ya hay muy buenos departamentos antisecuestro en el país, caso concreto la SIEDO, la policía federal y muchísimos estados donde hay gente muy capacitada.
“Y en nuestra organización cuando recibimos alguna súplica de ayuda por un tema de éstos, inmediatamente lo referimos a la autoridad y tenemos excelentes resultados, porque no hay que contratar negociadores privados que se prestan, (entre) el gran dolor que se tiene, al gran problema del cobro y el abuso de esta gente”, preciso Martí.
El DF tiene a 15 profesionales. Óscar Montes de Oca Rosales, fiscal especial Antisecuestros de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), señala que los negociadores privados en la Ciudad de México son castigados si realizan una actividad ilícita que viola la ley.
“De un negociador tenemos que ver que sea una persona especializada y no necesariamente que tenga un perfil profesional. Pueden ser policías, o pueden ser ingenieros, pero debe ser la personalidad del elemento la que nos lleve a tener lo necesario” precisó Montes de Oca, quien dijo que en el DF hay 15 de éstos.
El funcionario explicó que un negociador es muy importante en un secuestro, porque la vida de la víctima está en juego, y de él depende no sólo que se acorte el tiempo de cautiverio, sino el que pueda sufrir menos y salvaguardar el patrimonio de las familias.
“El objetivo principal de la unidad antisecuestros es cuidar la vida de la víctima, y antes de intentar cualquier rescate tenemos que ver que la víctima no corra peligro.
Las crisis familiares en torno a un secuestro son las más difíciles de llevar a cabo, pues en la mayoría de los casos se desestabiliza todo el núcleo familiar y se genera desconfianza y dolor.
A la fecha, el funcionario señala que los negociadores interactúan en todo momento con otras tres áreas fundamentales: la de análisis tácticos, la de investigación y la de operación, equipos perfectamente integrados, que les permite el rescate de víctimas, pero que no requieren del negociador privado.
En promedio, la Fiscalía Antisecuestros de la PGJDF ha detectado el resurgimiento de 20 bandas de secuestradores cada año desde 2009 en la capital.
Trabajan en células. Rodrigo Archundia Barrientos, titular de la Unidad Antisecuestros de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), en México los grupos de plagiarios usan el teléfono celular como forma de comunicación entre los integrantes, pues cada uno lleva a cabo una acción específica.
Describe que, en la mayoría de las ocasiones, los integrantes de una banda de plagiarios ni siquiera se conocen entre sí, pues son reclutados por intermediarios, quienes les informan lo estrictamente necesario, para no poner en riesgo la operación.
Perfil de los negociadores. Los mediadores oficiales en casos de secuestro, que son certificados por las autoridades federales, como la PGR, no deben tener una profesión determinada, pero sí son personas con una gran facilidad de negociación, asegura Óscar Montes de Oca Rosales, fiscal especial Antisecuestros de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).
Describe que en el Distrito Federal se escoge a profesionales, a personas fuertes de carácter y de gran inteligencia, porque tienen que lidiar con gente sin escrúpulos y que usan un alto grado de violencia.
Negociadores pirata. En contraste, los “supuestos especialistas”, que también son llamados negociadores patito, son ex policías o ex funcionarios públicos federales o estatales que laboraron en la procuración de justicia; algunos, incluso, trabajaron en la Procuraduría General de la República.
Se trata de negociadores privados, quienes medran con el dolor ajeno, pues cobran de 50.000 hasta un alto porcentaje en millones de pesos por mediar en la liberación de una víctima de secuestro.
Cómo seleccionan a las víctimas. Una de las actividades más importantes del secuestrador es la selección de la víctima de este delito.
Los delincuentes buscan obtener información de las potenciales víctimas, principalmente a través de los medios de comunicación y las redes sociales, entre otros.
Rodrigo Archundia Barrientos, titular de la Unidad Antisecuestros de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), precisa que las víctimas de plagios son elegidas por diversas situaciones.
En la mayoría de los casos los delincuentes secuestran a personas del sexo masculino, no sólo por tratarse de quienes generan más recursos económicos en sus familias, sino porque es más fácil convencer a una mujer de pagar un rescate.
Explica que escasamente secuestran a menores de edad, debido a los cuidados y gastos que genera la atención de los pequeños.
En el país, un alto porcentaje de los plagios se realizan cuando la víctima se dirige a su casa o al trabajo, debido a la costumbre de utilizar las mismas rutas y horarios, lo cual facilita el acto ilícito
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Excelsior.com.mx
viernes, 16 de noviembre de 2012
Comisión Nacional Anticorrupción
Usuarios de redes sociales, donde puede afirmarse que está el pulso de la sociedad medianamente informada y crítica, han puesto ya en entredicho y con la sorna que amerita el caso, los alcances de la propuesta Comisión Nacional Anticorrupción, destacando la paradoja de que sean los priistas, arquetipo de las prácticas corruptas, quienes anuncien un órgano encargado de combatirlas.
