Difusión Cencos México D.F.
Boletín de prensa
Movimientos Sociales / OSC de DH
El Estado mexicano, ahora a través de la administración de Enrique Peña Nieto está obligado a asumir la justicia para restaurar los saldos sociales y humanitarios provocados por una estrategia militarizante y punitiva de seguridad pública, lo que ha dejado decenas de miles de huérfanas y huérfanos, viudas y viudos, familias rotas para las que se debe instrumentar una política pública de reparación integral. Esta nueva administración está obligada a asumir solidariamente el dolor y responder a las demandas de derecho a la verdad, a la justicia y a las garantías de no repetición como lo necesitan y merecen más de 80 mil asesinados, más de 20 mil desaparecidos y más de 250 mil desplazados generados por la guerra desatada por Felipe Calderón desde 2006. El asumir la situación de emergencia nacional pasa en gran parte por implementar mecanismos que garanticen memoria, verdad, reparación y la justicia para la construcción de la paz.
Hemos conocido el comunicado del nuevo titular del Ejecutivo Federal que, en cumplimiento de un compromiso asumido el 28 de mayo con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y las organizaciones hermanas de derechos humanos y atención a víctimas, ha instruido a su Consejería Jurídica a desistirse de la Controversia Constitucional ante la SCJN y publicar en sus términos la Ley General de Víctimas (LGV) aprobada por el Congreso el 30 de abril y que venimos impulsando al lado de otras organizaciones desde hace varios meses. Sin embargo, para que la LGV sea una realidad, falta concretar su publicación, avanzar en las modificaciones que la perfeccionen y, sobre todo, trabajar en su instrumentación en todo el país y por todos los órdenes de gobierno.
La Ley General de Víctimas es un pequeño triunfo para todas las familias que han perdido a uno o varios familiares, ya sea por desaparición -involuntaria o forzada-, secuestro, asesinato o desplazamiento forzado; es una ley para las víctimas de violaciones a derechos humanos y las víctimas de delitos.
Sin embargo, es necesario no olvidar que hemos insistido, desde la primavera de 2011 que salimos a las calles, sobre la exigencia de que haya un cambio radical en la estrategia de seguridad nacional, que se inicie un debate nacional y regional sobre la política prohibicionista antidrogas y que se adopte un modelo de seguridad más humano y ciudadano para avanzar en la construcción de una sociedad en paz con justicia y dignidad. Sin cambio en la estrategia de seguridad habrá más víctimas y con ello, no habrá condiciones para la paz.
Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, MPJD / Organizaciones Civiles: Alianza Única del Valle A.C., Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), Asociación Mexicana pro Naciones Unidas A.C., Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, Centro de Estudios Ecuménicos A.C. (CEE), Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P., Centro Nacional de Comunicación Social A.C (CENCOS), Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero A.C., Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac), A.C., Colectivo de Organizaciones Michoacanas Pro Derechos Humanos, A.C, Comisión Mexicana de Defensa y Promocion de los Derechos Humanos. A.C, El Grito Más Fuerte, El Barzón Nacional, Iglesias por la Paz, Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, INCIDE Social, Iniciativas para el Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña A.C., Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, Movimiento Agrario Indígena Zapatista, Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, Observatorio Eclesial, Ririki Intervención Social Servicio de Asesoría para la Paz, Propuesta Civica A.C., Xalapa por la Paz / Personas: Clara Jusidman, (Presidenta de INCIDE Social A.C.); Mtro. Santiago Corcuera Cabezut (Académico y especialista en derechos humanos); Mtra. Brisa Solís, (Directora del Cencos); Miguel Álvarez, (Presidente de SERAPAZ); Sergio Aguayo (Académico y especialista en derechos humanos); Cuauhtémoc De Dienheim Barriguete, (Profesor de la UMSNH); Dr. José Arturo Yáñez Romero, (Académico de INCIDE); Dr. Sergio Ortíz, (Revista Andamios de la UACM); Enrique González Ruiz, (Coordinador del Postgrado en Derechos Humanos de la UACM); Elena Azaola (Académica de CIESAS); Elizabeth A. Bowman, (Presidenta e Investigadora de Associate Center for Global Justice); Elio Villaseñor Gómez, (Director de Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo); Javier Sicilia, Poeta; José Luis Caballero Ochoa, (Académico – Investigador de la UIA-Santa Fé); Julio Hernández Barros, (Abogado de Bufete Hernández Pliego); José Sotelo Marbán, (Asociación Mexicana pro Naciones Unidas); Jorge González de León (Poeta) Karla Ambrosio, (Integrante de Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo); Luis Ortega Morales, (SICLA, Puebla); Marcelina Bautista, (Directora de CACEH); Eliana García (Especialista); Nancy Pérez, (Directora de Sin Fronteras); Dra. Nashieli Ramírez, (Directora de Ririki Intervención Social); Patricia Martínez González; Omar Esparza Zarate (Integrante del Movimiento Agrario Indígena Zapatista); Roberto Villanueva (Integrante del MPJD); Pedro Salazar Ugarte, (Académico de UAM); Silvano Cantú, (Defensor de Derechos Humanos); Sophie Alexander, (Actriz); Uriel Vargas Guzmán, (Coordinador de El Barzón); Eduardo Vázquez (Poeta); Sara San Martín (Directora del CEE); Ricardo Guillermo Gállegos (Integrante del CEE); Rebeca Montemayor (Integrante del CEE); José Guadalupe Sánchez (Integrante del CEE); Pilar Tavera (Directora de Propuesta Civica); Delia Sánchez (Integrante de Propuesta Cívica); Gerardo Perez (Xalapa por la Paz).
