Secuestro en México

En los últimos meses el Gobierno federal, a través de Alejandro Poiré, vocero de seguridad nacional, ha venido argumentando posiciones que van dirigidas a defender y en cierta forma justificar las acciones que el Estado adopta contra la delincuencia organizada.

Muchas de estas posturas que tienen que ver con los denominados “10 mitos de la lucha por la seguridad”, que el Gobierno federal ha venido promoviendo, pues persiguen el desestimar aquellas posturas que señalan que las medidas adoptadas por parte de las fuerzas federales, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad, ha estimulado el crecimiento de la violencia en el país en lugar de que esta disminuya o se contraiga.
Poiré asegura que el argumento anterior resulta inconsistente ya que la evidencia (los resultados en cuanto a detenciones, incautación de enervantes y el rescate de víctimas de la delincuencia) da cuenta de que “son más las acciones en que la violencia (léase delincuencia) se frena o no tiene cambio que aquellas en las que la violencia aumenta”; argumento poco consistente ya que las cifras dadas a conocer por algunas ONGS dan fe de que en el caso del secuestro los índices han aumentado de manera alarmante, al grado que el mismo Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), ha dicho que el problema del secuestro lejos de disminuir, haya aumentado.

Lo cual contradice los argumentos esgrimidos por el vocero de seguridad, Alejandro Poiré Romero.
Es importante que antes de hacer tales aseveraciones el Gobierno federal entienda que el crimen en general y el secuestro en lo particular es y debe ser considerado como uno de los delitos más complejos y elaborados que requiere de una mayor paciencia para su combate.
En los últimos años, la privación de la libertad, no sólo involucra al familiar o a personajes de la vida política; sino que ahora involucra también a familias de clase medio o incluso media baja o baja, es decir, que es un delito que no discrimina ni clase o posición social buscando hacerse de recursos económicos de manera ilícita a través del dolor, del trauma psicológico que genera tanto en la víctima como en su familiares y amigos, sin importar la cantidad que se pueda obtener por los plagios.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México, ha señalado que el delito del secuestro es una práctica criminal vinculada con la trata de blancas o trata de personas y que se ubica como el tercero después del narcotráfico y del tráfico de armas. Las bandas de secuestradores tienen como principales víctimas a niños y jovencitas de cualquier clase social.
Los plagiarios siempre se han valido de formas diversas para la operación de un secuestro, sin embargo, en los últimos años las llamadas redes sociales en Internet o el Internet en general se han convertido en mecanismo funcional para cometer secuestros.

Ejemplos claros de redes sociales en Internet que hacen más fácil el rapto es Hi5 y Facebook; de uso común entre los cibernautas quienes publican de manera continua información básica y fotografías en las que se hace referencia a sus familiares, amigos y vida cotidiana.
Estos datos que proporcionan los usuarios de estas redes sociales los hace buenos prospectos o candidatos ser secuestrados.
Una revisión aleatoria de páginas en Hi5, por ejemplo, permite a cualquier persona descubrir a decenas de jóvenes mexicanos con fotografías de sus viajes, propiedades o nombres de sus padres, en algunos casos con datos tan concretos como escuela, gimnasio y hasta dirección particular, lo cual resulta bastante temerario, ya que los secuestradores que se dedican a monitorear este tipo de páginas electrónicas, se hacen de información fundamental para conocer a su posible víctima y poder identificarla y ubicarla de manera tan fácil.
Por ello es importante no publicar en las redes sociales datos que despierten el interés de los delincuentes y que hagan de la persona un posible candidato a secuestrar.
Con la nueva ley impulsada por un grupo de legisladores en el Congreso federal, que impone entre 15 y 70 años de cárcel a secuestradores y de entre dos a 10 años de prisión a aquellos que participen o colaboren en la negociación para obtener el rescate por la víctima, las autoridades buscan disminuir este flagelo que en los últimos años ha mantenido a México en la zozobra, y que gracias a esos legisladores actualmente ya es ley y se aplica.

Sobre el secuestro exprés, por ser este el tipo de delito más común que ocurre en nuestro país tiene que ver con la retención de una o más personas por un periodo de tiempo más bien corto, e incluso de horas. Transcurso en el cual los delincuentes se apoderan del dinero que la víctima tiene en sus tarjetas bancarias, que vacían y una vez hecho esto, dejan a la persona, después de haberla paseado durante horas en algún poblado alejado de la zona donde acostumbra moverse el secuestrado.
O bien suelen en los secuestros exprés también, pedir una cantidad de dinero no muy alta a los familiares del secuestrado con la característica de que se deberá pagar en horas o minutos.
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