Se trata, dijo Enrique Peña Nieto, de un órgano "estrictamente imparcial y profesional", lo que no dijo es que será "estrictamente autónomo" porque no es el caso. Se integrará con cinco comisionados elegidos por el presidente de la República, a quien, como se estila, deberán lealtad a partir de que le deben el cargo.
Lo notable del caso es la desfachatez con que se anuncia un esfuerzo que, incluidos sus propios promoventes, todos saben condenado al fracaso, porque, si acaso, la corrupción que se combatirá será la de ventanilla, pero quedará intocada aquella que se practica mediante el tráfico de influencias que tiene lugar en las altas. Allí donde las relaciones políticas y la influencia de los poderes fácticos se traducen en jugosas concesiones o negocios, pues como reconoció hace unos días Ricardo Salinas Pliego, de TV Azteca: las grandes empresas "como la mía podemos contratar muchos abogados, contadores y muchos cabilderos" para sobrevivir...".
Esos cabilderos y el derecho de picaporte que ejercen los grandes capitanes de empresa en los despachos gubernamentales clave, son la llave maestra que permite destrabar a discresión asuntos de interés económico que no siempre coinciden con los de la patria y sobre los que la nueva Comisión no tendrá ojos, como no los tuvieron antes la Contraloría General de la Federación, de Miguel de la Madrid, ni la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) de Ernesto Zedillo, ni la Secretaría de la Función Pública, encargada de disimular las corruptelas del panismo.
En ese contexto, las señales de simulación con que inicia un gobierno emanado de un proceso electoral manchado por las evidencias de corrupción, no pueden sino considerarse ominosas.
lunes, 5 de noviembre de 2012
URGENTE UN PROGRAMA SOCIAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN MEXICO
Ciudadanos de La Montaña de Guerrero toman las armas para defenderse
Los alzamientos ciudadanos en contra del crimen organizado en La Montaña de Guerrero crecen, los habitantes de Cualac manifestaron su respaldo a los vecinos de Olinalá, mientras que en la comunidad nahua de Temalacatzingo, municipio de Olinalá, tres hombres y una mujer fueron detenidos por desplazarse en un vehículo robado.
La tarde del miércoles, un grupo de habitantes de Cualac intentó linchar a un violador en la plaza central, pero la intervención de la policía estatal evitó que se consumara el hecho.
El presunto violador se llama Oliver Ventura Martínez y la agraviada es una menor de 12 años, fue detenido tras un señalamiento directo y por eso los habitantes decidieron llevarlo al zócalo, en donde ya tenían lista la soga para colgarlo.
El sindico Alberto Ventura Bello intervino junto con un grupo de la Policía del Estado, tras varias horas de diálogo convencieron a los vecinos de que les permitieran canalizar al detenido a la Agencia del Ministerio Público de Tlapa.
Tras aceptar, los habitantes de Cualac advirtieron que asumirán una postura severa en contra de los delincuentes que sean sorprendidos en la cabecera municipal y sus comunidades, estén solos o actúen en grupos.
Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña (CDM) manifestó que en la zona de La Cañada se registra un proceso de insurrección civil contra la delincuencia, tanto la común como organizada.
Esto se debe, de acuerdo al antropólogo, a la actitud de las autoridades locales que tiende a claudicar a la responsabilidad de garantizar la integridad de la población.
En este proceso ya están inmersos municipios como Huamuxtitlán, Xochihuehuetlán, Cualac y recientemente Olinalá.
Mientras tanto, el director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, dijo el miércoles que esto que está ocurriendo en toda La Cañada, que incluye los municipios de Huamuxtitlán, Xochihuehuetlán, Olinalá y Cualac, es una situación grave porque el pueblo ha rebasado a la autoridad municipal, estatal y federal por su incapacidad para garantizar la seguridad que ha venido reclamando la ciudadanía.
Recordó que desde hace tiempo el crimen organizado merodea en las rutas de Tlapa a Huamuxtitlán y Xochihuehuetlán, así como en aquellas que conducen a Huamuxtitlán, Cualac, Olinalá, Papalutla y Huitzuco “pero las autoridades no atendieron los reclamos de seguridad”.
La tarde del miércoles, habitantes de Temalacatzingo, comunidad perteneciente a Olinalá detuvieron a tres hombres y una mujer que se desplazaban en un vehículo color blanco con placas YHG-66-54 del Estado de Veracruz.