Movimientos Sociales / OSC de DH
El Estado mexicano, ahora a través de la administración de Enrique Peña Nieto está obligado a asumir la justicia para restaurar los saldos sociales y humanitarios provocados por una estrategia militarizante y punitiva de seguridad pública, lo que ha dejado decenas de miles de huérfanas y huérfanos, viudas y viudos, familias rotas para las que se debe instrumentar una política pública de reparación integral. Esta nueva administración está obligada a asumir solidariamente el dolor y responder a las demandas de derecho a la verdad, a la justicia y a las garantías de no repetición como lo necesitan y merecen más de 80 mil asesinados, más de 20 mil desaparecidos y más de 250 mil desplazados generados por la guerra desatada por Felipe Calderón desde 2006. El asumir la situación de emergencia nacional pasa en gran parte por implementar mecanismos que garanticen memoria, verdad, reparación y la justicia para la construcción de la paz.
Hemos conocido el comunicado del nuevo titular del Ejecutivo Federal que, en cumplimiento de un compromiso asumido el 28 de mayo con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y las organizaciones hermanas de derechos humanos y atención a víctimas, ha instruido a su Consejería Jurídica a desistirse de la Controversia Constitucional ante la SCJN y publicar en sus términos la Ley General de Víctimas (LGV) aprobada por el Congreso el 30 de abril y que venimos impulsando al lado de otras organizaciones desde hace varios meses. Sin embargo, para que la LGV sea una realidad, falta concretar su publicación, avanzar en las modificaciones que la perfeccionen y, sobre todo, trabajar en su instrumentación en todo el país y por todos los órdenes de gobierno.
La Ley General de Víctimas es un pequeño triunfo para todas las familias que han perdido a uno o varios familiares, ya sea por desaparición -involuntaria o forzada-, secuestro, asesinato o desplazamiento forzado; es una ley para las víctimas de violaciones a derechos humanos y las víctimas de delitos.
Sin embargo, es necesario no olvidar que hemos insistido, desde la primavera de 2011 que salimos a las calles, sobre la exigencia de que haya un cambio radical en la estrategia de seguridad nacional, que se inicie un debate nacional y regional sobre la política prohibicionista antidrogas y que se adopte un modelo de seguridad más humano y ciudadano para avanzar en la construcción de una sociedad en paz con justicia y dignidad. Sin cambio en la estrategia de seguridad habrá más víctimas y con ello, no habrá condiciones para la paz.
Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, MPJD / Organizaciones Civiles: Alianza Única del Valle A.C., Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), Asociación Mexicana pro Naciones Unidas A.C., Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, Centro de Estudios Ecuménicos A.C. (CEE), Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P., Centro Nacional de Comunicación Social A.C (CENCOS), Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero A.C., Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac), A.C., Colectivo de Organizaciones Michoacanas Pro Derechos Humanos, A.C, Comisión Mexicana de Defensa y Promocion de los Derechos Humanos. A.C, El Grito Más Fuerte, El Barzón Nacional, Iglesias por la Paz, Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, INCIDE Social, Iniciativas para el Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña A.C., Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, Movimiento Agrario Indígena Zapatista, Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, Observatorio Eclesial, Ririki Intervención Social Servicio de Asesoría para la Paz, Propuesta Civica A.C., Xalapa por la Paz / Personas: Clara Jusidman, (Presidenta de INCIDE Social A.C.); Mtro. Santiago Corcuera Cabezut (Académico y especialista en derechos humanos); Mtra. Brisa Solís, (Directora del Cencos); Miguel Álvarez, (Presidente de SERAPAZ); Sergio Aguayo (Académico y especialista en derechos humanos); Cuauhtémoc De Dienheim Barriguete, (Profesor de la UMSNH); Dr. José Arturo Yáñez Romero, (Académico de INCIDE); Dr. Sergio Ortíz, (Revista Andamios de la UACM); Enrique González Ruiz, (Coordinador del Postgrado en Derechos Humanos de la UACM); Elena Azaola (Académica de CIESAS); Elizabeth A. Bowman, (Presidenta e Investigadora de Associate Center for Global Justice); Elio Villaseñor Gómez, (Director de Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo); Javier Sicilia, Poeta; José Luis Caballero Ochoa, (Académico – Investigador de la UIA-Santa Fé); Julio Hernández Barros, (Abogado de Bufete Hernández Pliego); José Sotelo Marbán, (Asociación Mexicana pro Naciones Unidas); Jorge González de León (Poeta) Karla Ambrosio, (Integrante de Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo); Luis Ortega Morales, (SICLA, Puebla); Marcelina Bautista, (Directora de CACEH); Eliana García (Especialista); Nancy Pérez, (Directora de Sin Fronteras); Dra. Nashieli Ramírez, (Directora de Ririki Intervención Social); Patricia Martínez González; Omar Esparza Zarate (Integrante del Movimiento Agrario Indígena Zapatista); Roberto Villanueva (Integrante del MPJD); Pedro Salazar Ugarte, (Académico de UAM); Silvano Cantú, (Defensor de Derechos Humanos); Sophie Alexander, (Actriz); Uriel Vargas Guzmán, (Coordinador de El Barzón); Eduardo Vázquez (Poeta); Sara San Martín (Directora del CEE); Ricardo Guillermo Gállegos (Integrante del CEE); Rebeca Montemayor (Integrante del CEE); José Guadalupe Sánchez (Integrante del CEE); Pilar Tavera (Directora de Propuesta Civica); Delia Sánchez (Integrante de Propuesta Cívica); Gerardo Perez (Xalapa por la Paz).
Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos
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