Las edades de los detenidos oscilan entre los 35 y 40 años, fueron señalados de amenazar a un taxista y este dio la voz de alerta a los representantes de Temalacatzingo, que al momento del reporte estaban en asamblea y se movilizaron de inmediato.
Al ser interceptados dijeron que iban a buscar un familiar, luego que eran trabajadores de Telcel y después se asumieron como habitantes de la comunidad de Ixcamilpa.
Los lugareños se percataron de que habían roto la maya que resguarda una antena de Telcel y las chamas de las puertas, dentro del vehículo encontraron varios tipos de llaves y varias baterías de coche.
Existe la sospecha de que se trate de las personas involucradas en los hechos del sábado 27 de octubre, por eso los habitantes de Temalacatzingo señalaron que esperarán la presencia de funcionarios de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), para que los declaren e inicien el procedimiento legal correspondiente.
Declaran toque de queda en Olinalá.
No dejarán las armas, aseguran pobladores.
Los hechos acontecieron luego de que el viernes anterior fue encontrado muerto un taxista que había sido secuestrado; mientras que el sábado, durante el sepelio, los pobladores se enteraron de que un grupo armado había levantado a un comerciante, lo que provocó la molestia generalizada.
Los ciudadanos desconfían de todos los visitantes, revisan los vehículos y solicitan identificaciones para autorizar la entrada, pero a pesar de la desconfianza se antepuso la necesidad de ser escuchados, con la esperanza de que después de cinco días de haber tomado las armas las autoridades estatales acudan al lugar.
Los pobladores dijeron que están hartos de la inseguridad, y adelantaron que permanecerán con el control de la seguridad en el municipio, hasta que se constituya una Policía Ciudadana, integrada por hombres de los ocho barrios de la cabecera municipal y de las 65 comunidades de Olinalá
Advirtieron que no caerán en simulaciones del gobierno estatal y dejarán las armas hasta que la policía ciudadana tenga figura jurídica y pueda actuar sin ningún temor legal.
“Olinalá está bajo control de los ciudadanos”, afirma Aguirre tras haber negado insurreción civil contra la delincuencia.
El gobernador Ángel Aguirre Rivero señaló que el municipio de Olinalá se encuentra bajo control de los ciudadanos.
En conferencia de prensa en las oficinas de Promotora Turística, el mandatario estatal informó que se entablarán mesas de trabajo con las personas involucradas en los hechos.
Aguirre Rivero señaló que “por la mañana hablé con el alcalde de Olinalá, Eusebio González Rodríguez, la información que proporcionó es que la situación en estos momentos está bajo control de los ciudadanos”.
Confirmó que los hechos que provocaron malestar entre la población ocurrieron durante el sepelio, el sábado, ante la posibilidad de que un grupo de la delincuencia organizada regresara al municipio, por lo que habitantes del lugar, enardecidos, “y después de tomar algunas copas”, decidieron colocar algunos retenes.
El gobernador expresó que “el alcalde me ha manifestado que está en contacto con estos ciudadanos, tratándolos de persuadir de que no es el camino el que ellos se hagan justicia por sí mismos”.
Indicó que el secretario general de gobierno, Humberto Salgado Gómez, encabezará el acercamiento con los inconformes, para que “a través del diálogo podamos escuchar sus planteamientos”.
Añadió que personal del Ejército Mexicano adscrito a la 35 zona militar, con sede en Tlapa, ha extendido su presencia en la zona del conflicto para mantener una estrecha coordinación con el presidente municipal y dialogar con los ciudadanos.
Las declaraciones de Aguirre se dan a poco de que negara que la población en Olinalá se habían armado para expulsar a los delincuentes, alegando que las versiones sobre el caso no correspondían exactamente a la verdad.
Apoya comandante de la IX región militar que se armen en Olinalá para reforzar seguridad.
Entrevistado en Acapulco el general de división analizo que si la población se organiza ayudaría a las fuerzas de seguridad pública para lograr la tranquilidad de la zona.
“Quisiera que fuéramos muy puntuales en eso e investigar bien si se están armando, la información que tenemos es de que ya se reunieron ya se organizaron y quieren llevar a cabo este tipo de organizaciones tipo policía comunitaria, quieren llevar a cabo acciones que les den seguridad.
“Todo proceso, como la Policía Comunitaria que ellos pretenden, si se lleva acabo con apego a la ley y procedimientos creo que es una acción muy loable, mucho muy correcta que la sociedad se esté involucrando en todas las formas todos los aspectos para ayudarnos a todas instituciones responsables de seguridad “, manifestó el alto mando militar.
Asimismo, señaló que la Operación “Guerrero Seguro”, funciona pese a los diferentes hechos de inseguridad y violencia que se han presentado en la entidad.
El general de división, Moreno Serrano, negó que dejaran en manos de la ciudadanía la seguridad pero, considero que sí deben colaborar.
“No es que se lo dejemos a ellos pero sí es muy importante que procesos de información de estos grupos Nos informen”, sostuvo.
domingo, 4 de noviembre de 2012
EXTORSIÓN LA MODA DEL CRIMEN ORGANIZADO EN MEXICO
Morelos, DF y QR, a la cabeza en extorsiones
IGNACIO ALZAGA
Entre enero y agosto las procuradurías locales han recibido 3 mil 962 denuncias por ese delito.
Foto: Especial
CAE BANDA EN CHIHUAHUA: SEIS SUJETOS (CUATRO DE ELLOS EN LA FOTO EMBOZADOS Y CON UNIFORME) DE UNA BANDA LIGADA A LA EXTORSIÓN CONTRA ALCALDES DE DURANGO Y EMPRESARIOS FUERON DETENIDOS POR AGENTES DE LA UNIDAD ANTISECUESTROS DE LA FISCALÍA ESTATAL DE CHIHUAHUA. CARLOS GONZÁLEZ, VOCERO DE LA DEPENDENCIA, PRECISÓ QUE LA CAPTURA OCURRIÓ EN PARRAL, DONDE A LOS PRESUNTOS DELINCUENTES SE LES VINCULA CON OCHO SECUESTROS. RESALTÓ QUE, DE ACUERDO CON LAS PRIMERAS INVESTIGACIONES, LA BANDA TAMBIÉN EXTORSIONÓ A COMERCIANTES DEL ESTADO, ASÍ COMO A VARIOS ALCALDES DE DURANGO. ENTRE LOS DETENIDOS SE ENCUENTRA JOSÉ DOMINGO SALAZAR, "EL MINGO", PRESUNTO LÍDER DEL GRUPO DELICTIVO.
México • Morelos, Distrito Federal y Quintana Roo encabezan la lista de entidades con mayor número de denuncias interpuestas por el delito de extorsión en 2012, según un informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
Las autoridades han detectado que los grupos criminales que realizan este delito de alto impacto se hacen pasar por cárteles de la droga, y hay casos documentados en los que enviaron a sus víctimas una cabeza de cerdo y un mensaje para exigir el pago.
Un diagnóstico de la Secretaría de Seguridad de Pública federal establece, por su parte, que a partir de 2007 se detectó en México “una evolución de los grupos criminales dedicados a la extorsión”.
Señala que estos delincuentes dicen pertenecer principalmente a las organizaciones delictivas denominadas Los Pelones, La Familia Michoacana o Los Zetas.
“Estos grupos también incursionan en los delitos de robo de autos, tráfico de drogas, armas y secuestro. En algunas ciudades controlan la venta pirata de discos compactos y DVD, además de la actividades de bares y centros nocturnos”, indica la SSP.
Funcionarios federales consultados por MILENIO admiten que hay una cifra negra en el delito de extorsión; sin embargo, con base en las denuncias interpuestas ante el Ministerio Público y dadas a conocer por las procuradurías locales, Morelos, el DF y Quintana Roo encabezan la lista de querellas por cada 100 mil habitantes.
Según el Secretariado Ejecutivo del SNSP entre enero y agosto de 2012 se presentaron 3 mil 962 denuncias por extorsiones en diversas modalidades.
La cifra corresponde a información proporcionada por las procuradurías estatales y con base en un cálculo por densidad de población.
De esta forma, Morelos lleva en 2012 188 denuncias, mientras el DF mil 574, aunque en este caso representa 39.7 por ciento del total de denuncias en el país; Quintana Roo ha presentado únicamente 129.
Los datos señalan que a nivel nacional en enero hubo 413 quejas formales, en febrero 453, en marzo 475, en abril 474, en mayo 526, en junio 554, en julio 502 y en agosto 565.
Morelos tiene una tasa de 10.58 extorsiones por cada 100 mil habitantes, la Ciudad de México de 10.06 y Quintana Roo de 8.95; le siguen Baja California Sur, Baja California, Chihuahua, Michoacán, Guanajuato, Aguascalientes, Tabasco, Jalisco, San Luis Potosí y Puebla.
En la lista de las principales entidades con mayor número de denuncias por este delito no aparecen otros estados con gran presencia del crimen organizado.
La SSP indica que tiene documentados casos como el de una víctima que recibió en su domicilio un supuesto regalo sin remitente. Al abrir la caja encontró la cabeza de un cerdo y un mensaje. Le exigían 100 mil pesos a cambio de no enviarle de la misma manera la cabeza de uno de sus familiares.
En un informe reciente sobre el tema asegura que las amenazas también llegan en ramos de flores, en canastas de fruta y en hojas que pegan en las puertas.
La dependencia federal ha atendido durante la presente administración 254 mil denuncias, 12 mil de las cuales fueron reportadas posteriores al pago.
sábado, 3 de noviembre de 2012
ACUERDOS JURÍDICOS ANTI-SECUESTRO
Procuradurías pactan contra el secuestro
La titular de la PGR, Marisela Morales, indicó que uno de los principales objetivos es el protocolo para combatir plagios; también acordaron incrementar seguridad en frontera sur del país
Foto: Notimex/Archivo
La Procuraduría General de la República (PGR) y las 32 procuradurías estatales acordaron protocolos para el combate al secuestro, la trata de blancas, así como el narcomenudeo, con el objetivo de incrementar las medidas de seguridad en la frontera sur del país.
La titular de la PGR, Marisela Morales, aseguró que uno de los principales acuerdos que realizaron las dependencias, es el protocolo para combatir el secuestro, en el marco de la XXVIII Asamblea Plenaria de la Conferencia nacional de Procuradores de Justicia. Celebrado en el estado de Puebla.
Marisela Morales indicó “aprobamos el contenido de los protocolos operativos bajo los cuales guiarán su actuar en materia de actuación en secuestro, vigilancia no intrusiva, atención a las víctimas y búsqueda de indicio”.
Asimismo, firmaron un convenio de colaboración para fortalecer la información pericial para ingresar datos al Sistema Integrado de Información Balística (IBIS, por sus siglas en inglés) para el desarrollo del programa denominado Huella Balística y Rastreo Computarizado de Armamento.
También acordaron una propuesta de reforma a la Ley Federal de Armas de fuego y Explosivos, con la finalidad de fortalecer la integración de la IBIS, con la información de la huella balística tanto de armas de las empresas de seguridad privada como de los particulares con licencia, para contar con un mayor registro.
En el caso de la frontera sur, fortalecerán las medidas de seguridad por la delincuencia y el flujo migratorio en la zona, situación por la que convocarán a las secretarías de Gobernación, Hacienda y Crédito Público, y Relaciones Exteriores, para mejorar las medidas de control sobre el ingreso y la salida de extranjeros de territorio nacional.
lunes, 15 de octubre de 2012
FOX vs. CALDERON, EN LA SEGURIDAD NACIONAL
Fustiga Fox actuación del gobierno en caso ‘Lazca’
El ex presidente Vicente Fox criticó la estrategia de seguridad del gobierno federal con que "sólo busca presumir" sin dar resultados, así como el mal manejo que dio a la información sobre la muerte y desaparición del cuerpo de Heriberto Lazcano Lazcano, alias "El Lazca", líder abatido de "Los Zetas".
MÉXICO, DF(SUN)El ex presidente Vicente Fox criticó la estrategia de seguridad del gobierno federal con que "sólo busca presumir" sin dar resultados, así como el mal manejo que dio a la información sobre la muerte y desaparición del cuerpo de Heriberto Lazcano Lazcano, alias "El Lazca", líder abatido de "Los Zetas".
"Yo no sé cómo pretenden que nos traguemos una rueda de molino con este asunto de "El Lazca", tan mal manejado que realmente deja en evidencia que lo único que se busca es presumir ante la opinión pública cosas a la carrera, sin el debido sustento", acotó Fox este domingo.
En esta comunidad desaprobó la guerra contra la delincuencia en materia de derechos humanos.
Destacó que en México se debe acatar el debido proceso legal a toda persona, pero "hace rato que no hay presencia de un Ministerio Público o de un juez, en todo el camino de esta guerra, y eso no puede ser, no podemos abolir la justicia en México, no podemos cerrar los ojos a los derechos humanos".
En el restaurante de la Ex hacienda San Cristóbal, el guanajuatense enfatizó su respaldo al presidente electo Enrique Peña Nieto en espera de que al llegar a la Presidencia de la República cambiará la estrategia de seguridad.
"Yo espero que el Presidente Enrique Peña venga con nuevas estrategias, con nuevos caminos, porque si seguimos haciendo sólo lo mismo vamos a tener el mismo resultado", acotó.
Fox reiteró su postura a favor de la legalización de las drogas en el país y para que el regrese a sus cuarteles. "Es indiscutible que es parte del problema la presencia del Ejército en las calles, es parte del problema", subrayó.
El ex mandatario federal consideró que México debe avanzar en el proceso para que las drogas se legalicen, porque con la idea de esperar a que Estados Unidos y su ciudadanía avancen a una legalización es estar perdiendo un tiempo muy valioso.
"Seguir con esta estrategia (de seguridad) lo único que estamos haciendo es engordando el caldo al mandato de los Estados Unidos, en realidad nos tienen trabajando para ellos este tema, en México no se produce droga, no se consume droga en cantidades mayores y por tanto el trabajo y la tarea sólo la estamos haciendo para los Estados Unidos", aseveró.
El ex jefe del ejecutivo federal dijo que "algún día llegará que un presidente de México, -que diga- jóvenes se acabó, es su tarea, ustedes detengan la droga, allá en la frontera".
Vicente Fox resaltó que México "no tiene que estar pagando este precio brutal de "80 mil muertos en cinco años"
miércoles, 10 de octubre de 2012
El secuestro en México, SEGUNDA PARTE
El secuestro en México - Primera parte
lunes, 8 de octubre de 2012
CORRUPCIÓN O COMPLICIDAD
Los ex funcionarios más buscados provienen, en su mayoría, de las fuerzas de seguridad , aunque los hay emanados de la burocracia..
Ex funcionarios buscados por la PGR.
Provienen, en su mayoría, de las fuerzas de seguridad del país, aunque los hay emanados de la burocracia, los juzgados, las legislaturas e, incluso, las aulas de primaria.
No es el servicio público, sin embargo, lo que los caracteriza, sino, en todo caso, su exacerbada ausencia de éste, misma que los ha convertido, durante los últimos tres años, en los ex funcionarios más buscados de México.
El ladrón
Desde hace tres meses, el hombre más buscado de Nuevo León no es un secuestrador ni un homicida, sino quien fuera hasta mediados de año el segundo al mando del Instituto de Control Vehicular del estado, Santiago Adrián González López, por quien la procuraduría local ofrece una recompensa de 248 mil 337 pesos.
Santiago Adrián González López.
A este funcionario de la administración neoleonesa, encabezada por el priista Rodrigo Medina, se le acusa por el robo de 175 mil juegos de placas vehiculares, con un peso aproximado de 40 toneladas. Un mes antes de que las autoridades estatales emitieran su ficha de búsqueda, González López desapareció y, desde la clandestinidad, ha exigido que se investigue también a sus superiores.
Se estima que el daño al erario de Nuevo León por este hurto asciende a 30 millones de pesos y la versión oficial establece que las placas nunca podrán ser recuperadas, ya que fueron vendidas como chatarra por el funcionario prófugo, por lo cual obtuvo una ganancia de 900 mil pesos.
El psicópata
En septiembre de 2011, la muerte de un bebé de un año y 11 meses conmocionó a Nuevo León. Al hospital llegó en brazos de su madre, quien afirmó que el menor había rodado de la mesa y se había golpeado en distintas partes del cuerpo; los médicos, sin embargo, pudieron constatar que las lesiones en el tórax y el cráneo del niño, quien murió al recibir atención hospitalaria, no eran accidentales, por lo que se pidió ayuda de la policía y la mamá fue capturada. El padre del menor, sin embargo, huyó. Se trata de Óscar Luis Rodríguez Olivares.
Óscar Luis Rodríguez Olivares
Este sujeto había llegado a Nuevo León, junto con su esposa e hijo, en marzo de 2011 y no fue sino con la muerte del menor, ocurrido seis meses después, que las autoridades lo identificaron como el mismo Óscar Rodríguez que, en mayo de 2010, y siendo jefe de escoltas de la presidencia municipal de Cárdenas, Tabasco, participó en el secuestro, tortura, violación y asesinato de tres mujeres adolescentes, abordadas en una feria popular y conducidas con engaños a un paraje desolado, donde fueron atacadas.
Por este ex agente municipal tabasqueño, la Procuraduría General de la República ofrece una recompensa de medio millón de pesos.
Los togados
Hasta mayo de 2011, Nehemías Cruz Hernández fungía como secretario de juzgado en materia administrativa y, según investigaciones de la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada, durante los ocho años previos que ocupó el cargo este funcionario judicial lavó un total de 950 millones de pesos, provenientes de la célula de Los Zetas que operaba en la ciudad de Monterrey.
Nehemías Cruz.
José Daniel Martínez.
En complicidad con su medio hermano Esiquio Martínez (secretario de acuerdos del juzgado séptimo administrativo) y con el hijo de éste, José Daniel Martínez, Nehemías operaba 13 cuentas bancarias con las que triangulaba depósitos de hasta 14 millones de pesos.
De esta terna familiar, sólo ha sido capturado Esiquio, y siguen prófugos Nehemías y su sobrino José Daniel, y por información que lleve a la captura de cada uno, la PGR ofrece una recompensa de dos millones de pesos.
El ambicioso
En el pasado proceso electoral, Manuel Alberto Fernández Félix, un joven de 25 años, acompañó al empresario Eduardo Castro Luque en su campaña por una diputación local en Sonora, y junto con él celebró el triunfo.
Manuel Alberto Fernández Félix.
Sin embargo, al joven político la suplencia le quedaba chica, así que contrató a un sicario que, el pasado 14 de septiembre, asesinó a Castro Luque. En los días posteriores al crimen, la captura del ejecutor y tres cómplices puso en evidencia la intención de Manuel Alberto de quedarse con el cargo legislativo, algo que, según los detenidos, se fraguó tan pronto concluyó el proceso electoral.
Desde el 24 de septiembre, este joven homicida es el delincuente más reclamado por las autoridades de Sonora.
Los verdugos
Doce horas de revuelta callejera, cuatro patrullas volcadas, un auto incendiado, diversos policías lesionados y daños en las oficinas de la Subprocuraduría General de Justicia de Campeche fue el saldo que, en febrero de 2010, dejó la indignación popular levantada por el asesinato del taxista José Luis Flores Rosado, de 33 años, a manos de cuatro policías estatales que lo interrogaban en dichas instalaciones, por su supuesta participación en un robo.
Ángel Altamirano.
Jovany Alejo.
Para calmar la situación, la procuraduría estatal, encabezada por Renato Sales Heredia, aseguró que el taxista había muerto por paro cardiaco, pero una necropsia posterior probó que Flores Rosado falleció a causa de la tortura.
El tiempo en que fue practicada este segundo análisis forense fue suficiente para que los cuatro policías responsables se dieran a la fuga y, dos años y ocho meses después, su paradero aún se desconoce.
Ellos son Ángel Roberto Altamirano Aguilar, Jovany Andrés Alejo, Jesús Ortíz Tun y Francisco Javier Vallejos Tun.
Los halcone
Hasta marzo de 2003, Humberto Torres Charles fue agente de la Fiscalía General de Coahuila, institución que fue dirigida por su hermano Jesús, durante la gubernatura del priista Humberto Moreira.
Humberto Torres Charles.
La PGR asegura que Humberto recibía 300 mil pesos mensuales por informar a Los Zetas sobre las acciones en su contra, misión que compartía con Enrique González Nava, jefe regional de la entonces Agencia Federal de Investigaciones.
Enrique González Nava.
También fue parte de esta red de corrupción Jorge Luis Valbuena Flores, elemento de la Policía Federal que tenía como misión dar aviso de los operativos carreteros de las fuerzas federales apostadas en Coahuila, y limpiarles los caminos al paso de cargamentos. Por cada uno de estos ex agentes, se ofrece una recompensa de tres millones de pesos.
Jorge Luis Valbuena Flores.
El profesor…
Mención especial merece Servando Gómez Martínez, La Tuta, a quien le tomó toda la primer década del siglo XXI encumbrarse como líder de los Caballeros Templarios (el cartel que antes era conocido como La Familia Michoacana), tiempo durante el cual, además, no dejó de cobrar el sueldo que como maestro de primaria le asignaba la Secretaría de Educación Pública.
Servando Gómez.
A pesar de que en 2009 Servando Gómez fue incluido en la lista de los más buscados por la PGR (que ofrece una recompensa de 30 millones de pesos a quien dé informes que lleven a su captura), la SEP siguió pagando puntualmente a La Tuta, también conocido como El Profe, quien devengó su último salario como maestro de la primaria Melchor Ocampo, del municipio de Arteaga, apenas en marzo de 2011.
martes, 25 de septiembre de 2012
AUTO-GOBIERNO EN PENALES DE MÉXICO, CNDH
En 6 de cada 10 prisiones, los reos mandan: CNDH
Foto: Especial.
El diagnóstico de las prisiones en México que realizó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reveló que en el 60% de 100 centros penitenciarios visitados por la institución son los reos quienes tienen el control de la seguridad.
En conferencia de prensa para dar a conocer los resultados del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2011, el titular de la CNDH, Raúl Plascencia, confirmó que las cárceles mexicanas “pasan por una grave crisis”. Un ejemplo de ello es que 53 prisiones están reprobadas porque en ellas los reclusos tienen llaves de seguridad.
El caso más reciente es la fuga de 131 reos del Cereso de Piedras Negras, en Coahuila, en donde, por cierto, los visitadores de la CNDH no pudieron entrar “por ingobernabilidad”.
Una de las recomendaciones de la CNDH es que se destine un custodio por cada 10 internos.
Sin embargo, la situación en Piedras Negras es muy distinta: hay un custodio por cada 70 prisioneros.
Los penales mexicanos, señala el organismo, no están cumpliendo con su función y en ellos hay una “crisis delicada”.
El mando de los criminales al interior de los centros, llamado por la CNDH, “autogobierno”, permite la repetición de problemas como la aplicación de sanciones disciplinarias que violan los derechos de los internos, tales como la suspensión de la visita familiar, íntima y del defensor.
El mando de los criminales al interior de los centros, llamado por la CNDH, “autogobierno”, permite la repetición de problemas como la aplicación de sanciones disciplinarias que violan los derechos de los internos, tales como la suspensión de la visita familiar, íntima y del defensor.
Otra situación que se agrava con el “autogobierno” es la proliferación de objetos y sustancias prohibidas, la prostitución, cobros para la protección personal, la asignación de “plancha” para dormir, o la violación derechos elementales como el acceso a alimentos o a servicios médicos.
Las autoridades, incapaces de garantizar la integridad de los internos
De 2010 a la fecha, la CNDH ha detectado la muerte de 352 reos en 75 riñas y el fallecimiento de otros dos en igual número de motines. Además, se han fugado 521 internos en 14 hechos.
Para prevenir y atender estas situaciones, la mayoría de los penales, según el Presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, las autoridades carecen de procedimientos. Tampoco cuentan con un registro de las supervisiones hechas para verificar el funcionamiento de los centros.
Si bien existen manuales para tratar procesos de ingreso o traslado de internos, enfrentar casos de motines y otras medidas para salvaguardar la disciplina en el penal, el diagnóstico revela que las autoridades son omisas en su implementación.
“El estado eroga enormes recursos para el combate a la delincuencia y la detención de criminales, pero prácticamente abandona al interno una vez que se encuentra en prisión”, afirmó Plascencia Villanueva en la presentación del diagnóstico.
De la ‘tiendita’ al ‘autogobierno’
En la toma de control de los penales por los internos influye, entre otros factores, la sobrepoblación. Los centros trabajan al 125% de su capacidad según el diagnóstico, pues de 189 mil 397 espacios en los centros, la población carcelaria es de 238 mil 269 reos.
La sobrepoblación y el hacinamiento dan lugar también a la falta de separación entre hombres y mujeres en los centros mixtos, a la deficiencia en el acceso a servicios de salud y a la tortura y maltrato.
El creciente número de internos hizo también crecer las necesidades, mismas que las autoridades fueron incapaces de solventar.
“Se fueron generando situaciones que comenzaron con la tiendita donde se ofrecían productos de consumo personal y que hoy encontramos, venden alcohol. Igualmente logramos detectar el olor a mariguana”, añadió el Presidente de la Comisión.
Respecto de diagnósticos hechos en años anteriores, Plascencia Villanueva asegura que las condiciones que enfrentan los internos se han deteriorado. Las fugas, los motines y otros actos que dejan muertos y lesionados son muestra de lo que ocurre dentro de los penales.
El autogobierno, afirmó el Presidente de la Comisión, nace mediante las amenazas de los custodios, pero también mediante la corrupción en la que participan los responsables de vigilar los centros.
“Cuando uno logra encontrar que hay bebidas, armas, drogas, es evidente que esto se introduce por la corrupción del personal de custodia”.
Faltan custodios y mejorar infraestructura
En Piedras Negras, Coahuila, donde hace una semana se fugaron 133 reos, había 15 custodios para una población de 737 internos, cuando las normas de seguridad recomiendan un custodio por cada 10.
El diagnóstico ha permitido a la CNDH observar otros estados donde hay preocupación porque se generen incidentes violentos o hechos similares a los que provocaron la fuga en Piedras Negras. Esas entidades son Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, el Distrito Federal, Durango, Guerrero y Jalisco. Asimismo, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas son focos potenciales de violencia.
La necesidad de que los penales se modernicen en infraestructura y de que tengan personal de custodia suficiente en número y en capacidades es imperativa para mejorar los centros de reinserción social.
“Recuperar la seguridad pública requiere, entre otras cosas, de un sistema penitenciario articulado y funcional”, puntualizó Plascencia Villanueva.
La lista negra
Con una calificación que va del 0 al 10, los estados cuyos penales resultaron peor evaluados fueron los siguientes.
Nayarit 4.57
Tabasco 4.86
Guerrero 5.13
Oaxaca 5.15
Coahuila 5.21
Quintana Roo 5.44
Nuevo León 5.77
Tamaulipas 5.88
Estado de México 5.89
Distrito Federal 5.99
Tabasco 4.86
Guerrero 5.13
Oaxaca 5.15
Coahuila 5.21
Quintana Roo 5.44
Nuevo León 5.77
Tamaulipas 5.88
Estado de México 5.89
Distrito Federal 5.99
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